Día: 5 abril, 2019

Agencias

GUANAJUATO. Un grupo de hombres armados entró hasta las pistas del Aeropuerto Internacional del Bajío burlando el control de un área restringida por el Ejército Mexicano, y asaltó un camión de valores para llevarse 20 millones de pesos que serían subidos a una avioneta, la noche del miércoles.

El grupo de asaltantes utilizó una camioneta con logotipos de Aeroméxico, aparentemente falsos, para pasar hasta esa zona restringida.

Según versiones extraoficiales de personal del aeropuerto, la camioneta pasó el control del Ejército y llegó hasta el área de las pistas, donde permaneció por un buen rato sin que nadie detectara algo irregular.

Luego llegó la camioneta de valores del Servicio Panamericano, que además del dinero en efectivo contenía onzas de plata y dinero de otras denominaciones, presuntamente más de 120 millones en total.

Pero los asaltantes se enfocaron en el traslado de 20 millones de pesos que eran llevados a una de las avionetas que se encontraba en la zona, cuyas características se desconocen hasta el momento pero que supuestamente viajaría con destino a la Ciudad de México.

Al momento en que eran retirados del camión los 20 millones, los hombres salieron del vehículo encapuchados y con armas, amagaron a los custodios del camión y se llevaron el dinero, mismo que subieron a una camioneta Suburban negra

Así arrancaron, tumbaron una valla y salieron para tomar la carretera.

Posteriormente, sobre la carretera León-Lagos, los asaltantes interceptaron un automóvil Nissan –que realizaba servicio de Uber- y se lo llevaron escoltando la camioneta.

En una zona aledaña a la bodega de Aeroméxico se localizó una motocicleta con reporte de robo, aunque no se sabe si tiene relación con el asalto.

Se desplegó un operativo, aunque poco visible, con personal de corporaciones federales y estatales. No se sabe de personas detenidas.

Se conoció que, unas horas después. personal de la Policía Federal acudiría a asumir la seguridad del aeropuerto.

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO. La reforma laboral será votada el próximo jueves en la Cámara de Diputados, informó Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro.

El coordinador de Morena en San Lázaro aclaró que se llevará al pleno conforme a los tiempos establecidos con antelación y no debido a una presión por parte del gobierno de Estados Unidos.

Dijo que hoy se distribuirá el dictamen entre los miembros de la Comisión de Trabajo que preside el diputado del Partido del Trabajo (PT), Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo.

“La próxima semana se estará votando en comisiones y esperamos subirla al pleno el jueves de la semana que entra”, dijo Delgado Carrillo.

Agregó que se retomaron propuestas presentadas durante el parlamento abierto realizado entre el 26 de febrero y el 6 de marzo, además de atender los compromisos establecidos con la Organización Internacional del Trabajo (OIY), la cual se refiere a la libre sindicación.

Pero también, añadió, se da cumplimiento a las obligaciones adquiridas durante la discusión el Tratado entre México Estados Unidos Canadá (T-MEC).

Las reformas incluyen el voto libre, personal y secreto a la hora de elegir a los líderes sindicales y la votación del contrato colectivo de trabajo; se desaparecerán las temidas Juntas de Conciliación y Arbitraje para sustituirlas por Centros de Conciliación y Administración y de Registro Laboral; se modificaran los requisitos para fijar los estatutos de los sindicatos; se incluye el respeto a los derechos laborales y perspectiva de género, y se establecerán protocolos para prohibir el acoso y la violencia sexual.

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) alertó que el eventual cierre de la frontera norte del país tendría un impacto económico de mil 700 millones de dólares diarios.

Mediante un comunicado, el organismo presidido por José Manuel López Campos aseguró:

“Por un posible cierre de la frontera con la Unión Americana estaría en riesgo de interrumpirse el intercambio terrestre de productos y servicios con ese país que asciende diariamente a mil 700 millones de dólares, situación que impactaría negativamente a la economía mexicana y del vecino país”

De acuerdo con el empresario, las autoridades estadunidenses deben resolver la reubicación de personal en sus aduanas, con la finalidad de acelerar el ingreso de autotransportes de carga de México, afectado en los últimos días.

