(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Consumado es. Este martes 5 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas constitucionales sobre revocación de mandato y consulta popular, figuras que dada la crisis de seguridad en México, así como la recesión económica inminente, se ha convertido desde ahora en un arma de doble filo para el gobierno en turno.
En tiempos de paz y bonanza, esta reforma se aplaudiría, pero no en este momento en que se ha demostrado que los escenarios sociales y políticos pueden ser manipulados y/o fabricados.
De esta suerte, la consulta revocatoria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, podrá realizarse en marzo de 2022, tras cumplir 3 años en el cargo, aunque hay que decir que la intención de Morena era que se empataran con las elecciones intermedias de julio 2021, cuando se renovará el Congreso de la Unión y habrá elecciones en una docena de estados.
En un principio, los partidos de oposición eran los que más renegaban de esta iniciativa. Por mucho tiempo dijeron que no pasaría, pues les molestaba precisamente que el presidente estuviera dispuesto a aparecer en una boleta, y lo consideraban reelección. Por supuesto que no se trata de esto, sobre todo porque se haría a mitad del sexenio, sino que estaban preocupados por el arrastre de la figura presidencial en una elección intermedia, que le ayudaría a mantener la mayoría en el Congreso federal.
Sin embargo, de pronto, panistas y perredistas se vieron sumamente entusiasmados con estas dos figuras constitucionales de revocación de mandato y consulta popular. Comenzaron a decir que era bueno que el pueblo mexicano tuviera acceso a los instrumentos de democracia participativa, y decidir cuándo quitar a un presidente (la reforma también incluye a los gobernadores, hay que decir).
El PRI, por su parte, pugnó porque se aprobaran ambas figuras, pero que no se hiciera la consulta en 2021, porque sería inconstitucional, ya que para entonces AMLO no tendría los 3 años en el cargo cumplidos.
Fue así que se reescribió la historia y los morenistas aceptaron que la consulta revocatoria se celebre fuera del proceso electoral normal.
El procedimiento es simple: Para la eventual remoción del presidente de la República, en este caso Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, se estableció un artículo transitorio que permitiría celebrar la consulta revocatoria en marzo de 2022.
Podrá ser solicitada una sola vez en cada periodo sexenal, con las firmas de un número de ciudadanos equivalente a 3 por ciento del listado nominal, es decir, alrededor de 2.7 millones de electores al día de hoy.
Este es el mismo porcentaje de votos que se le pide a un partido político para mantener el registro, y la mayoría lo cumple. Por lo tanto, bastaría la membresía que tiene un partido menor para pedir la salida del presidente de la República, válganos la comparación.
De ahí, una vez aprobada la consulta revocatoria, se organiza y se define. Si 40 por ciento de los votos emitidos son a favor del presidente, se queda; si son en contra, se va, y el control del gobierno lo asume el Congreso federal, haga nombrar a un interino. ¿Qué tal?
Ahora bien, el interino a su vez tendrá un freno, porque constitucionalmente ya no podrá postularse a la Presidencia, ya que eso se consideraría una reelección, en contraposición al Artículo 83 Constitucional, que establece claramente el periodo presidencial de seis años.
Para la oposición esta es un arma muy valiosa que el régimen lópezobradorista puso en sus manos. Y no tanto porque quieran tenerla (¿quién querrá ponerse a sí mismo la soga al cuello?), sino porque la necesitan en caso de que Morena se les perpetúe en el poder.
Como ciudadano, veo bueno que un gobernante tenga temor de ser juzgado por un mal trabajo. Nos hubiera gustado tenerlo en el pasado, por lo menos desde Salinas de Gortari a la fecha. Lástima que el régimen estaba confabulado, y ningún partido lo propuso, ni tampoco se lo iban a aceptar.
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