SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Ayotzinapa. 7 años. Tecleo esta entrega, estimado lector, e inevitablemente me remonto a aquel 14 de septiembre de 2014, tercer año del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, y cuando estaba por comenzar el proceso electoral de 2015.

Mientras transcurría esa noche, nadie imaginaba que el viacrucis de los muchachos se estaba desarrollando. Únicamente se conocieron escasos detalles de los ataques, pero fue hasta el día siguiente cuando se supo la magnitud de la tragedia: ataques, persecuciones, detenciones y desapariciones. Los muchachos se habían esfumado. No estaban por ningún lado: ni en la policía municipal, ni con los federales, ni en el cuartel militar.

¿Qué había pasado? Al gobierno estatal se le hizo bolas el engrudo. El gobernador dijo que sabía dónde estaban los muchachos, pero realmente nunca los encontró, aunque mandó a sus secretarios y funcionarios de primer nivel a buscarlos.

El gobierno federal guardó sana distancia, como no queriendo involucrarse en un asunto tan turbio, hasta que Peña Nieto tenía el agua hasta el cuello, en medio de la más agresiva condena internacional.

Entonces la Procuraduría General de la República atrajo el caso. Jesús Murillo Karamn, junto con el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, se trasladaron a Guerrero a dirigir las investigaciones, partiendo de lo poco que había conseguido el procurador local, Iñaki Blanco.

El tiempo apremiaba. Las manifestaciones por este crimen se desbordaron. A la causa se sumaron los cetegistas, quienes estaban indignados por la reforma educativa, y junto con los “ayotzinapos”, como se les decía, incursionaron en el Palacio de Gobierno estatal y lo incendiaron. Se dijo que fue a propósito. Quién sabe. En un estado convulso todo era posible.

Todo transcurrió en medio de tomas de casetas, bloqueos a la autopista, así como violentas manifestaciones de estudiantes encapuchados. “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, era la exigencia.

Fue renunciado el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y  su esposa. Huyeron. Los dejaron ir, dijeron. Pero finalmente los encontraron en algún barrio pobre, y conducidos a cárceles de alta seguridad, donde todavía no se les juzga.

7 años. Son pocos, pero a la vez una eternidad. Los padres comenzaron a organizarse para buscar a sus hijos. Los arropó Tlachinollan, una organización de defensa a los derechos humanos que otorga asesoría a grupos indígenas. Recorrieron el estado, recorrieron el país, exigiendo la presentación con vida de sus hijos, la mayoría muchachos de entre 18 y 21 años, hijos de campesinos o indígenas.

El costo político

Lo de Ayotzinapa es algo más que la persecución, muerte y desaparición de estudiantes normalistas en Iguala. Es algo más que la detención de un presidente municipal y su esposa, con presuntos nexos con el grupo delincuencial mayoritario de esa época en la ciudad tamarindera.. Ayotzinapa es más que un asunto de extrema violación de derechos humanos, por el que la CNDH, por cierto, emitió una serie de recomendaciones bastante tardías.

Ayotzinapa es un parteaguas en la historia de Guerrero. Podemos decir que tras aquella noche funesta en que estudiantes de primer ingreso de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron llevados al matadero por sus coordinadores estudiantiles, bajo la tolerancia de profesores y directivos; tras aquella noche, decíamos, nada volvería a ser lo mismo.

Se tenía todo organizado al interior del PRD para “repetir” en la gubernatura y seguir manteniendo la hegemonía pri-perredista en la entidad. Aquello era el PRD original y marginado, mezclado con un PRI disidente en pos del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, grupo que finalmente no terminó de quedarse en el partido amarillo y volvió a sus parcelas.

El partido mayoritario de izquierda en Guerrero, el PRD, mordió el polvo en las elecciones para gobernador, dando paso al retorno del PRI, que llevaba una década fuera del poder.

Ese año, también, Morena estaba estrenando registro como partido y competiría en las elecciones de 2015 por puro trámite, con Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros como candidato.

Todavía en 2015, los perredistas lograron retener Acapulco con Evodio Velázquez Aguirre, pero se fueron en 2018 y en este 2015 ya ni compitieron, se quedaron en el intento.

Podemos decir que “Ayotzinapa 7 años después”, todo es distinto. El PRI se va. El PRD a la zaga. Morena llega al poder tras la peripecia de una elección bastante sui géneris, en donde la traición es el distintivo.

Pero…desafortunadamente, los muchachos siguen perdidos. Hay testimonios de que los mataron. Hay 3 de ellos ya identificados por fragmentos de huesos encontrados en las zonas de matanza de Guerreros Unidos.

Sin embargo, ayer, el clamor fue el mismo: “Vivos de los llevaron, vivos los queremos”.

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