“Esperamos que el cierre de la frontera, anunciado por el presidente Donald Trump, no se lleve a cabo y sólo sea parte de su estrategia electoral, como pensamos que se trata”, afirmó.

Indicó que el autotransporte de carga es el medio más utilizado para el movimiento de mercancías bilateral, en proporción de 71.2% para las exportaciones mexicanas y 66.9% para las importaciones, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas del Transporte de Estados Unidos (BTS, por sus siglas en inglés).

De cerrarse los pasos fronterizos, puntualizó, se afectaría el flujo de mercancías y servicios, que promedia mil 700 millones de dólares a diario, de acuerdo con información de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (USCC, por sus siglas en inglés).

Por otra parte, subrayó que las autoridades de Estados Unidos deben concluir cuanto antes la reubicación de aproximadamente 750 oficiales de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), dedicados ahora a la contención del ingreso de migrantes indocumentados.

Señaló que empresas del sector terciario ubicadas en la zona norte han resultado afectadas, al permanecer varados durante horas camiones de carga en los principales puentes que conducen a las garitas de la frontera.

El presidente de la Concanaco-Servytur precisó que las principales afectaciones por la demora en el ingreso de unidades automotrices con mercancías hacia Estados Unidos se producen por la lentitud en que son revisados los despachos aduaneros por parte de las autoridades de la vecina nación.

Por otra parte, reconoció la situación en la que el actual gobierno federal recibió el sistema aduanero, con una infraestructura insuficiente que opera con discrecionalidad, en la que incluso se puede presumir la infiltración de redes delincuenciales.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El que mucho abarca, poco aprieta, reza un conocido refrán, que aplica a la gente que quiere hacer muchas cosas a la vez, figurar en todo, ser el chile de todos los moles, en un intento por controlar todo lo que está a su alrededor. A este tipo de gente se le conoce como “metiche”, “chimolera”, “sambitatera”, etcétera.

Pero en política el concepto cambia y rápidamente son ubicadas este tipo de personas, que quieren estar en todo, ser primero ellos, después ellos y al final ellos. Se caracterizan por ser ególatras, vengativos, remedos de Maquiavelo. Y la mala noticia es que casi siempre los vemos caer en los agujeros que ellos mismos construyen para los demás.

Con la pena, pero es lo que le está sucediendo a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, el “súperdelegado” del gobierno federal para programas sociales, que una vez soñó con ser el vicegobernador de Guerrero, al grado de que incluso los asuntos de seguridad quiere manejar.

Hoy por hoy, a escasos cuatro meses de que asumió el cargo como representante del gobierno lópezobradorista en Guerrero, Pablo está descanchado, sin partido y con una férrea oposición en el Congreso local, donde pensó que su solo nombramiento como delegado federal le bastaría para seguir mangoneando a los legisladores.

Todo lo contrario, la ruta legislativa que él diseñó durante los tres meses que fungió como líder de la bancada morenista, está prácticamente congelada. Algunas iniciativas que han ido fluyendo se desecharon en comisiones, con el visto bueno de los representantes de Morena.

Por ejemplo, la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, que preside el morenista Ricardo Castillo Peña, dictaminó en contra la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) para eliminar las cuotas a los estudiantes; y la iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Guerrero 158, relacionada con las becas. El dictamen fue avalado también por la diputada morenista Erika Valencia Cardona, integrante de la Comisión.

El jueves de la semana pasada la Comisión de Estudios Constitucionales presentó ante el pleno el dictamen en contra de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para reducir de 30 a 20 días el tiempo para que las comisiones dictaminen. El dictamen fue avalado en comisión por dos votos de la oposición y el de la diputada de Morena, Celeste Mora Eguiluz.

Preocupado por este asunto, Pablo Sandoval dijo el miércoles que los diputados que han votado en contra de las iniciativas son opositores a su grupo político y afines al grupo de Arturo Martínez Núñez. Eso provocó que le contestaran fuerte y sonoro, en el sentido de que saque las manos del Congreso local, donde ya no despacha, pues parece olvidarse que es el delegado del gobierno federal, donde también está descuidando mucho la parte política, ya que ha estado controlando los censos de Bienestar, y para eso tiene a sus propios servidores de la nación encuestando gente, y se ha visto a personajes de su grupo político en los municipios manejando los censos.

