(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Ciertamente dice la constitución federal que todo mexicano (y al citar mexicano se están abarcando todos los sexos, según la óptica del lector), a los 25 años de edad, pueden ser votados para los cargos de regidores, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, gobernadores, presidentes de la república y senadores. Lo que más llama la atención de estos requisitos es que no se exige una escolaridad mínima, y muchos podrían decir que no es estrictamente necesaria; sin embargo, la triste realidad nos demuestra lo contrario porque, como legisladores, la función primordial del senador es revisar, corregir o proponer leyes que permitan la conducción de todo un país, de manera correcta y armónica.
La imperiosa necesidad de un nivel académico promedio para poder ser votado como senador queda demostrado con la reciente iniciativa de ley que hizo y que le fue aprobada a la senadora por el Estado de Guerrero, Nestora Salgado, la prohibición de los castigos corporales en contra de los niños y los adolescentes. Y no es que la iniciativa esté del todo mal, no se está descalificando de manera absoluta; sin embargo, a la iniciativa presentada por la senadora de Guerrero le hace falta contextualizar, es decir, presentar un estudio serio y minucioso, que abarcara por lo menos una amplia muestra en el estado que representa, de las motivaciones de su propuesta.
Al presentar una radiografía de la incidencia del maltrato de niños y adolescentes, acompañada de las causas que lo originan, la senadora Nestora Salgado hubiera estado de condiciones de plantear una iniciativa muy puntual, atendiendo las diversas motivaciones de la violencia y, por ende, proponiendo diversas medidas de apremio, cada una ad hoc con la causa que las originó.
Por supuesto que la investigación aquí propuesta implica trabajo, investigación de campo, desgaste físico, económico y, por supuesto, desgaste cerebral; pero ese es el precio de estar en condiciones de proponer valiosas iniciativas de ley apegadas a la realidad.
Pero en lugar de tomar la decisión de verdaderamente trabajar en pro de nuestro estado y con el ánimo de devengar un sueldo, la senadora Nestora Salgado se fue por la libre, se chutó la lectura de las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en noviembre de 2018, le hizo a México en el sentido de establecer en la Ley la prohibición expresa del castigo corporal de los niños y adolescentes, y la llevó como una propuesta suya al pleno del Senado. Si queremos ser exigentes con nosotros mismos y con nuestros representantes populares, eso se llama “plagio”; es decir, Nestora Salgado no desgastó su cerebro para proponer una iniciativa de ley, simple y llanamente retomo como propia la recomendación de un organismo internacional y lo llevó a votación. Votación que, de manera oficiosa, desde el momento en que la ONU emitió la recomendación, cualquiera de las camas del Congreso de la Unión, debió de atenderla “de oficio”.
Si la senadora Nestora Salgado quiere hacer algo interesante, debería de llevar a cabo toda una investigación del origen de la violencia en contra de los niños y adolescentes y se daría cuenta que, si bien es cierto que existen padres golpeadores e insensibles para con sus hijos, también es cierto los adolescentes y aún los niños se están revelando a muy temprana edad en contra de sus padres. Se daría cuenta la senadora que los adolescentes de secundaria y preparatoria se están revelando en contra de los padres porque a esa edad ya están entrando en contacto con el mundo de las drogas y la delincuencia organizada. Se daría cuenta Nestora Salgado que en escuelas del nivel medio superior en general, los adolescentes son utilizados como narcomenudistas y que, obviamente, le venden la droga a sus compañeros. En ese contexto y ante tales conductas, deben ser los padres los que coadyuven a corregir esas conductas antisociales y que, en varias ocasiones, sería estrictamente necesario echar mano de castigos corporales para meter en orden a los hijos.
Urge que la iniciativa que le fue aprobada a la senadora Nestora Salgado sea enriquecida con una investigación de campo, aprovechando el nuevo esquema en las políticas educativas que está implementando el presidente López Obrador, en las cuales se van a integrar comités es todas las escuelas para darles seguimiento a las necesidades de ese sector. Cabe señalar que en algunos comités ya comenzaron a conformarse; y ¿qué creen? Que la primera problemática que están encontrando es que en las escuelas están llegando generaciones de alumnos cada vez más violentas. Estos padres de familia han coincidido en que la violencia ha aumentado de manera directamente proporcional a la implementación de los derechos humanos y los derechos de los niños y adolescentes, porque son leyes muy generales que, en la mayoría de los casos, margina la autoridad de los padres sobre los hijos, y de las autoridades con relación a los ciudadanos. Como colofón, vale la pena mencionar, que llama mucho la atención que esta propuesta de magnificar los derechos de los niños y adolescentes, venga de una ex comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), organización que se ha caracterizado por violentar el marco legal institucional y promover la implementación de procesos de reeducación a los jóvenes y adultos que, por no respetar a sus padres, incurrían en conductas sociales, por lo cual son detenidos mediante procedimientos que requieren mucha violencia y hasta allanamientos de moradas.
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