SOS COSTA GRANDE
(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
El programa Prospera, que se llamó Oportunidades en la era panista, y Progresa durante el gobierno de Ernesto Zedillo -que lo creó-, era el más longevo de todas las estrategias de desarrollo social que se tenían en el país.
Nació como un programa de inclusión social, y abarcaba aspectos de salud, educación y asistencia a madres jefas de familia, a fin de garantizar la subsistencia de los más desfavorecidos.
El Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) inició el 8 de agosto de 1997 con una cobertura de 300 mil familias en el ámbito rural. Posteriormente a principios de 2002, ya en el gobierno de Vicente Fox, se atendía a 2.4 millones de hogares, de los cuales, dos terceras partes eran de comunidades indígenas. Ese mismo año, Progresa se transforma a Oportunidades y aumenta su cobertura a los 32 estados del país, alcanzando así los 4.2 millones de hogares atendidos. Los beneficios para las familias aumentaron, ya que las becas educativas, que al principio eran únicamente para educación básica, se ampliaron a educación media superior.
Oportunidades se mantuvo con el mismo esquema durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y en los dos primeros años de Enrique Peña Nieto, fue el 5 de septiembre de 2014, a través de un Decreto Presidencial, que Oportunidades se fortalece y se transforma en Prospera Programa de Inclusión Social, cuyo objetivo es “articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el fomento productivo, la generación de ingresos, el bienestar económico, la inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud, dirigidas a la población en situación de pobreza, bajo esquemas de corresponsabilidad que les permitan a las familias mejorar sus condiciones de vida y asegurar el disfrute de sus derechos sociales y el acceso al desarrollo social con igualdad de oportunidades”.
Bueno, así decía la publicidad del sexenio que recién terminó. Este programa tan grandilocuente, que fue diseñado como un programa de excelencia y para abatir la pobreza y la inequidad, mismo que ganó premios internacionales y fue copiado por decenas de países, en realidad pronto se convirtió en un nidal de corrupción, simulación e impunidad.
Viene a colación esto, porque los empleados de Prospera anunciaron ayer que perderán sus empleos, porque aunque habrá recontrataciones, ciertamente se hará una selección. Son alrededor de 260 empleados de Prospera los que están en este momento en la incertidumbre laboral, porque al desaparecer el programa desde diciembre, para dar paso a los programas de Bienestar, en todas sus vertientes, obviamente viene una nueva estructura.
¿Cuáles eran los excesos de Prospera, a lo largo de 22 años? Primero, que los empleados eran operadores políticos del PRI o del PAN, lo mismo que las vocales. También, los jefes de las jurisdicciones sanitarias y los directores de clínicas.
Se obligaba a las beneficiarias a acudir a marchas de la salud, mítines políticos y hasta a votar por un candidato. De no ser así, se le daba de baja.
Muchas quejas hubo en el sentido de que las becas eran condicionadas por la vía política. Había también mucho maltrato de parte de médicos y profesores, así como un férreo control de las vocales. Éstas pedían cooperaciones para alimento y viáticos de los doctores y enfermeras de las clínicas. Y se les amenazaba con quitarles los programas si no cooperaban.
Las vocales afiliaron y protegieron a familiares y amigos que no necesitaban de este programa. Se encontraron en las listas a maestras, a empresarias, a políticas, a dueñas de tres camionetas del año y a miles de familias fantasmas.
Las vocales cobraban por los trámites realizados y hasta viáticos. Los médicos cobraban por certificados de salud de adultos mayores, para evitar una falta, cuando estos estaban hospitalizados o enfermos en su casa. También corregían faltas a cambio de un apoyo económico.
Miles de familias, de las más pobres, fueron dadas de baja por no tener dinero para pagar cien pesos para eliminar una falta. Los apoyos económicos no llegaban o ya llegaban con moche, se quedaba con los intermediarios. Se les decía que en este mes no llegaron los recursos, o que nomás había llegado la mitad, pero era cobrado por otros.
Había una descarada retención de apoyos, y los beneficiarios perdían en promedio dos meses cada año. Mediante bajas falsas por varios meses, sus apoyos eran robados, en complicidad con empleados de Bansefi.
Se obligaba a sus beneficiarias a realizar trabajos denigrantes y peligrosos, tales como el aseo dentro de la misma clínica, recoger placentas, limpiar vómito, heces fecales, objetos punzocortantes y áreas de aislado, sin capacitación, sin guantes ni mascarillas. Las obligaban a hacer limpieza de calles con el sol encima; o limpieza de ríos sin botas ni guantes.
Se estima que este programa se utilizó para el desvío de recursos, hurtando más en municipios con más pobreza. Hoy, todo esto está desmantelado.
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