(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Por fin, a los esfuerzos de la alcaldesa Adela Román Ocampo para poner orden en las playas de Acapulco, se sumó el gobernador Héctor Astudillo Flores, y se tomó el acuerdo de regular a los negocios establecidos en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que por ser precisamente zona federal, sus concesionarios hacen lo que quieren.
Realmente la Zofemat es un caos, no sólo en Acapulco, sino en toda la franja costera de Guerrero, y me atrevo a decir que es así en todo el país.
La injerencia del municipio y del estado es despreciada, y ni siquiera las delegaciones de organismos como Profepa o Semarnat, intervienen, provocando el deterioro permanente que observamos en esas áreas que se concesionaron a particulares, pero de las que depende, con mucho, el desarrollo de los puertos y las zonas turísticas.
Y ni siquiera estamos hablando de un asunto debidamente regulado por la autoridad federal. La mayoría de los que operan en la Zofemat carecen de la concesión correspondiente y, por lo tanto, operan en la ilegalidad.
Si a eso le agregamos que se niegan a someterse a la regulación de cualquier autoridad, ya podemos entender el caos que han propiciado.
En esta condición caen no sólo los vendedores ambulantes, sino la mayor parte de los negocios establecidos en la franja federal, que precisamente por estar fuera de la jurisdicción municipal y/o estatal, ni siquiera pagan impuestos locales.
Pero, sobre todo, ignoran a las autoridades en casi todos los rubros, pero demandan todos los servicios: agua, seguridad, recolección de basura, alumbrado.
Vuelvo y repito que eso no se da únicamente en Acapulco. También en Zihuatanejo se tienen problemas de esa índole, pero sobre todo en las playas que aún están en proceso de desarrollo, en el resto de los municipios, tanto de Costa Grande como de Costa Chica.
Aunque los alcaldes presumen en el discurso los centros turísticos de sus municipios, en corto reconocen que se niegan a todo y exigen de más. Por ejemplo, no pagan las licencias comerciales. Tampoco colaboran para ningún tipo de mejoramiento en sus comunidades, a pesar de que el municipio es directamente para ellos. No pagan tampoco el impuesto predial, porque ellos están en zona federal. Mucho menos pagan el impuesto de hospedaje, que es para la hacienda pública estatal.
Eso en cuanto a su regulación como contribuyentes. Falta revisar la generación de basura, la invasión de áreas naturales como lagunas, esteros, barras, la contaminación por aguas negras, algo que se nota sobre todo en playas emergentes, donde la gente se va incluso a vivir en esos lugares, y desechas sus aguas negras a los manglares, de modo que cuando la gente llega a esos sitios, apesta a drenaje.
Lo peor, es que sus pozos de donde toman agua para lavar la loza de sus cabañas, está cerca de esas descargas.
La basura la queman porque no siempre llega el carro recolector del municipio, y ellos mismos no se organizan para tener su propia camioneta que recoja los desperdicios, entonces la queman o solamente la van depositando en lugares a lo largo de las carreteras de acceso, provocando tiraderos al aire libre.
La alcaldesa de Acapulco comenzó a regular todo esto, pero se echó encima a la gente, tanto a la que está organizada como a la que anda por su cuenta, y por eso la atinada intervención del gobernador.
La verdad es que el ejercicio que ya comenzó en Acapulco debe trasladarse a otros lugares, al resto de los municipios con vocación turística, para que aprovechando las restricciones por Covid-19, avancemos en estos otros aspectos.
Que de algo haya servido la pandemia.
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