(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
En medio del fragor de las campañas políticas en Guerrero, estamos pasando por alto temas importantísimos a escala federal, como es el caso de la suspensión de la aplicación de la Reforma Eléctrica por parte de un juez, otorgada a petición de empresas privadas, y que puso a contrapelo la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial del país.
Mucho se critica que el presidente no puede cuestionar lo que hagan los miembros del Poder Legislativo, y mucho menos pedirle al Consejo de la Judicatura Federal que revise la actuación del juez que otorgó el amparo a las empresas litigantes en contra del gobierno federal.
En redes sociales se atienen a que la mayoría de los mexicanos somos ignorantes de los principios de legalidad y justicia, pero sobre todo del principio de “beneficio colectivo”, que sí existe y debe respetarse, aunque obviamente los que entregaron nuestros recursos naturales a las compañías extranjeras lo quieran obviar, al grado de que dicen que la reforma eléctrica que promovió el presidente y que aprobaron las dos cámaras del Congreso de la Unión, es inconstitucional.
Partamos, primero, de que los jueces, si bien son autónomos y gozan de independencia, también son susceptibles de ser sujetos a procedimientos administrativos disciplinarios, algo de lo que se encarga el Consejo de la Judicatura Federal.
En el caso de la petición de AMLO a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hizo mediante una carta a su presidente, lo cual no implica para nada que le esté dando órdenes, sino que tenga a bien revisar la actuación del juez que otorgó la suspensión de la reforma.
Y finalmente, ayer en su conferencia mañanera, el presidente tomó el atajo de una nueva reforma constitucional, para hacer que la reforma eléctrica quede en el marco legal que jamás debimos perder.
Obvio, a partir de ahí los opinadores profesionales del viejo régimen, comenzaron a señalarlo de ser el protagonista La Ley de Herodes, el tal “Varguitas”, por cambiar la Constitución a modo.
Se observa que como pueblo nos han robado la voluntad, al grado de que ni siquiera sabemos discernir entre lo que es bueno para nosotros y lo que es malo.
AMLO lleva días exponiendo que las mineras canadienses, por ejemplo, de las que Guerrero está plagado, ni siquiera están pagando impuestos, además de que pagan sueldos miserables y dañan con sus actividades extractivas el medio ambiente.
También se anunció que las minas de Litio del norte del país, de las cuales los mexicanos no estábamos enterados hasta que llegó AMLO al país, ya están concesionadas a empresas extranjeras, que cotizan en la Bolsa de Valores, y dado que se trata de un elemento de consumo mundial para la fabricación de baterías de todo tipo, esta semana el Litio aumentó su precio para sin que eso se refleje en ningún beneficio para nosotros, los mexicanos, porque nuestro “oro blanco” se lo están zampando los extranjeros, a cambio de dejarnos ruina, miseria, desolación y devastación, todo esto avalado y tolerado por ministros y jueces, quienes en lugar de proteger al pueblo mexicano, aplicando el principio del bien común actúan a petición de parte.
En respuesta, ayer, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó iniciativas que buscan limitar las actividades de los ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y propusieron que se les pueda quitar su pensión, si es que deciden dedicarse a otra actividad tras su separación del cargo.
Los legisladores morenistas, además, están proponiendo prohibir que los juzgadores otorguen amparos contra leyes que afecten el bien común. O sea, que por fin los jueces estarán obligados a no ver los intereses de sus clientes, sino de la población afectada.
Cito al abogado Adrián Valente Olea: “Previo a conceder la citada suspensión, es necesario que con ello se evite perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, acorde con el artículo 128 de la ley de amparo citada, debiendo considerarse que se produce afectación al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando, entre otras cosas, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes”. ¿Qué tal? Más claro ni el agua.
También concluye que “Los jueces en términos de la fracción III del artículo 116 de la Constitución General de la República, son autónomos e independientes; empero eso no impide que los puedan sujetar a procedimientos administrativos disciplinarios, si se demuestra desviación de la legalidad en sus decisiones y no ser sólo suspendidos, sino también destituidos”.
Pues a darle, a dejar el lavado de cerebro que nos hicieron los que cambiaron nuestra Constitución para enmarcar sus reformas “de gran calado”, decían, para quedar bien con sus amigos, dejando al pueblo mexicano en ruinas y, lo que es peor, sin opciones.
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