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SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Nadie debe echar las campanas al vuelo por nadie. Salvo los presidentes municipales que ganaron por reelección, con los cuales el pueblo ya sabe a qué atenerse, ya sabe qué esperar y qué no esperar de ellos, el resto de los presidentes municipales están comenzando una dura prueba que nos demostrará si son confiables o son más de lo mismo.

En 2018, recordemos, las administraciones salientes llegaron al poder con bombo y platillo, con aura de honestos, de saber hacer las cosas, de profesionalismo y capacidad.

Pero hoy, muchos de los 80 alcaldes de Guerrero se fueron con la cola entre las patas, literalmente. Y algunos corren el riesgo de ir a parar a la cárcel, si sus sucesores se deciden a demandarlos, como lo está sugiriendo el presidente de la República, que las administraciones entrantes hagan auditorías y no se conviertan en cómplices de las rapacerías de sus antecesores, sean del partido que sea.

Eso, sin embargo, no se estila en Guerrero. Los pocos alcaldes que han estado demandados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, han tenido que gastar sus millones para defenderse y, en resumen, ninguno de ellos ha pisado la cárcel.

O sea, todo en orden. Todos felices y contentos.

¿Por qué sucede esto? Porque vivimos en una especie de mátrix de corrupción, en donde se protegen unos a otros. En el Congreso, que es donde se revisan, avalan o rechazan las cuentas públicas, los partidos intercambian sus cabezas. Si alguien del PRI está en aprietos, entonces sus compañeros diputados lo protegen, a cambio de no tocar a uno del PRD, y viceversa.

Ahora que está Morena en el escenario político, nada ha cambiado. De hecho, en este 2021 los morenistas son de los más cuestionados y, sin embargo, no vemos cómo vayan a ser llamados a cuentas, porque aunque hay indignación por la forma en que se condujeron, al estar a punto de arribar un gobierno surgido de Morena, la tradición es que no se les toca a los que están en el poder.

Y, sin embargo, eso mismo es también una esperanza. Que gracias a que hay cambio de gobierno estatal, los gobiernos entrantes en los municipios pueden colgarse de los preceptos de la Cuarta Transformación, que pregona el “no robar, no mentir y no traicionar”, para hacerle justicia a los pueblos que durante 3 años fueron saqueados, castigados en sus obras más elementales, a cambio de obras de relumbrón, contratos a sus amigos o parientes y a sí mismos, porque ya la costumbre es que un presidente municipoal no se consuela con sus sueldos ni con sus diezmos, sino que tiene que convertirse en constructor para saquear una mayor tajada a través de prestanombres.

Eso es vox populli en los pueblos, pero las autoridades se hacen como que la virgen les habla.

Para colmo, coludidos con los líderes del SUSPEG, varios alcaldes favorecieron a sus compinches con eso de las basificaciones, moviendo escalafones e incluso alterando las planillas de antigüedad, de  modo que -como ayer denunció la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Martínez- en la capital del estado hay empleados de 24 o 25 años, pero con 10 años de antigüedad, lo cual implica que comenzaron a trabajar siendo adolescentes.

Hay mucho que limpiar y restaurar en la administración pública, en sus tres niveles. Dudamos que un sexenio alcance para poner en orden la casa. 

Todavía recordamos a Zeferino Torreblanca, el primer gobernador perredista, que pidió un año para barrer y sacudir la casa. No le bastó  el sexenio y, al contrario, nos demostró que tan malo el pinto como el colorado…o como el guinda.

La gama de colores en el espectro político-electoral no basta para que los vicios administrativos se corrijan. La corrupción, como en su momento dijo el ex presidente Enrique Peña Nieto, es ya parte de la cultura del mexicano, aunque el presidente AMLO dice lo contrario, dice que el pueblo “es bueno y sabio”.

Es interesante, por ejemplo, lo que está haciendo Abelina López en Acapulco. Está quitando de un plumazo la mano corrupta de los recolectores de basura, gente que cobraba 13 millones de pesos por mes por recolectar los desechos del puerto, usando solamente 25 camiones. Y cuando se les dejó de pagar, dejaron la basura en la vía pública, creando puntos negros en todas las colonias, como presión política en contra de Adela román.

Abelina, aprendida la lección, ya no renovará esos contratos y comprará camiones recolectores y compactadores, y usará al personal del ayuntamiento para operarlos. Se avivó la alcaldesa, porque no piensa que le hagan la misma traición que sufrió Adela de parte de los concesionarios.

Cuando se dan las noticias, desafortunadamente, los medios no hurgan en el meollo del problema. Sólo se nos decía que el puerto estaba atestado de basura, y echaban sapos y culebra contra Adela, pero nunca aclararon por qué. Ahora Abelina López está explicando las razones y señalando que no dará más contratos a particulares, a los que solamente les importa medrar con el erario público.

El mismo problema está en Chilpancingo, de modo que si Norma Otilia no se pone buza, le harán lo mismo que a Adela y a Marco Leyva, porque para nadie es un secreto que los  concesionarios son también parte del poder político.

Un aplauso a la alcaldesa de Acapulco que por fin está poniendo los puntos en las íes, y está tomando decisiones. Lástima que Adela desperdició 3 años y se dejó tragar el mandado. Que el resto de los alcaldes pongan sus barbas a remojar.

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