(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Va en serio la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con su plan de erradicar de Guerrero la venta de niñas y los matrimonios forzados. Sin importar la opinión que tiene el propio presidente de la República sobre este asunto, pues el pasado fin de semana en su gira por Guerrero el mandatario federal dijo que esos casos pueden ser la excepción, pero no la regla, y que no se les puede satanizar a los pueblos indígenas por sus usos y costumbres, Evelyn Salgado está decidida a devolver a los niños y niñas de las comunidades originarias el mínimo de paz y seguridad dentro de sus propios hogares.
Obviamente, el asunto no es nuevo. Los medios de comunicación nos hemos arriesgado a hacer denuncias de este tipo que, sin embargo, poco habían prosperado, pues hay todo un velo de tolerancia e impunidad, en el que gobiernos municipales, estatales, diputados, comisarios, “principales”, policías comunitarias y hasta la propia iglesia, arropan y toleran estos abusos.
Tan sólo para comparar, la CRAC-PC castiga severamente la brujería en sus reglamentos, pero no castiga la compra-venta de niñas.
En la Legislatura pasada una diputada local retomó el caso y dio pie para que la Secretaría de la Mujer aceptara que en los pueblos monolingües de la alta Montaña, es una constante el pacto de matrimonios infantiles a cambio de dinero.
El gobierno de Héctor Astudillo no hizo gran cosa al respecto, salvo los consabidos programas de “concientización”, que obviamente nunca han sido la solución a casos tan drásticos, en los que los delitos se toleran porque se les considera parte de la idiosincracia de los pueblos originarios.
Pero no sólo estamos ante matrimonios forzados, como bien dijo la gobernador a Evelyn Salgado Pineda, sino que el asunto ya raya en el gravísimo delito de trata de personas, pues muchos casos ni siquiera se entrega a las niñas para matrimonio, sino que les son dadas a cualquier gente que pague por ellas, sea para hacer trabajos domésticos o incluso para ejercer la prostitución.
Si realmente se investigara este asunto, descubriríamos casos de esclavismo sexual y laboral, sustentado precisamente en los usos y costumbres indígenas.
Los defensores de estos crímenes, entre ellos el Grupo de Derechos Humanos Tlachinollan, argumentan que la dote por una mujer por parte de los padres del novio es parte de las tradiciones romanticonas de los pueblos indígenas. Pero, claro, no estamos ante la decisión de una mujer de casarse con el amor de su vida, estando ella en el pleno uso de sus derechos civiles, y que los futuros suegros la “honren”, llevándole regalos o cosas por el estilo.
Nada que ver. Estamos hablando de pactos que se hacen entre familias, con el visto bueno de los “principales” de los pueblos (léase caciques), y en donde las casaderas son niñitas de primaria, de 10 años o menos, porque se habla de que las nenas son más caras mientras no hayan tenido su primera menstruación.
Y el caso más elocuente sucedió hace 3 semanas en Cochoapa el Grande, donde Angélica N, fue comprada desde que tenía 11 años para casarla con un niño de 12. Ella no resultó embarazada porque era una niña que no había menstruado. Entonces, se le utilizaba para trabajos domésticos, o para llevarla a laborar a los campos del norte del país, y sufría abuso físico de parte de la suegra, quien se creía con derecho de pegarle.
Afortunadamente ya está preso el suegro, quien pagó 110 mil pesos por ella y que mandó encarcelarla usando a la Policía Comunitaria de la CRAC-PC, para lograr devolución del doble del dinero que le entregó al padre de la menor, porque ella no se dejó violar en ausencia de su joven esposo, quien emigró a los Estados Unidos, y huyó a la casa de su abuela.
Lamentablemente tuvo que haber un cambio de gobierno para que este penoso asunto que coloca a Guerrero ante un nuevo escándalo internacional y avergüenza a la clase política y gobernante del estado y del país, entrara en la agenda pública con la finalidad no de apapachar a los pueblos originarios y sus famosos usos y costumbres, sino de obligarlos a apegarse a las leyes vigentes y a lo que marcan la Constitución del estado y del país,
Parece que se alinearon las estrellas en este penoso asunto, pues no sólo la gobernadora está en esta línea, sino que ayer el senador Manuel Añorve Baños lanzó una iniciativa para perseguir los matrimonios forzados en todos los pueblos originarios, señalando que tan sólo en Guerrero hay 300 mil menores sufriendo ese tipo de abusos.
En cuanto a la gobernadora, está firme: “La postura sigue siendo la misma: estamos totalmente en contra de la venta de niñas no sólo en La Montaña, sino en cualquier parte de México y el mundo. Es una práctica que no debe existir y que vamos a erradicar”, dijo.
Salgado Pineda explica que la ONU Mujeres, la Comisión de Derechos Humanos, así como secretarías federales y estatales implementarán un programa que se dará a conocer próximamente para enfrentar este problemática. ¡Enhorabuena!
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