(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Afortunadamente el programa de fertilizante queda fuera del control del delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Sandoval Ballesteros, porque es un problemón que terminó por tronarle ya en las manos al secretario del ramo, que ha venido haciéndose como el tío Lolo en estos últimos cuatro meses, cambiando de opinión y retrasando las reglas y los lineamientos del programa.
El resultado es que ya casi es abril y apenas están con la organización de los padrones, porque aunque habían decidido que para entregar el fertilizante se tomarían en cuenta los listados que se tienen a nivel federal de lo que antes era Alianza para el Campo, en realidad lo que afecta radicalmente a los productores son las reglas de operación, que son muy estrictas, pues no se está tomando en cuenta a los arrendatarios, que son los que rentan tierras para cultivar, y tampoco a los que tienen tierras comunes.
Por lo tanto, en la última reunión que tuvo el encargado del programa federal, con el gobernador, los alcaldes y el delegado Pablo Sandoval, así como los representantes de las organizaciones de productores, se aclaró que el diseño federal ahorca a muchos, y que la mitad del padrón que venía manejando el estado quedaría fuera.
Fue ahí que se determinó relajar las reglas de operación, y que los arrendatarios de terrenos presenten su contrato de arrendamiento, con el croquis del terreno que están rentando para cultivar, y que este documento sea certificado o avalado por el síndico procurador o secretario general de cada ayuntamiento.
De esta manera, aunque se pretendía que ni el gobierno del estado ni los ayuntamientos metieran mano en el programa del fertilizante, pues ahí tienen. Se les enredó la madeja de tal modo que no hallan la punta. En medio de amenazas de manifestaciones y de quejas de los productores, los del gobierno federal y concretamente el encargado del programa, que ni conoce Guerrero y mucho menos a sus productores, dobló las manos y tuvo que recurrir a lo que han manejado el programa por 25 años.
Ni siquiera tendrán que ir a un notario público, porque eso, además de costoso, sería muy tardado para los productores pobres y los que viven en zonas aisladas. Basta ir a la sindicatura de su municipio, para certificar las parcelas que estarán cultivando, para recibir el insumo.
El gobierno federal, ya con el tiempo encima, decidió relajar al máximo sus reglas de operación, que entre otras cosas señalan que aquellos productores que reciben beneficios de otros programas federales, ya no tendrían acceso al fertilizante.
Lo único que se sigue conservando es que la parcela que se inscriba para el programa, sea propia o mediante renta, se tendrá que geo-referenciar, porque la intención es registrar las tierras, no tanto a los productores, para ir controlando los excesos, que son muchos y muy costosos.
La buena noticia es que el programa se trabajará ahora con base en 3 paquetes, que se estarán recomendando y distribuyendo según el tipo de suelos.
La empresa encargada de proveer el fertilizante es la empresa con razón social Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Rural (SADER).
Esta empresa realizará la entrega de tres diferentes paquetes, de acuerdo al tipo de suelo, y será para una hectárea: el paquete uno incluirá 2 bultos de Urea, 2 de Fosfato Diamónico (DAP) y un biofertilizante. El paquete dos, 3 bultos de DAP, 3 de Sulfato y biofertilizante. Mientras que el paquete 3 será de 2 bultos de DAP y 4 de Sulfato.
Además, informaron que no serán sólo 81 centros de distribución, uno por municipio, sino que serán 100 centros de distribución los encargados de realizar la entrega de este insumo, los cuales estarán instalados en puntos estratégicos y de fácil acceso a los productores.
Con eso se resuelve el problema del fertilizante, que tiene en ascuas a los productores de granos básicos en Guerrero. Esta experiencia, hay que decir, servirá de programa piloto para que el gobierno federal lo aplique a varios otros estados, sobre todo del Sureste mexicano, donde se tiene al mayor número de productores pobres.
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