Agencias
En medio de la problemática generada por el cierre de la Universidad Americana de Acapulco (UAA) alegando daños por el huracán ‘Otis’, se revela que la institución fue vendida antes de la catástrofe natural, desatando el descontento de unos mil 500 alumnos. La diputada Leticia Castro Ortiz ha denunciado lo que considera un fraude perpetrado por la administración encabezada por el rector Mario Mendoza Castañeda, quien habría cobrado alrededor de 40 mil pesos por el semestre, a pesar de conocer la venta anticipada.
En una entrevista radiofónica, Castro Ortiz informó sobre una reunión en la que más de 200 personas, entre alumnos, exalumnos, padres de familia y miembros de la sociedad civil, expresaron su desilusión, enojo y molestia por el cierre repentino de la UAA. La diputada detalló acuerdos inmediatos, incluida una próxima reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la solicitud de apoyo de autoridades educativas, como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Secretaría de Educación Pública.
Según Castro Ortiz, la Secretaría de Educación Guerrero respalda a los estudiantes para obtener constancias y explorar opciones en otras instituciones. Sin embargo, la diputada advirtió que la respuesta no satisface a los alumnos, ya que la mayoría de los programas de estudio son de la UNAM y podrían enfrentar complicaciones para revalidar materias en otras instituciones locales.
La venta de la UAA, propiedad del Gobierno del Estado, se suma a la controversia, llevando a la diputada a exigir que la empresa compradora y el rector rindan cuentas por los actos perjudiciales a estudiantes y padres de familia. Castro Ortiz afirmó que cobrar colegiaturas sabiendo del cierre implica acciones penales y considera que el argumento del huracán ‘Otis’ fue un pretexto, ya que la institución funcionaba adecuadamente por más de 30 años.
La diputada señaló que el rector busca eximirse de responsabilidades con un dictamen de Protección Civil, pero los padres de familia no lo permitirán y están siendo asesorados legalmente. Además, lamentó que, además de los daños materiales causados por el huracán, las familias ahora enfrentan la pérdida económica y la incertidumbre educativa.
El cierre afecta a alrededor de 1,500 alumnos, quienes pagaron 60 millones de pesos en total, y la diputada calificó estos hechos como un delito de fraude. Aseguró que se están tomando medidas legales para responsabilizar al rector y a la empresa compradora por las consecuencias de sus acciones.
About Author
