(Misael Tamayo Hernández, in memoriam)
El gobernador Héctor Astudillo informó ayer que el mes de marzo es uno de los menos violentos de los últimos tres años, al registrarse 120 homicidios, comparados, por ejemplo, con los 191 de enero de 2018.
De hecho, marzo es el tercer mes en que se registra una reducción de homicidios violentos en lo que va de 2019. Esta reducción comenzó desde el mes de enero y coincide con la llegada al poder del nuevo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, con quien el gobernador Astudillo afirma que está trabajando de manera coordinada en materia de seguridad.
Todavía en el mes de diciembre se registraron 154 muertes violentas en Guerrero; 167 en noviembre y 159 en octubre, para abarcar el periodo de los nuevos gobiernos municipales.
El promedio estatal durante todo 2018 fue de 165 casos por mes, aunque todo 2017 fue terrible, racha que abarcó hasta el primer trimestre del año pasado, luego de lo cual comenzó una reducción importante que, sin embargo, se mantuvo en los 150 asesinatos, salvo el mes de agosto, cuando se registraron 148 decesos violentos.
El homicidio, si bien no es el único referente de violencia en Guerrero –porque falta revisar asuntos de secuestro, extorsiones, desaparición de personas, etcétera-, sí es el de mayor impacto.
¿A qué se debe la disminución de homicidios? Definitivamente tiene que ver con el reforzamiento de la seguridad en Acapulco, donde ya operan desde hace tiempo grupos de lo que será la Guardia Nacional.
Al ser Acapulco el municipio donde más delitos de este tipo se comenten, es obvio que al reforzar la seguridad el impacto fue global, lográndose la reducción de 3 por ciento, dijo el mandatario estatal.
Se espera que tras la puesta en marcha de la Zona Prioritaria Chilpancingo, por parte de los tres órdenes de gobierno, se pacifique la capital del estado y los municipios de Zumpango y otros del filo mayor, como Tlacotepec, donde la violencia azota a tal grado que cientos de familias han tenido que dejar sus propiedades y estuvieron protestando frente al Palacio de Gobierno en la Ciudad de México, en demanda de garantías para volver a sus tierras.
A diferencia de lo que había sucedido con otros desplazados –fenómeno que comenzó a registrarse desde el gobierno de Ángel Aguirre Rivero-, esta vez los pobladores del Filo Mayor exigieron que las autoridades asumieran su responsabilidad y actuaran contra los grupos que se disputan la zona, colocando a las familias en una constante persecución, hasta que se vieron obligados a dejar sus hogares para salvar la vida.
Recordemos también que un grupo delincuencial del Filo Mayor había amenazado con incursionar en Chilpancingo si no se detenía a uno de sus adversarios, quien por cierto estaba como representante de los desplazados en México, y quien se defendió diciendo que el verdadero conflicto en la sierra no era propiamente la siembra de amapola, sino un proyecto minero que está por ser desarrollado.
Son 600 elementos (400 policías militares y 200 policías federales) los que se esforzarán por frenar la violencia que está afectando a Chilpancingo, pero que fluye desde la Sierra, pues los grupos que se disputan esa parte, se pelean por la capital con los que están en la Montaña baja, convirtiendo desde hace años a la capital del estado en una ciudad violenta.
Ojalá que la estrategia funcione y se adopte algo parecido para Chilapa y la región de la Montaña, donde también los pueblos están desde hace años a merced de por lo menos dos grupos delincuenciales, que mantienen a la zona indígena asolada.
Siempre hemos dicho que la paz de México pasa por Guerrero. Si el gobierno federal, en coordinación con el estado y los municipios, logra pacificar esta entidad, habrán avanzado mucho en la paz del país.
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