(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Hay una reforma electoral en ciernes, impulsada por Morena, que será de gran calado, de acuerdo con los legisladores que la promueven. En ella, se prevé la centralización de todos los procesos electorales, sean federales, estatales o municipales, así como también están contempladas modificaciones profundas al sistema político-electoral, incluyendo la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos, que con el nuevo modelo aumenta en forma exponencial, y la eliminación o reducción de candidaturas plurinominales.
Obviamente esta propuesta está levantando ampolla en los partidos de oposición, porque al centralizarse los procesos electorales en el Instituto Nacional Electoral, desaparecerían las estructuras electorales locales, y todo lo relativo a lo electoral pasará a ser de competencia federal.
En Guerrero, desaparecería el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como el Tribunal Estatal Electoral. Eso, dice el ex diputado local calentano Ramiro Alonso de Jesús, atenta contra la autonomía de los estados.
Pero independientemente de eso, habría que revisar si en el Instituto Nacional Electoral tendría la capacidad para atender todos los procesos electorales del país, y es obvio que absorbería mayores recursos de la Federación, deslindando a las entidades federativas de ese gasto.
Ahora mal, si revisamos la utilidad de los órganos electorales locales, tanto en materia de consolidación democrática, combate a la corrupción electoral y otras minucias que vienen a hacer la diferencia, pues lo cierto es que estas instancias dejan mucho que desear, desde el momento en que los nombramientos de sus titulares son impulsados por el partido gobernante.
No hay una autonomía real, y a partir de ahí todo se contamina.
La prueba está en que las candidaturas ni siquiera se revisan, y llegan al gobierno personajes con antecedentes de corrupción, sobre todo si ya ejercieron el poder. Y qué decir de los antecedentes penales.
En este aspecto, el IEPC es algo así como la carabina de Ambrocio.
El Tribunal Estatal Electoral, por su parte, ha demostrado que también suele ser comparsa de fraudes y conflictos, al grado de que los afectados recurren a la instancia federal, donde les corrigen la página, quedando demostrado que son aparatos de control político, lejos de la supervisión y aplicación de las leyes electorales vigentes.
En cuanto a la viabilidad de la centralización de los procesos electorales, el titular del INE, Lorenzo Córdova, tocó un punto importante, diciendo que si bien en este momento se tiene un sistema electoral funcional, cualquier reforma mal planificada podría destruirlo, pues se requeriría “refundar” al INE, con mayor presupuesto, más atribuciones y más personal.
Otro consejero, Marco Baños, señaló que no será despareciendo las autoridades electorales en los estados como se ahorrará dinero en el sistema político-electoral, porque lo que no hagan los estados tendrá que absorberlo el INE –léase gobierno federal.
Propone, en cambio que se adopte la boleta electrónica, para que se ahorren los multimillonarios recursos que se utilizan en la impresión de boletas, su movilización antes, durante y después de la elección, así como su almacenamiento.
Hay gente de otros partidos que están de acuerdo en que se promueva la austeridad republicana en el ámbito electoral, pues estamos conscientes todos que tenemos las elecciones más caras del mundo, y que hay un prototipo de asignación de prerrogativas a los partidos que es exponencial, año con año aumentan.
Otra propuesta es reducir los tiempos de campaña. Por ejemplo, si la campaña para presidente de la República es de 90 días, podría reducirse a la mitad, y así sucesivamente.
Actualmente se están desarrollando los foros de consulta para esta propuesta de reforma electoral, y sin duda será uno de los temas del año que ocuparán mucha tinta y papel para documentarse, aunque los diputados opositores advierten que viene la aplanadora morenista y que la reforma va porque va.
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