(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Los alcaldes no cejan en su empeño de que los diputados federales tomen en cuenta sus necesidades, y se plasmen en el presupuesto de egresos para 2019.
Se puede decir que los panistas son los más aguerridos, pero la realidad es que los municipios son la parte más castigada del sistema federal de coordinación fiscal, pese a que es en estos territorios donde se desarrollan todas las actividades productivas, comerciales y de servicios. Incluso las industrias extractivas, o minas, están operando en territorios municipales, y son los habitantes de estos que reciben el mayor impacto ambiental de esa actividad. Pese a ello, nada reciben a cambio, pues ese es un sector que controla la Federación, y aunque se había creado desde 2014 el fondo minero, del que un porcentaje era para los estados y otro para los municipios, se ha modificado esa dinámica.
Decíamos que en el caso de los alcaldes, los panistas son los más ruidosos, pero no por ello son los únicos afectados por la política presupuestal, que siempre los rezaga. Pese a que el presidente ha insistido en ir quitándoles injerencia a los gobernadores en el caso de las inversiones federales que van a los municipios, y que se ejerzan de manera directa, eso no es suficiente, porque lo que se requiere es que aumente el porcentaje que se les designa a los municipios.
Los alcaldes de Morena en Guerrero, por ejemplo, liderados por la presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo, comenzaron hace 3 semanas a moverse, y se mantienen en reuniones constantes.
Ayer, por ejemplo, participaron en la plenaria de presidentes municipales de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), reiterando que es “urgente” una reforma profunda a la ley de Coordinación Fiscal.
Buscan que el presupuesto federal tenga una orientación más municipalista, a diferencia de ahora, en que la mayor parte del recurso se lo queda la Federación, otra parte los estados, y una muy mínima parte los municipios.
Ayer, unos 400 alcaldes de todos los partidos tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados, exigiendo respeto al municipio libre, y buscando les resuelven el tema presupuestal.
Amenazaron que de no ser positiva la redistribución, de los recursos, harán una mega manifestación de 15 mil personas prevenientes de todo el país, para el próximo martes 12 de noviembre.
La incursión de los alcaldes interrumpió los trabajos de los diputados, quienes decretaron un receso a los temas que estaban discutiendo para el próximo martes.
También hay presidentes municipales moviéndose por su parte, para lograr mayores recursos para sus municipios, pero la tendencia es a la organización en torno a este objetivo.
Los diputados, por su parte, aunque no lo dicen
abiertamente, consideran que darle más dinero a los ayuntamientos, cuando son
los menos transparentes, implicaría fomentar la corrupción. En este mismo
sentido se han expresado los diputados locales.
Por lo tanto, lo primero que tendrían que corregir los ayuntamientos sería
precisamente este aspecto, pues hay casos tan graves de municipios que ni
siquiera acatan la orden de entregar sus cuentas públicas, y ya están siendo
ventilados en el Congreso local.
Por lo demás, es justo lo que plantean los presidentes municipales, cuando exigen cambios en la Ley de Coordinación Fiscal, pues son ellos los que reciben directamente la demanda de los ciudadanos de obras y servicios, que lamentablemente no se puede desahogar porque no se tienen los recursos a la mano, sino que se tienen que gestionar ante el estado o la Federación, siempre bajo un esquema politizado. Y así se van acumulando los rezagos.
Será interesante ver el desenlace de la insurrección de los gobernantes locales, que por fin decidieron aprovechar este momento de apertura, para pelear por más recursos y mayor atención.
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