(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Las expectativas para 2021 no son favorables. Eso ya lo sabemos. Si este año logramos salir un poco adelante con lo que se tenía, lo que viene será peor, porque ya no habrá casas de narcos que subastar, ni tesoros escondidos, ni decomisos, ni adeudos en impuestos que cobrar.
Es decir, que 2021 será de pobreza extrema, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno de la República, que no contratará deuda para ayudar a la reactivación económica, aunque eso no evitará que la deuda crezca, cabe aclarar, pues tan sólo por el tipo de cambio del peso frente al dólar, automáticamente los intereses de deuda y la deuda misma también aumentarán.
En la costumbre nuestra, pareciera que los préstamos son la única alternativa para continuar como nación, pero López Obrador está forzando acuerdos internos entre los sectores productivos, sindicatos y gobiernos, para frenar esa receta que tampoco ha funcionado en el futuro, pues parece una receta fácil para ir saliendo de apuros, pero que a la larga se convirtió en una trampa.
México adeuda 12 billones de pesos a organismos financieros internacionales, dinero que pocos sabemos que pertenece a alguien más, o que el dinero que manejan esos organismos en realidad tiene dueños y son un puñado de súper-extra-archi-millonarios.
La intención de AMLO es dejar de ser carne de cañón de gente como los Rockefeller, Soros, entre otros, y más bien aprovechar el dinero que se tendría que pagar en intereses para inversión nacional.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a finales de junio, la deuda pública de México alcanzó los 12 billones 73 mil millones de pesos. Esto supone un incremento porcentual de 10.6 en un año. Es decir, que la deuda va aumentando a ese ritmo año con año, tan sólo por los cambios de valor de nuestra moneda, y en ese mismo ritmo aumentan los intereses.
Este año, se espera que la deuda alcance los 55.4% puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, que 55 de cada 100 pesos que México tiene de ingresos por las diversas actividades productivas, se tienen que destinar para el pago de los intereses de la deuda.
Explicado así, con manzanitas, se entiende la posición del presidente para no pedir más dinero prestado, y su posición para que México salga adelante con lo que tiene -que no es mucho-, aunque ello implique la pérdida de muchos negocios y, por lo tanto, de miles de empleos.
Esto sería como un daño colateral.
En contra parte, AMLO y los grandes empresarios del país llegaron al acuerdo de impulsar un plan de recuperación económica, tras la pandemia de Covid-19, y están por presentarlo.
De parte del gobierno, sin embargo, sólo existe la promesa de no incrementar impuestos. Los empresarios, por su parte, tendrán que hacer los ajustes correspondientes y meter de su bolsa si desean recuperarse.
Pero no olvidan que la recuperación de los negocios de este país, dependerá, en gran medida, de la recuperación del consumo. Pero si la gente no tiene dinero para gastar, simplemente no habrá tal recuperación.
Al contrario, los bancos se preparan para traspasar su deuda a despachos de cobranza, porque la previsión es que muchos de sus tarjeta-habientes caerán o ya cayeron en cartera vencida.
No sabemos de qué nivel es la cartera de los bancos, sólo sabemos que para muchos será impagable, porque no tienen empleo, o porque el que tienen es insuficiente para cubrir los gastos de subsistencia, pues hay que reconocer que en medio de la pandemia los acaparadores de alimentos y medicinas hicieron su agosto, causando una burbuja inflacionaria que nadie paró.
Por todo esto, más allá de los amores y desamores hacia el presidente, como pueblo tenemos que hacernos a la idea de que la austeridad será mayor, que los estados y municipios también lo resentirán, y que todo dependerá de lo que como empresarios hagamos y dejemos de hacer.
Si no hay empresa, señores, no hay pago de impuestos. Tampoco hay empleos.
Falta por saber qué incluye el plan de los empresarios, y si este plan involucra a la micro, pequeña y mediana empresa, o solamente a los grandes consorcios del país.
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