SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Una de las promesas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue la reducción paulatina de las tarifas de electricidad y el precio de las gasolinas, el gas y el diésel, a sabiendas de que es el sector energético el que mueve la planta productiva del país, que hoy está dependiendo casi exclusivamente de las importaciones de Estados Unidos y, en el caso de la energía eléctrica, de la producción de empresas extranjeras que se beneficiaron con la apertura que se hizo desde el gobierno de Felipe Calderón y que continúo con mayor agresividad con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Para consumar esto, tuvieron que debilitar a la CFE, que era una empresa competitiva y que producía la totalidad de la energía que necesitaba el país, a menor precio. Hoy, lo que fue una empresa “de clase mundial”, no es ni la mitad que antes de la docena trágica panista tuvimos. Porque aunque con altos niveles de corrupción, la verdad es que aun así la CFE estaba entre las mejores del mundo, muy lejos de lo que hoy se tiene.

La óptica que privó durante la era panista y el gobierno del Nuevo PRI, fue la de beneficiar a grandes consorcios nacionales y extranjeros, que producen electricidad en el suelo nacional, pero que le venden al mismo gobierno, a la misma CFE, y que además exigen subsidios y usan las instalaciones nacionales.

Estas empresas operan bajo el esquema de Productores Independientes de Energía (PIE), que se creó para derrumbar, dijeron, el monopolio de Estado que antes teníamos. Pero sólo producen y tienen la compra de su producción asegurada, no distribuyen a particulares. En resumen, todo es ganancia para ellas. Por ejemplo, en 2014 la CFE pagó a estas empresas 38 mil 101 millones de pesos. Y en 2017, pagó más de 55 mil 554 millones de pesos, algo que representó un incremento del 45.83 por ciento.

De manera global, del 2000 al 2017 la CFE pagó a los PIE, 320 mil 857 millones de pesos. Y lo peor: la CFE asumió el compromiso de comprar electricidad por un periodo de 25 años más, lo cual representa más de 1 billón 913 millones de pesos. ¿Qué tal?

El resultado de esta política entreguista es desastroso: tarifas de luz cada vez más caras, y el abandono de la paraestatal a propósito, para beneficiar a unas cuantas empresas particulares, pero en detrimento de la población, que tiene que cargar el costo de la corrupción, la impunidad, y la apertura agresiva económica en su máximo nivel en un sector que no se justificaba.

Pero esto no es lo único que aqueja a la CFE. Para colmo, lo poco que queda de ella (50 por ciento de lo que antes fue), está sometido a presiones graves de robo de electricidad de empresas y gobiernos. No estamos hablando sólo de los diablitos que jalan los pobres en las colonias populares de las grandes urbes, o en zonas donde las redes son deficientes, sino de robos a gran escala de energía y que suma miles de millones de pesos por año.

De paso, el gobierno federal, los gobiernos de los estados y de los municipios, se suman al saqueo, pues en su mayoría mantienen adeudos multimillonarios con la CFE, que la mantienen en jaque, y que ahora están pidiendo el borrón y cuenta nueva.

AMLO se ha propuesto el rescate de Pemex y la CFE, ya no para reintegrarlas como empresas paraestatales, sino para que compitan con ventaja frente a la apertura ilimitada que provocaron los gobiernos anteriores, aunque mucho es parte de una tremenda simulación, pues las inversiones prometidas nunca llegaron, el sector energético mexicano sigue pauperizado y en gran desventaja frente al exterior, mientras que las empresas que compitieron para participar en diversas fases y obtuvieron los contratos, siguen conteniendo sus capitales.

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