(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
La Fiscalía Especial del Caso Ayotzinapa está en condiciones de judicializar el caso, tras 15 meses de investigaciones, lo que incluye los datos que aportó la Comisión Especial que encabezó Alejandro Encinas.
Básicamente, la verdad histórica que cifró el gobierno de Enrique Peña Nieto se cae, aunque se conserva una verdad terrible: Los muchachos sí fueron quemados, sólo que los sacrificaron en diferentes partes de la entidad. Y posiblemente durante los días de búsqueda, no en la misma noche de su desaparición.
No fueron quemados en el basurero de Cocula, al menos no todos. Ahí, sí se localizaron restos óseos, pero no hay evidencias de que todos pertenezcan a los estudiantes normalistas.
Al contrario, un nuevo hallazgo revela que a 800 metros del basurero de Cocula, en un lugar identificado como Barranca de la Carnicería (lo cual sugiere que era uno de los sitios favoritos de los sicarios de Guerreros Unidos), también hubo una ejecución e incineración de cadáveres.
En ese punto se encontraron múltiples restos óseos, y uno de ellos es coincidente con las pruebas de ADN del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, originario de Tixtla. La prueba forense fue realizada en la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria, y debidamente cotejada por otra institución.
El día 4 de julio se le notificó a los padres de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre el deceso de su hijo, y las condiciones en que murió.
Luego, este martes, el fiscal del caso anunció la evidencia, a días de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó de la solicitud de decenas de órdenes de aprehensión en contra de personas y funcionarios de Guerrero.
Aunque no se dijo cuáles funcionarios estarían involucrados en el caso, estos van desde el nivel municipal, hasta el nivel estatal y federal, incluyendo a los militares.
Se cae con ello también el pacto de silencio y de no agresión que seguramente se hizo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para no inmiscuir a más alcaldes, policías, directores de Seguridad Pública, jefes policiacos federales y militares, y desde luego al procurador local, al jefe de la policía ministerial y al jefe de la policía estatal, por mencionar a los que estaban encargados de la seguridad del estado.
El fiscal especial menciona que participaron en la desaparición de los estudiantes las policías de Taxco, Tepecoacuilco, Huitzuco, Iguala y Cocula, con el apoyo de policías federales.
También establece que los muchachos fueron llevados por distintas rutas, divididos en grupos y sacrificados en diversos puntos.
La ruta de Huitzuco, por ejemplo, que ya había establecido el grupo especial internacional que hizo una investigación paralela, se comprueba, pero lo que está por determinarse es silos muchachos llegaron realmente a este municipio, o el convoy de patrullas municipales que los llevaban se desvió a algún punto.
El crimen de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue, a todas luces, un crimen de Estado. Además, es un caso de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
La verdad histórica nunca fue verdad, salvo por el hecho de que los quemaron. Y tampoco fue verdad el hecho de que todo fue un asunto entre bandas criminales, sino que fue una acción orquestada entre criminales y gobernantes.
En resumen, los próximos 3 meses serán cruciales en el esclarecimiento de este caso que enlutó a México, y que colocó al gobierno de la República en una posición escandalosa, como violador de los derechos humanos.
Y una de las principales promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, se habrá cumplido.
Por el bien de Guerrero, que así sea.
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