(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Aunque días antes se había anunciado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analizaba volver a crear el impuesto de la tenencia, y además fue fuese controlada por la federación, pero el presidente de la República desmintió esta noticia ayer, asegurando que cumplirá su promesa de campaña relativa a evitar la creación de nuevos gravámenes que incrementen la carga impositiva para la población.
Actualmente el cobro del impuesto de la tenencia lo manejan los gobiernos estatales, porque aunque no es un impuesto federal, sí está vigente en la mayoría de las entidades federativas, ya que constituye un filón de ingresos muy importante para éstas.
Sería importante que así como la tenencia ya no existe a escala federal desde 2008, también desaparezca a escala estatal, porque en materia de impuestos no podemos los ciudadanos vivir esta desigualdad. O todos coludos, o todos rabones.
Y lo grave es que la tenencia se cobra con mayor rigidez en los estados pobres, porque los estados más ricos tienen otro tipo de ingresos que les permiten renunciar a este ingreso para sustentar las actividades del gobierno.
En estricto sentido, el cobro del impuesto sobre tenencia vehicular es ilegal. No podemos estar pagando anualmente por tener un coche, del cual ya pagamos también el seguro obligatorio, y si lo compramos a crédito, los correspondientes intereses.
Lo más grave es que los coches se van degradando, van perdiendo valor comercial, hasta casi quedar en ceros. Y pese a ello, todavía nos siguen cobrando miles y miles de pesos por los refrendos de la tenencia.
¡Ah!, pero no para eso ahí, porque si el gobierno necesita más dinero, simplemente ordena el ya famoso reemplacamiento, que consiste en eliminar las placas de los coches para obligar a los automovilistas a poner otras nuevas, aunque no se necesiten, aunque no haya motivo para ello, salvo su necesidad de recaudar más dinero. Esto de verdad que es desalentador.
Ahí se esconde un tremendo negocio, porque se gasta por mandar a hacer las nuevas láminas, con el distintivo del gobierno que las diseñó, y para eso obviamente se contrata a alguna empresa particular. Imaginemos los miles de miles de vehículos que circulan en alguna entidad, y los cientos o miles de millones de pesos que se recaudan por el concepto de reemplacamiento.
No puede haber mayor injusticia que se nos obligue a pagar por un bien no necesario, porque si ya pagamos por las placas originales de nuestro coche, tremendamente injusto es que cada que un gobierno disponga el cambio de placas, de un plumazo inutilicen las nuestras, algo por lo que ya pagamos.
En Estados Unidos, por ejemplo, un coche trae la misma placa desde que se compra hasta que pierde su vida útil. Cuando se vende, se tiene que entregar con todo y placas, y éstas sólo cambian de propietario. ¿Por qué se hace esto? Porque hay un registro nacional de vehículos, y a cada unidad se le da una identidad que se rastrea por su placa. Si se estuviera cambiando cada rato esta placa, entonces se dificultaría en gran manera llevar el historial del vehículo.
Se hace cambio de propietario y de placas, únicamente cuando la unidad se mueve de estado, para que adopte la del estado donde estará circulando, pero para ello se recogen las placas viejas y se le asignan las nuevas. Pero sólo en este caso y es porque el vehículo deja de formar parte del inventario de coches de una entidad, para pasar a otra.
En México, en cambio, la placa es desechable. Los vehículos pueden cambiar de placa cada que a un gobierno se le ocurra, y aunque no haya una justificación plena.
El impuesto sobre la tenencia se instauró en 1962 como un mecanismo del gobierno federal para obtener recursos con los que financiar los Juegos Olímpicos de 1968. Se dijo que sería temporal, pero se quedó hasta 2008, cuando durante el gobierno de Felipe Calderón fue eliminado de los impuestos federales; sin embargo, quedó vigente la tenencia vehicular que cobran los gobiernos locales.
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