Incluso le dijeron que asuma su papel como delegado, pues en realidad sólo se le observa como agregado en las reuniones que preside el gobernador.

Lo cierto es que es demasiado grave lo que está haciendo Pablo Sandoval, porque está poniendo en riesgo de división al partido, que no goza de cabal salud en el estado por cierto. Y no es porque no paguen convenios de publicidad, como dijo Sergio Montes, cuando se presentó el estudio del IEPC, que revela que Morena es el que más negativos registra, sino por la forma en que tratan a la gente, no sólo en la cúpula, sino en la base social.

La gente de verdad quedó muy inconforme con la mayoría de los aspirantes de Morena a los cargos de elección popular, y el resultado fue que prefirieron votar por otros partidos, incluso por el PRI, aunque su voto para los diputados federales, senadores y el presidente de la República se mantuvo, y en algunos distritos el arrastre de AMLO también favoreció a los diputados locales.

Y es que es obvio lo que está sucediendo. Pablo perdió en Guerrero la capacidad de liderazgo, si es que alguna vez la tuvo. Y la confrontación con el gobernador comenzó desde que se le nombró en el verano pasado como propuesta para ser el delegado único del gobierno federal. Luego, a su llegada como diputado, protagonizó confrontaciones que en esa etapa sí eran viables, porque estaba actuando como parte del Poder Legislativo. Pero una vez que renunció a esa posición para ser parte del gobierno federal, Pablo vio su suerte. Lo peor es que se le ocurrió organizar la rechifla en contra del gobernador en la gira de AMLO por la región de la Montaña, y eso no se lo va a disculpar nunca el mandatario estatal, que mueve todo lo que puede para ningunear a Pablo, y de hecho ya le quitó el control del programa de Fertilizante, y pretende obligar al gobierno federal a recontratar a los casi 300 empleados del programa Prospera. Entre tanto eso sucede, se compromete a pagarles el sueldo con recursos de Salud, algo que también parece descabellado, porque si algo se ha dicho es que la SSa está en quiebra.

Pablo parece acabado. O es cuestión de tiempo para que el desgaste termine por quebrarlo. Y como bien le dijeron los diputados, “si no puede, que renuncie”.

El entuerto de Trump

Raymundo Riva Palacio

La disminución de la sonoridad de las críticas de la Casa Blanca contra México esta semana, fueron el preámbulo de que en un intercambio informal con periodistas en el Salón del Gabinete de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump sostenía una reunión de trabajo con el gabinete, anunciara que la frontera no se cerraría y que abriría un plazo de un año para que redujera significativamente el tráfico de personas y de drogas hacia Estados Unidos. El aplazamiento fue el primer resultado de una batalla política de casi tres meses y medio entre los dos países, donde superaron momentos de crisis en las negociaciones, a punto de rupturas incluso, donde se fueron moviendo sus posiciones para encontrar, si no la mejor solución a la crisis migratoria, cuando menos la posible.

La tensión con el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó desde los primeros días de la administración, cuando en Washington empezaron a tener dificultades con dos discursos mexicanos que se confrontaban e incluso se contradecían. Por un lado, el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por el otro el de la de Gobernación. El canciller Marcelo Ebrard aceptaba que México fuera un tercer país seguro, donde le haría el trabajo sucio a Estados Unidos y mantendría en territorio mexicano a los inmigrantes que pedían asilo en aquella nación, mientras la secretaria Olga Sánchez Cordero, decía que eso era inaceptable.

Las posiciones antagónicas fueron una de las razones por las que el consejero especial de Trump, su yerno Jared Kushner, buscó una reunión con López Obrador, que llevó al presidente mexicano a hablar con ambos, exigirles que no se pelearan y que se coordinaran. A Ebrard le encargó coordinar todos los esfuerzos mexicanos, incluidos los migratorios en Washington, con el secretario de Estado Mike Pompeo, y a Cordero la responsabilizó de la política migratoria sin quitarle el control -en este espacio se reportó el miércoles que así había sido- del Instituto Mexicano de Inmigración. Su relación sería con Kirstjen Nielsen, la secretaría de Seguridad Territorial, la responsable en Estados Unidos de combatir la inmigración indocumentada.

