(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Hablemos un poco de la decisión que tomó el presidente para regular el sector eléctrico, sobre todo en cuanto a la producción de “energías limpias” se refiere.
Visto a vuelo de pájaro, parece un exceso el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenece), para impedir el acceso de las nuevas plantas de “energías limpias” que están en proceso de construcción, al Sistema Eléctrico Nacional, con lo cual la CFE se vería obligada a comprarles el fluido que produzcan.
Este “frenón” cayó como un ladrillazo a empresas privadas que, aprovechando la apertura del sector, tienen amplios planes de inversión, en la producción de energía eólica, por ejemplo, o energía solar, para inyectarlo directamente al fluido de la CFE.
Es como si el gobierno federal no quisiera que el país transitara hacia este tipo de energías, y quisiera mantener los viejos esquemas de termoeléctricas e hidroeléctricas.
Entonces, todo esto ha desatado gritos estentóreos de empresarios, ecologistas, periodistas, que señalan cómo el presidente se atreve a apostarle a la vieja forma de producir electricidad, cuando ya el mundo se encamina a las energías limpias.
Pero como decía mi padre, el diablo está en los detalles. Revisándolos, nos damos cuenta que no existe nada sano detrás de ese esquema, pues no se trata de una competencia natural, en donde los inversionistas arriesgan su dinero en la creación de empresas productoras de energía, que luego le venden a la CFE a precios competitivos. O bien que crean sus propias redes y tienen su propio mercado.
Todo lo contrario, el esquema diseñado desde la era panista y que se afianzó con Enrique Peña Nieto, es parecido al de las obras público-privadas, en donde el gobierno entrega nuestro dinero a los inversionistas privados, para que creen empresas que pasan a ser su patrimonio, que a su vez producirán algo que luego le vendrán al mismo gobierno.
Pero esto no para ahí. En el caso de las empresas productoras de “energías limpias”, prácticamente se les entregó el sector en charola de plata, pues se les dan subsidios millonarios de parte del gobierno federal, hasta por 160 mil millones de pesos por año, tan sólo por dedicarse a ese rubro.
Pero, además, ellas tienen libertad de tener sus propios clientes consumidores de energía eléctrica, pero se las surten usando las redes de la CFE.
Lo que es peor, las empresas pueden tener un cliente por ejemplo en Sonora, pero la energía la producen en Oaxaca. Entonces la CFE está obligada a surtirle la energía a ese cliente, sin que a la empresa le cueste el traslado del fluido.
Y, lo más grave, es que todo está diseñado para que la CFE deje de producir electricidad, para garantizar la compra del fluido de las empresas privadas, porque hemos de saber que las redes tienen determinada capacidad, y no se le puede sobrecargar, so riesgo de colapsar el sistema. No podría la CFE producir su propia electricidad, y al mismo tiempo meterle a su red la de las empresas privadas.
Esta es la razón por lo que la CFE dejó de producir electricidad en sus plantas, y también es la razón de por qué se nos ha venido encareciendo el recibo de luz, porque sencillamente un alto porcentaje de la energía que se consume en el país, ya no es de la paraestatal, que por su parte fue achicándose.
Luego entonces, es aplaudible la decisión de AMLO de regular todos estos aspectos, y que dejen de cargarnos a los consumidores ese paquetito que se le entregó envuelto como regalo a las empresas privadas.
Con el paro económico por la pandemia de Covid-19, todo se agravó, pues al no tenerse el mismo consumo de energía, las empresas exigen que se les siga pagando tanto el subsidio como también se le siga comprando su energía. Y eso implicaría que la CFE prácticamente no produzca nada y se paren sus plantas.
Ese privilegio les dio Enrique Peña Nieto al subscribir el programa de Despacho por Orden de Mérito, que significa que quien entra primero a la red de transmisión y distribución de energía son los productores privados.
En resumen, quienes no dejan de ganar son las empresas privadas y quien pierde es la CFE, explicó la diputada Dolores Padierna. ¿Qué tal?
Pero nada de esto nos explican los que con cajas destempladas señalan que AMLO trae una política antiecológica, cuando no se trata del medio ambiente, sino de enriquecimiento ilícito, a costa de entregar el sistema eléctrico nacional, tal como hicieron con Pemex.
Urge regular. Y encontrar un esquema equitativo. Hay que producir energías limpias, pero sin que esto implique el sometimiento ni del gobierno, ni del pueblo a los caprichos empresariales.
Podemos comenzar por los gobiernos municipales, que produzcan su propia electricidad mediante huertos solares y/o eólicos, y que se la entreguen a la CFE para que dejen de pagar los recibos de alumbrado público. Esto sí nos beneficiaría, porque actualmente a los consumidores nos cargan el cobro del Derecho de Alumbrado Público, algo ilegal y oneroso.
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