(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
¿Realmente es necesaria la venta de 42 camionetas blindadas y de lujo de parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda? La lógica indica que no, sobre todo cuando se gobierna en una entidad con índices de seguridad tan elevados como los de Guerrero, y donde hay un notable aumento de los hechos de violencia, en lo que podría ser un reacomodo de grupos aprovechando el cambio de gobierno que, por lo demás, todavía no se concreta. Faltan los cambios de fiscales, agentes del Ministerio Público y, obviamente, los cambios en las comandancias regionales de la Policía Estatal y la Policía Investigadora Ministerial.
Sobre todo, falta que se note el cambio de agenda, pues veníamos de un estilo de hacer las cosas que a todas luces era un laxo. No sabemos si la gobernadora le exigirá al titular de Seguridad Pública más trabajo preventivo, así como coordinación con los municipios, y si le exigirá también al nuevo fiscal general del estado que avance en la investigación de asuntos, pues el rezago en materia de justicia es exagerado.
Es la agenda de seguridad, más que los personajes, lo que debe de cambiar. De nada sirve que llegue una lumbrera a Seguridad Pública, si vienen a cuidar el rancho, como lo hizo el General Pedro Alamazán Cervantes, en cuyo periodo -que abarcó desde el interinato de Rogelio Ortga hasta el primer trienio del gobierno de Astudillo- las cosas empeoraron más allá de lo imaginable.
Durante los tres años y nueve meses que Almazán Cervantes estuvo a cargo de la seguridad del estado, se registraron más de ocho mil homicidios dolosos, colocando a Guerrero en los primeros lugares a nivel nacional por esta causa.
Y aunque para diciembre de 2018 se nombró a un nuevo secretario de Seguridad, la diferencia no se hizo desde el gobierno del estado, sino desde la Federación, a través de la Mesa de Coordinación para la Paz en Guerrero. Poco a poco Guerreo fue saliendo de los ominosos primeros lugares hasta llegar a ocupar el décimo sitio.
Volviendo al tema de las camionetas, entonces no hace falta su venta, sobre todo porque ya son vehículos que perdieron su valor comercial. De los 90 millones de pesos que se invirtieron en su adquisición mayormente de 2018 a la fecha, ya tienen una depreciación del 70 por ciento. Apenas se recuperarán entre 20 y 23 millones de pesos.
Parece mucho dinero, pero es más lo que ya se perdió. La pregunta es, ¿qué sucederá si la gobernadora llega a necesitar una camioneta blindada? Pues nada, que se tendrá que adquirir a su precio de mercado.
Lo que debió hacerse, a nuestro juicio, fue dejar los blindados que sean necesarios, comenzando por el de la gobernadora en caso de necesidad, así como el del futuro fiscal general de justicia y el secretario general de seguridad, casos previstos en la ley, y subastar el resto, porque la verdad son demasiados.
Faltó informar quiénes traían estos vehículos. Se dijo que esa información sería proporcionada y esperemos que el Congreso sí lo haga, porque hasta donde lo anunció el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, los blindados los traían los políticos, sus familiares y hasta ex funcionarios.
Destaca la motocicleta VMW que también será subastada, y que se dijo estaba asignada a Casa Guerrero. ¿Quién la usaba? ¿El ex gobernador Héctor Astudillo, su esposa, alguno de los juniors?
Para colmo, falta que Astudillo entregue 27 camionetas que están en el listado oficial, pero nomás no aparecen por ningún lado. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció que continuarán el procedimiento oficial para recuperarlas.
Todo esto nos recuerda precisamente cuando Astudillo asumió el cargo en medio del caos del gobierno de Aguirre y su interino, Rogelio Ortega. Lo primero que se dijo es que habían saqueado el parque vehicular, que habían dejado chatarra. Tal vez por eso el gobernador invirtió casi 100 millones de pesos en el último trienio, para comprar 42 camionetas blindadas, la mayoría Suburban y Cherokee y Tahoe, cuyo costo de mantenimento era superior a los 700 mil pesos por mes, y que gastaban 12 millones de pesos anualmente en combustible, porque por el blindaje esas unidades son pesadas y obviamente gastan más gasolina.
¿Era necesario ese gasto? Y la compra sucedió precisamente en el periodo en que se dijo que habían bajado los índices de inseguridad. ¿Entonces como por qué se compró tanto vehículo caro? Esto huele más a negocio que a una necesidad de seguridad del gobernador y los funcionarios estatales.
En los gobiernos, no siempre se compra lo necesario y urgente, sino cualquier cosa que implique inversión, porque eso lleva implícito el consabido “diezmo”.
Ojalá que los diputados vayan más allá de la subasta de unidades, y revisen a fondo el caso. Aunque, claro, se duda que eso se haga, porque para ello los priístas y perredistas ocupan las principales comisiones en el Congreso local y donde Morena, a pesar de ser mayoría, tiene un control marginal.
En resumen, se entiende que la gobernadora tenga urgencia de marcar la diferencia con su antecesor, pero eso debe hacerse sin incurrir en contradicciones. Se debe dejar lo estrictamente necesario, luego de informar del caso. No olvidemos que lo barato puede salir caro.
Y, ojo, en lo personal insisto en que la gobernadora no puede darse el lujo en andar en el coche de su hermana, en un Guerrero bronco como nuestra entidad, porque ya no es un particular. Es la jefa del Poder Ejecutivo y como tal debe cuidarse, sin que por ello se considere que abusa. La austeridad puede traducirse en un austericidio.
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