(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
El cambio en la administración portuaria y aduanal del país fue tan radical, que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, tuvo que renunciar por no estar de acuerdo en lo que él llamó la “militarización” de este sector.
La verdad es que esto no es nuevo, ya se ha hecho en otras épocas, y con muy buenos resultados. Incluso en el gobierno de Peña Nieto la administración portuaria estaba en manos de almirantes de la Marina, y nadie puede negar las fallas, pero actualmente estamos peor.
A un año y medio de su gobierno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se dio cuenta que algo andaba mal en este sector, pero no por su titular -démosle el beneficio de la duda- sino por la red de corrupción enquistada en la SCT, algo que es vox populli en este país.
Y como ejemplo de ello tenemos los puertos marítimos nacionales, sobre todo los del Pacífico, que se han convertido en la puerta de entrada del Fentanilo, una droga sintética que por su bajo precio desplazó a la amapola y sus derivados, pero con gravísimos daños a la salud pública, por los efectos adversos en los consumidores.
Para nadie es un secreto que el Fentanilo chorrea desde Asia por los puertos marítimos mexicanos, sobre todo el de Manzanillo, Colima, estado que llegó a ser uno de los más violentos del país, pero obviamente no es el único punto de embarque.
En cada puerto se tiene una Administración Portuaria Integral (API), la cual era manejada por civiles, y se encargan del comercio internacional, que implica el cobro de impuestos, pero también del control del contrabando de todo tipo.
En un ambiente natural, no habría problemas que fuesen civiles los que lo manejaran, expertos en comercio internacional y esas cosas. Pero siempre se ha sabido que los puertos y las aduanas son el talón de Aquiles de la guerra contra el narcotráfico; y, por lo tanto, se requiere de algo más que un administrador y experto comercial en esos puntos; se requiere de la presencia de una policía avezada, entrenada y con experiencia en el modus operandi de los contrabandistas de todo tipo de mercancías, no únicamente drogas.
La Marina hace tiempo que venía pidiendo mayor injerencia en los puertos marítimos, que son su escenario natural de acción. Al contrario, se le mandó a tierra, dejando ese gran portón abierto en los dos litorales, el del Atlántico y el del Pacífico.
Desde la salida de Javier Jiménez Espriú, el presidente comenzó a hacer cambios en las API’s. En Lázaro Cárdenas será el almirante José Luis Cruz Ballardo (quien, paradójicamente, había estado en esa responsabilidad el sexenio pasado, pero fue removido por Jiménez Espriú cuando había comenzado a tener ciertos avances).
En la API de Manzanillo quedará a cargo el almirante Salvador Gómez Meillón.
En el resto, el secretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, será quien recomiende a los demás encargados de las API’s del país.
Por fortuna, el presidente ha demostrado que es el hombre mejor informado del país, y que está tomando decisiones que, aunque no les gusten a sus subordinados, no pueden aplazarse.
La militarización de las aduanas terrestres también es crucial. Ya ayer se anunció el decomiso de 20 mil cartuchos que una mujer que conducía una camioneta intentó introducir al país. Nótese la descarada actuación de los contrabandistas de armas, y no es casual. Lo cierto es que nada de eso fuera posible si en las aduanas no tuvieran contactos que les permitieran ese tipo de acciones.
Bien por los cambios. Los nuevos administradores tendrán que dar cuentas claras.
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