El problema con Nielsen, sin embargo, se venía arrastrando desde tiempo atrás, cuando en diciembre, recién iniciado el gobierno lópezobradorista, buscaron que Cordero viajara a Washington para reunirse con ella. La respuesta fue negativa. Propusieron enero, igual; febrero, tampoco. ¿Finales de febrero? Las quejas se estaban acumulando en la Ciudad de México. A cambio del no encuentro entre las secretarias, Gobernación propuso un grupo de trabajo que encabezaban el coordinador de asesores de Sánchez Cordero, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Seguridad Territorial para Estrategia, Política y Planeación, James McCament.

La primera de cinco reuniones se dio el 19 de enero, donde McCament no habló del concepto del tercer país seguro, sino del Acta de Inmigración y Nacionalidad 235, sobre la deportación inmediata de indocumentados “inadmisibles”. McCament planteó que México debía recibir a todos los inmigrantes indocumentados en todas las garitas, porque habían detectado un incremento de la migración derivada de la política de López Obrador de abrir sus fronteras, y que estaban llegando con visas mexicanas. La respuesta de los mexicanos fue de rechazo a la pretensión original, y llegaron a un primer acuerdo que sólo admitirían 20 inmigrantes por día, que tuvieran ese tipo de visas, y únicamente en Tijuana. Sin estar felices, aceptaron los estadounidenses. En Washington subía la frustración y molestia de Nielsen, que había planeado la instrumentación de la 235 con Pompeo, y se la habían ofrecido a Trump como una solución de largo plazo. Pompeo le pidió a Ebrard que Sánchez Cordero se entrevistara con Nielsen.

A finales de febrero, López Obrador llamó a la secretaria de Gobernación y le ordenó viajar a Washington, con quien se reunió el 28 de febrero. En ese encuentro Nielsen le dijo que la migración estaba dislocada y calculaban cerrar febrero con más de 70 mil aprehensiones, pero que en marzo estimaban llegar a más de 100 mil. Si no hacen nada, advirtió Nielsen, el presidente Trump va a cerrar la frontera. Fue la primera amenaza, aunque la jefa de Seguridad Territorial afirmó que no era tal, sino un aviso de lo que vendría. Sánchez Cordero le dijo que el problema no era con mexicanos sino con centroamericanos, y que tenía que verlo con esas naciones. De cualquier forma, acordaron que México ampliaría la recepción de deportados, a Mexicali y Ciudad Juárez, pero la misma cantidad en cada una, pero sólo centroamericanos con visas humanitarias que hubieran entrado por los puertos fronterizos, y con niños acompañados por sus padres.

La presión en Estados Unidos crecía. Nielsen le pidió a Sánchez Cordero verla en Miami, camino a Tegucigalpa. El 17 de marzo se reunieron en el aeropuerto, y Nielsen le dijo que, como previó, las deportaciones rebasaban las 100 mil y que tenía que hacer algo en sus fronteras. Fue una platica muy tensa, donde Nielsen estuvo a punto de pararse de la mesa y romper con todo. Sánchez Cordero ofreció mantener las condiciones para recibir inmigrantes, pero con cuotas diferentes: 20 el primer día, y si cumplían, 30 el segundo, 40 el tercero y así sucesivamente. De ser así, serían nueve mil deportados que aceptaría mensualmente México. Además, habría contención en la frontera, como querían.

Sánchez Codero le dijo a López Obrador que tenían que incrementar el número de deportaciones. López Obrador aceptó. Hubo 13 mil deportaciones en las tres últimas semanas, que Trump vio como un paso positivo y canceló el cierre fronterizo. No será lo único. Los dos gobiernos están preparando medidas adicionales, no sólo migratorias, sino policiales y financieras, para atacar conjuntamente el fenómeno en la región.

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