(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
“Es más fácil ser gobernador que dejar de serlo”. Con esta frase, dicha ayer en el marco de la inauguración de un edificio de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el gobernador Héctor Astudillo resume el dilema de todo gobernante, de cualquier nivel.
Para muchos, viene la nostalgia porque el tiempo se agota. Para otros, la urgencia de hacer lo que no pudieron o aplazaron. Y para otros más, la preocupación por no haber alcanzado las metas.
Esto parece ser el dilema de Astudillo: que el tiempo no le alcanzó para cumplir sus metas. O que los acontecimientos que se vivieron durante este periodo de gobierno impidieron el cumplimiento de esas metas que en el caso del gobernador Astudillo Flores fueron, en primer lugar, orden y paz. Pero en segundo lugar existía la promesa de dejar una entidad en mejores condiciones económicas, sobre todo en materia turística y de empleos, para que el siguiente sexenio fuese de continuidad.
Desde 2015 a la fecha, muchas cosas han sucedido que han servido de oposición. Primero, es verdad que el gobernador recibió una entidad con un boquete financiero de 18 mil millones de pesos, según sus propias palabras. No sabemos cómo procedió respecto de ese boquete, porque no volvió a hacer declaraciones al respecto, pero de acuerdo con las leyes vigentes si no se demanda el asunto y se deja en manos de la Fiscalía, lo que procede es asumir los desfalcos.
En 2017, cuando ya el estado se había estabilizado un poco y parecía que vendrían las grandes obras de desarrollo, se impuso el “gasolinazo”, que consistió en que los diputados federales autorizaron que se le agregara a las gasolinas y el diesel el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual es un impuesto creado en los años 80, para gravar la producción y venta o importación de alcoholes, cerveza, gasolinas y tabacos. Es un impuesto indirecto como el Impuesto al Valor Agregado, IVA, es decir, que los contribuyentes no lo pagan, sino que lo trasladan o cobran a sus clientes.
Posteriormente, durante el gobierno de Ernesto Zedillo ese impuesto se traspasó a otros productos considerados “de lujo”, como autos, perfumes, cremas, shampús, encareciendo aún más la vida en aquellos tiempos del rescate financiero de bancos privados, etcétera.
En la era panista también se abusó mucho de este impuesto, pero fue durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando de plano se pasaron de lanza, pues agregaron el IEPS a cada litro de gasolina y diésel, con lo cual el combustible pasó de 12 pesos a 16 el más barato.
El “gasolinazo” fue una estocada para gobiernos, empresas y ciudadanos. Simplemente no hay manera de reemplazar o amortiguar el gasto que significa la movilización de mercancías y servicios a ese costo.
Enseguida todo se encareció, y el gobierno federal fue omiso ante el reclamo de la gente. ¡Ah!, pero antes nos embaucaron a todos con los XV de Rubí, mientras los partidos del pacto por México, PRI-PAN-PRD, preparaban la estocada.
Desde entonces, todo ha sido sobrevivir apenas para el grueso de la población mexicana, la micro y pequeña empresa. Sobrevivieron y hasta crecieron los mega ricos de este país, porque ahora sabemos que ni siquiera pagaban impuestos, y los que pagaban se los devolvían.
En aquella ocasión, enero de 2017, en su segundo año de gobierno, Astudillo decretó la reducción de sueldos de sus colaboradores hasta el tercer nivel, y eliminó muchos otros gatos.
De por sí había tenido un inicio harto difícil, con la entidad tomada por normalistas en protesta a la masacre de Iguala, así como cetegistas y muchas otras organizaciones aprovechando la coyuntura del caso para sacar adelante sus propias agendas.
Y, por si algo faltara, en 2010 llega la pandemia por Covid-19, que ha hincado a todos los gobiernos del mundo, a familias, empresas e individuos. Y esto es lo de menos, porque muchos no vivieron para contarlo y los que hemos sobrevivido al Covid-19 nada garantiza que no volvamos a contagiarnos.
Se cerraron las playas y con ello vino un golpe sin precedentes al sector turístico de Guerrero del cual parecía que la entidad no se levantaría. Se perdieron miles de empleos. El estado dejó de recibir el impuesto que pagan los turistas del 2 por ciento de hospedaje, y todo a partir de entonces se convirtió en un embudo.
Había que hacer frente a la pandemia, sin tener recursos expresamente etiquetados para ello. El mandatario habla de un gasto de 1,500 millones de pesos, que sumados a los 1,400 millones que le fueron descontados del Fondo de Estabilización, entonces estamos ante un boquete de casi 3 mil millones de pesos.
Por eso dice Astudillo que le está costando más trabajo dejar el gobierno ahora que haberlo ganado en 2015.
Pero como no hay fecha que no se llegue y plazo que no se cumpla, el 6 de septiembre comienza el proceso de entrega-recepción. Lo que se pudo hacer bueno, y lo que no, también. La gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, tendrá que sacar la gata al agua, como decían los viejos.
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