(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Las circunstancias van empujando al gobierno federal, y este viernes, con por lo menos dos meses de anticipación, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, echó a andar las primeras coordinaciones de la Guardia Nacional. Esto pese a que todavía no se discuten ni mucho menos aprueban las leyes secundarias del organismo, proceso que comenzará el 13 de mayo en el Senado de la República, en el marco de un periodo extraordinario de sesiones.
Como se esperaba, la primera coordinación que se abrió fue la de Minatitlán, Veracruz, donde el Viernes Santo hubo un baño de sangre en un antro, en que varios adultos, jóvenes y menores festejaban un cumpleaños. Tras el ataque, murieron 14 personas, entre ellos un bebé de 2 años, así como el dueño del local, y hubo varios heridos.
Posteriormente se instaló otra coordinación en una zona crítica de Oaxaca, y se anunció la presencia de 600 agentes de la Guardia Nacional en Acapulco, en los próximos días.
En la Ciudad de México ya se tiene presencia también de la Guardia Nacional, pero se trata de un operativo menos ostentoso que el de Veracruz.
Y es que el ataque de Minatitlán colocó al gobierno de López Obrador ante una encrucijada. Lo culparon del ataque. Le recordaron que había prometido paz y seguridad. Él mismo trató de defenderse de sus detractores, señalando que la violencia viene de gobiernos anteriores, y que los que ahora se rasgaban vestiduras, toleraron todo lo que sucedió en sexenios pasados, sobre todo los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los analistas políticos han sido implacables contra el presidente. Quieren que haga en un trimestre, lo que los demás no hicieron en sexenios enteros.
Incluso hubo quienes consideraron la probabilidad de que el ataque en Minatitlán hubiese sido premeditado, pensando en que Veracruz es el único estado gobernado por Morena, y donde los dos últimos gobernadores, uno del PRI y otro del PAN, dejaron una estela de violencia y corrupción. El objetivo era dejar mal parado al partido lópezobradorista, por la cercanía de la elección en Puebla, y la antesala de elecciones en otros estados, Guerrero entre ellos.
Otros comentarios menos graves, explicaban que Minatitlán pasó a ser desde hace mucho tierra de nadie, como lo era también la zona del huachicoleo en Hidalgo, donde se registró el estallido de un ducto, mientras los vecinos robaban combustible y hacían fiesta por el atraco a un bien nacional.
Los defensores de derechos humanos, por su parte, volvían a sus frases comunes: que lo que sucedió en Minatitlán –ejemplo de lo que ha sucedido en muchas otras partes del país, como en Iguala en 2014, con los estudiantes de Ayotzinapa, era parte de la descomposición social.
En medio del dolor, de la ofensa, de la indignación social, y contrario a lo que Peña Nieto hizo en el Caso Ayotzinapa, el presidente López Obrador tomó el torpor los cuernos y adelantó la entrada en vigor de la guardia Nacional, poniendo en marcha la primera de 266 coordinaciones en que se dividió el país para efectos de blindarlo, combatir a los grupos delincuenciales y devolverle a los ciudadanos la paz robada desde hace por lo menos 13 años.
El plan era que a mediados de junio, ya estarán funcionando 51 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional con 25 mil elementos. Era necesario que en el Congreso federal se discutieran las leyes secundarias. Y mientras tanto, continuaríamos con el mismo esquema de seguridad heredado del sexenio pasado, y los estados también moverían sus propios programas.
El presidente prometió algo en el marco del lanzamiento de la Guardia Nacional: Que habrá combate parejo a los grupos o personas que violen las leyes vigentes.
“No se va a perseguir a grupos delincuenciales para proteger a unas organizaciones criminales de otras”, dijo, en alusión a que los gobiernos solían combatir a un cártel, pero para proteger a otro, haciendo una historia interminable de relevos, ventas de plaza, limpias y todo lo que deriva de la eterna reconquista de territorios.
López Obrador aseguró que en su gobierno ya se pintó la frontera entre las autoridades y el crimen organizado. “No va a haber mescolanza, no va a haber contubernio. Esto también significa que no se va a perseguir a una banda para proteger a otra como también se llegó a hacer”, sostuvo.
Y, ojo, se revisará concienzudamente el comportamiento de los fiscales generales de los estados, para que “las denuncias no se vayan al congelador”. Al contrario, indicó que habrá transparencia en las detenciones y que se cuidará que los casos denunciados se atiendan, en lugar de lo que ahora sucede: que los detenidos más tardan en ser presentados ante los ministerios públicos, que en ser liberados, como si esa fuera la consigna.
El presidente dijo que también se continúa con la limpia al interior de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para que “ningún juez libere a personas que esté demostrado están cometiendo ilícitos”.
En resumen, les cayó la voladora a todos los involucrados en la administración de la justicia.
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