(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Hay todo un escándalo derivado de la investigación acerca de la red de espionaje que mantuvieron por lo menos los dos últimos gobiernos de la República: El de Felipe Calderón Hinojosa que fue el primero en comprar el software de fabricación Israelí para intervenir teléfonos celulares, y obviamente el de Enrique Peña Nieto, en el que se dieron vuelo de espinar no sólo a los personajes públicos tradicionales, sino a gente de todos los estratos sociales, incluidos a los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Esto no es algo nuevo, claro, pero impacta la degradación del gobierno federal, que se dedicó a espiar a todo mundo, incluidos periodistas.
Desde 2017, la entonces PGR abrió una carpeta de investigación tras los reportes periodísticos que afirmaron que el gobierno de Peña Nieto había gastado al menos 32 millones de pesos en el uso de esta tecnología que accede a los dispositivos móviles, una vez que el blanco da clic a un link que recibe vía SMS.
Pero una nueva investigación reveló que hay al menos 50 mil números celulares de activistas, funcionarios y periodistas de todo el mundo vinculados al espionaje a través del programa Pegasus. Al menos 15 mil de ellos son de México.
La investigación se lanzó en varios medios internacionales simultáneamente, autorizados por Forbidden Stories, una organización sin fines de lucro con sede en París. Lo divulgaron el domingo medios como The Guardian, The Washington Post y Le Monde.
El gobernador Héctor Astudillo Flores aparece entre los espiados por el régimen de Enrique Peña Nieto, lo mismo que Manlio Fabio Beltrones y, desde luego, Andrés Manuel López Obrador, todos los miembros de su familia, sus colaboradores y hasta su cardiólogo.
Coincidimos con la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller, en que el asunto se debe investigar hasta sus últimas consecuencias, pues hay graves violaciones a la ley, a los derechos humanos y además se usó dinero público para semejante cosa.
No estamos hablando del trabajo ordinario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ese organismo creado en 1989 durante el Salinato, que viene a ser cosa de juego frente al alcance de Pegasus, pues ya en la era de la tecnología digital ese programa de origen israelí está diseñado para infiltrar a una persona hasta en su intimidad, ya que una vez infectados los teléfonos celulares con algún tipo de mensaje “malware”, se pueden activar hasta los micrófonos de los aparatos y escucharlo todo a control remoto.
Mensajes, chats, correos electrónicos, galería de imágenes, contactos, ubicación, prácticamente todo queda vulnerado de las personas sujetas a espionaje.
Y les comentaba que esto no es de parte del gobierno, algo institucional como lo era el Cisen, organismo que dependía de la Secretaría de Gobernación, sino que estaba (¿o está?) siendo operado por particulares, gente extranjera incluso, que actuaba a pedido del gobierno de Peña Nieto y de Calderón. Desde 2007, Manlio Fabio Beltrones denunció el asunto, pero señaló que el titular de Gobernación, el español Juan Camilo Mouriño, lo visitó para explicarle que no era el gobierno sino “otra gente” la que hacía eso.
Bajo este método se espió a activistas, periodistas y políticos.
La Fiscalía General de la República ya está investigando e informó ayer que el Ministerio Público realizó una investigación de contratos suscritos por Tomás Zerón,en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), durante la administración anterior.
Se realizaron cateos periciales en la empresa KBH TRACK, administrada por Víctor “R” y cuyo propietario ciudadano israelita Uri Emmanuel “A”, huyó del país hace más de dos años
Quedó demostrado plenamente que la empresa israelí NSO Group, propietaria del software Pegasus, utilizaba a la empresa operadora mexicana, que realizaba el espionaje telefónico “para diversos solicitantes no identificados plenamente para efectos judiciales”, detalló la dependencia.
En el caso de Tomás Zerón, quien se encuentra en Israel sujeto a un proceso de extracción, la información correspondiente a este caso se le hará llegar al Gobierno de dicho país, por los canales procedentes, señaló la FGR.
Otra mancha más la tigre del creador de la “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa, y la posterior infiltración de los teléfonos de los padres de los normalistas desaparecidos.
De verdad que da miedo considerar que esa maquinaria esté aún en marcha y que este gobierno no haya podido desmantelarlo.
Tenemos un motivo más, amable lector, para acudir este 1 de agosto a las urnas, para votar por la investigación de hechos como estos de parte de los ex presidentes de la República y de todo ex funcionario.
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