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SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local presentó ayer su agenda legislativa para los próximos tres años en que estará vigente la 63 Legislatura, que será presidida por el diputado ayutlense Alfredo Sánchez Esquivel.

La agenda incluye tres temas pendientes, dos de ellos altamente polémicos, pero a los que el Congreso local se tendrá que adaptar, pues por lo menos en el caso del aborto la tendencia nacional es a la aceptación, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hace tres semanas que cualquier legislación que penalice el aborto es inconstitucional, tomando el ejemplo del estado de Coahuila.

Además, con base en una controversia constitucional contra el estado de Sinaloa, se decretó ilegal prohibir el aborto. Es decir, algo así como prohibido prohibir la interrupción legal del embarazo.

Además, ayer, los magistrados “tumbaron” el derecho que tienen los médicos de negarse a praticar un aborto, derecho llamado objeción de conciencia, que se había consagrado en las reformas recientes.

Y es que si bien el derecho de objeción de conciencia fue aceptado como un derecho constitucional, quedó acotado a lo individual, no así a la obligación del Estado para garantizar que toda mujer que desee practicarse un aborto, lo haga en las condiciones sanitarias óptimas y bajo tutela oficial.

Esto significa, por lo menos, que los empleados del Sector Salud, en cualquiera de sus instituciones, no podrán negarse a practicar un aborto.

Con todo esto avanzado en la esfera federal, al Congreso de Guerrero le corresponderá únicamente adaptar el Código Penal local, y aunque ayer los diputados señalaron que definirán en qué grado despenalizan el aborto, la verdad es que ya hay muy poco que hacer.

En cuanto al matrimonio igualitario, que se refiere al matrimonio entre personas del mismo sexo, es un tema pendiente no de ésta, sino de anteriores legislaturas.

Por ejemplo, en la pasada Legislatura fue el diputado Moisés Reyes Sandoval el que abanderaba esa causa, como promesa a la comunidad LGBT, pero no pudo hacerlo avanzar en la agenda.

Al final, los miembros de esta comunidad protestaron en la sede del Congreso para denunciar que no fueron escuchados.

Pues bueno, parece ser que Guerrero levantará en esta Legislatura que comienza el paliacate verde por el aborto legal, así como la bandera del arcoiris, por los que piden se les respete su derecho a contraer matrimonio.

A nvel nacional, cabe decir, esta agenda está harto avanzada, pues ya son varios estados los que han legalizado el aborto y también el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Claro, habrá voces en contra y a favor. Veremos incluso marchas de personas que se oponen a que se pierda la esencia del matrimonio, que es el núcleo de una familia, y la cual hasta ahora se reconoce solamente entre un hombre y una mujer. 

Por supuesto, también escucharemos voces contrarias al aborto legal, que no sea en los casos en que ya reconoce la ley, como a causa de enfermedad o cuando el bebé sea producto de una violación, pues no se le podría exigir a una mujer violentada sexualmente que acepte el producto de ese delito.

Sin embargo, como ya lo expusimos líneas arriba, en el caso de la legalización del aborto hay muy poco que se pueda hacer en lo local para evitarlo, pues seguramente no tarda y los diputados recibirán la orden de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que adapten simplemente el Código Penal a la jurisprudencia que ya están estableciendo.

Y es que por regla general, cuando un asunto es resuelto por unanimidad (10 votos de 10), en automático lo que se resuelva es de observancia nacional, salvando los debidos procedimientos de cada entidad, respetando la soberanía de los estados.

La transparencia, dijeron, es otro asunto pendiente y eso pasa por el nombramiento del nuevo auditor general del estado, asunto que quedó bajo reserva de la Legislatura pasada, y el nombramiento de los coordinadores de los organismos que tienen que ver con transparencia e información.

Valdría la pena, si es que la intención es llevar al estado a otro nivel en materia de transparencia, que se revisen las entrañas de la Auditoría Superior del Estado, pues no basta con nombrar a un titular, sino también revisar la actuación de los auditores que son los que se entienden con los gobiernos y funcionarios de todos los niveles.

Mientras esto no se haga, sucederá lo que pasa en la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde se nombra al fiscal pero se deja intacto todo el organigrama, sin reforzar tampoco los programas de transparencia.

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