Una renuncia, una crisis en la 4T
Raymundo Riva Palacio
La vida política de Germán Martínez dentro del gabinete ampliado del
presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó difícil y se puso peor. Aceptó
ser director del Instituto Mexicano del Seguro Social después incluso, de que
los síntomas neoliberales en el cuerpo de la Cuarta Transformación emergieran
en la arena pública. Martínez había escuchado poco de los recortes draconianos
que se pensaban hacer tan pronto López Obrador asumiera la Presidencia, y las
recomendaciones casi instrucciones que se estaba haciendo al gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto durante la transición. Por ejemplo, que dejaran
de comprar medicinas porque iban a revisar todos los contratos. Todo el
discurso del despido masivo de funcionarios y burócratas, de recortes
presupuestales y disminución de servicios se había dado bajo el mismo discurso:
austeridad y erradicación de los abusos del pasado. Esa visión finalmente se estrelló
con la realidad con la renuncia de Martínez al frente del Seguro Social.
El cronograma del choque con la realidad se en la carta de renuncia de 11
páginas al Consejo Técnico, que integran además del director del instituto, los
titulares de las secretarías de Hacienda, Salud y Trabajo. Pero la carta no es
una simple renuncia. Es más bien una denuncia contra el secretario de Hacienda,
Carlos Urzúa y la oficial mayor de la dependencia, Raquel Buenrostro, a quienes
califica de burócratas, neoliberales y llega a sugerir también que son
“insensibles” frente a las enfermedades e, incluso, ante la muerte de
pacientes. Martínez no es un político que se quede callado, y ha hecho de la
difusión pública de su decisión, un ejercicio ético que, dentro del gabinete de
López Obrador, tres de sus secretarios de Estado y colaboradores cercanos han
sido incapaces de sostener.
Con toda certeza se puede afirmar que la indignación de Martínez es compartida
por muchos de sus compañeros en el gobierno de López Obrador, que se han topado
con los muros infranqueables de Buenrostro, quien tiene la encomienda de
utilizar machetes, tijeras y bisturí, para recortar el gasto público y poder
acomodar recursos a los programas prioritarios presidenciales.
La acusación es insólita por sus términos, que no dan margen a la
confusión. Martínez quiso evitar la personalización al mencionar que son
“algunos funcionarios” hacendarios quienes “tienen una injerencia perniciosa” en el
instituto, queriendo quitar la carga de la denuncia sobre Urzúa y enfocándola,
aunque no la menciona por nombre, en Buenrostro, pupila del secretario y a
quien colocó en la Oficialía Mayor con el diseño de controlar todas las compras
del gobierno. La centralización de las compras del gobierno federal, con el argumento
totalitario de evitar la corrupción, es lo que ha generado conflictos dentro
del gobierno, tensiones y fricciones que van desde la Oficina de la Presidencia
y la Consejería Jurídica, hasta el gabinete legal y el ampliado.
Un párrafo de su carta revela parte
del conflicto con Hacienda. Dice: “La cuarta transformación no son cambios
burocráticos, sino revolución cultural (…) Algunos funcionarios de Hacienda
intentan una remodelación cosmética del IMSS, donde (…) se pretende reformar el
Reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde la
Secretaría de Hacienda, y así anular a los Delegados que este Consejo Técnico
aprobó. Buscan nombrar, en todo el país, una suerte de ‘delegados
administrativos estatales’, fuera de este Consejo, para que ellos, en los
hechos, administren desde lo local al IMSS”.
Detrás de de ese párrafo se
encuentra uno de los conflictos más serios con Hacienda, que le provocó una
reciente fricción con el presidente que, de acuerdo con funcionarios federales,
lo maltrató y llevó a considerar su renuncia. López Obrador apoyó en ese
momento a Urzúa, quien le habìa anticipado que habría un nuevo recorte
presupuestal, que afectaría a las delegaciones. El argumento de Martínez de que
tendría un impacto directo sobre los servicios de salud y los derechohabientes,
fue ignorado. La falta de apoyo del presidente no era nueva. López Obrador quería
cancelar el Seguro Popular, y Martínez le presentó un modelo para hacer la
prestación de servicios de salud a través de él. Cuando preparaba si
presentación, sin que nadie le consultara, el presidente anunció su remplazo,
el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.
La insatisfacción de Martínez se
venía acumulando desde hace meses por las reducciones presupuestales y los ajustes
que sobre la marcha hacía Hacienda, para acomodar las prioridades de López
Obrador o deshidratar al gobierno para darle capacidad fiscal y financiera a
Pemex, a fin de que no le bajen el grado de inversión. Urzúa, que difícilmente
objeta decisiones del presidente, y Buenrostro es quien cuida las llaves del
dinero y lo distribuye a cuentagotas. La carta de renuncia refleja su derrota
completa ante Hacienda, y su indisposición a hacer las maromas que practican ex
compañeros de gabinete con menos arrestos, sabedor que era una batalla perdida.
No tardó mucho en comprobarlo. El
presidente dijo que no compartía las razones de su renuncia, y era imposible
que coincidiera. Como esboza Martínez, la política hacendaria tiene un corte
neoliberal salvaje, que tanto denuncia el presidente; es excluyente, contrario
a la narrativa oficial, y afecta más a quienes menos tienen, contrasentido del
discurso de López Obrador. La realidad alterna de la propaganda contra la
realidad terrenal, tan víctima en esta ocasión como lo fue Martínez. Esta
renuncia es de alcance mayor, porque muestra la crisis que se vive dentro del
gobierno por las irracionalidad de una política de austeridad a rajatabla,
porque socializa enfrentamientos que sólo se veían en la prensa política, y
porque desnuda las contradicciones de un régimen que se dice del cambio.
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