(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Con lo del terremoto de antenoche, ni cuenta nos dimos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalizó el aborto.
Nuestros apreciados y costosos ministros desempolvaron un caso viejo, una controversia constitucional del estado de Coahuila, interpuesta en contra de esa entidad porque en su código penal mantenía como delito la interrupción del embarazo en cualquier fase, guardando únicamente las atenuantes de ley, como el aborto en caso de violación y enfermedad, y consumaron la legalización del aborto, sin permitir siquiera una discusión en el Poder Legislativo, donde se ventilan varias iniciativas que no han prosperado.
Al contrario, parecía ser que a nivel federal el Congreso de la Unión no quería tocar este espinoso asunto, y le había dejado a cada entidad federativa que, en el uso de sus facultades y soberanía, fuera decidiendo si se despenalizaba el aborto o no.
Pero entonces la liebre saltó por otro lado. La decisión de la Suprema Corte es de observancia general obligatoria, y por lo tanto los estados deberán
De un porrazo, sin decir agua va, y por iniciativa del presidente del organismo, Arturo Saldívar, la Suprema Corte de Justicia de la nación declaró inconstitucional la penalización del “aborto voluntario”. En lenguaje común, se despenaliza el aborto.
Al declarar inconstitucional cualquier ley que penalice la interrupción del embarazo, en palabras llanas, la Corte está legalizando el aborto, como ya sucede en la Ciudad de México desde el gobierno de Marcelo Ebrard Casaubón, y como ya ocurre también en otros países, donde esta exigencia de grupos feministas ha ido avanzando, hasta convertirse en parte de una agenda oficial.
Y aunque dejaron protegido el derecho de los médicos de practicarlo o no, la resolución del máximo tribunal de justicia de México borra la soberanía de los estados confederados, cuyas legislaciones locales se tienen que adaptar al nuevo decreto.
Es decir, que ni siquiera nos dieron tiempo a decidir en lo local nada. La decisión es de observancia nacional, pues fue un asunto que se resolvió por más de 8 votos, y la ley indica que siendo así entonces no hay vuelta de hoja. O se cumple, o se cumple. No hay alternativas.
Les comentaba que para el debate desempolvaron una controversia en contra de la legislación local del estado de Coahuila, cuyo código penal declara como un delito la interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación.
La controversia de este caso es vieja. Data desde antes del cambio de la PGR a Fiscalía General de la República. Pero sirvió para el objetivo de legalizar el aborto a escala nacional.
Y ni siquiera fue algún magistrado el que se aventó el trompo a la uña, sino el mismísimo presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien llamó “a reconocer de una vez por todas el derecho fundamental de la interrupción del embarazo”.
Aprovechando que ya se va, pues su cargo es interino y no será reelecto en el cargo -como pretendía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador-, Saldívar recordó y aclaró que ni en la Constitución ni en los tratados internacionales se ha considerado al producto de la gestación como una persona en sentido jurídico susceptible de ser titular de derechos humanos, “por lo que, no se está frente a derechos humanos de dos personas”. ¡Zas!
Un humano en formación en el vientre de su madre es, primero, un “producto”. Luego, como en tiempos primitivos, al ser un “producto” y no una “persona”, no tiene derecho a tener derecho. Es decir, el derecho a la vida consagrado en la Constitución para todo mexicano nacido en suelo nacional, no aplica para ese “producto”.
Así fue como este martes 7 de septiembre, los magistrados sentaran este precedente que impactará en todo el país por efecto dominó.
Saldívar dijo en su proyecto: “La criminalización de que son objeto o la obligación de llevar un embarazo no deseado producen un dolor humano inimaginable, sobre todo en las mujeres que viven en condiciones de marginación económica y social. El tipo de aborto castiga, sobre todo, a niñas y mujeres más pobres, más marginadas, olvidadas y discriminadas en este país; es un delito que en los hechos castiga la pobreza”, sostuvo. Por lo anterior llamó al pleno de la SCJN a “reconocer de una vez por todas, el derecho fundamental de la interrupción del embarazo y darle plena efectividad” con el objetivo de salvaguardar las libertades y derechos de las mujeres.
Y así fue, estimado lector, cómo fue el albazo de la Corte. Los diputados y senadores, así como los congresos locales, ni siquiera se tendrán que embarrar las manos, más que para adecuar el Código Penal. Por cierto, horas después se registró un sismo en la Brecha de Guerrero. El que tenga oídos, que oiga.
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