(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Hay tantas modificaciones en el presupuesto de egresos federal de 2020, que gobernadores y alcaldes están con el Jesús en la boca. La esperanza para ellos salir de sus propios rezagos era, precisamente, que los diputados accedieran a darle al gasto anual una visión más –como su nombre lo indica- “federal”, respetando el pacto que le da vida a estos Estados Unidos Mexicanos, porque eso es lo que somos, una serie de estados confederados, con un gobierno central, 32 estados autónomos, que coexisten bajo un sistema de gobierno republicano, basado en los tres poderes de la Unión: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.
Pero la visión del gobierno en el poder es otra, distinta a la que ha venido operando hasta ahora, y que se basaba más en criterios políticos, que en necesidades y prioridades.
Para nadie es un secreto que el Presidente tenía gobernadores predilectos, alcaldes predilectos, empresarios predilectos y hasta narcos predilectos. Todo se basaba no en un proyecto de nación, sino en un proyecto de grupo político, y esto incluye los intereses económicos del presidente y sus muchachos.
Así, por ejemplo, se dice que Ernesto Zedillo encomendó a su hermano construir obras en los estados con mayor plusvalía, como Quintana Roo, Yucatán y Veracruz, simulando que se trataba de obras gestionadas por los gobernadores; y obviamente sin recibir estos nada a cambio (los moches en su esplendor). De ahí vendría la persecución contra el gobernador quintanarroense, Mario Villanueva Madrid, acusado de tener nexos con el narco, pero cuyos presuntos cómplices ya están libres, mientras que él en cambio ha pasado 17 años en cárceles de Estados Unidos y México, y a sus 70 años pide se le permita pasar lo que resta de su condena en su casa.
Él narra que el hermano de Zedillo lo presionó para hacer obras en zonas sensibles de la Riviera Maya, y que como se negó entonces el presidente lo tomó como enemigo.
Carlos Salinas de Gortari, por su parte, delegó en su hermano Raúl actividades sensibles, como el cobro del diezmo de obras y servicios, por lo cual se llamó el “hermano ten per cent”.
Y así sucesivamente. Aquello era un modelo harto conocido y harto practicado por tirios y troyanos, y se entiende que AMLO está intentando romper ese esquema, aunque de verdad dudamos que lo logre. No porque no quiera, sino porque es demasiado complejo. Podrá combatirlo y tener algunos triunfos, pero de ahí a erradicar estas prácticas que involucran a gobiernos y empresarios, está en chino.
Hay que decir, además, que para ir cubriendo todas las expectativas del presidente en turno y su grupo de poder, el país fue endeudándose de un modo grosero, sobre todo en la era panista, donde parece que Fox y Calderón simplemente no tuvieron límites, pese a que les tocó cosechar los excedentes petroleros (el barril de crudo alcanzó sus máximos internacionales, y eso hizo llover dólares al gobierno federal, pero los diluyeron. Se dice que con ese dinero Fox hubiese pagado la deuda de Pemex, que es la petrolera más endeudada del mundo).
Entonces, el gobierno está centralizando sobre todo los programas sociales, pero también diversos fondos, como el de educación y ahora también el fondo minero, que el jueves pasado 4 gobernadores pidieron se les devolviera, porque se trata de un recurso que se le devuelve a los estados para compensar la actividad minera que se realiza en sus territorios, y Guerreo forma parte de ellos por todas las minas que aquí existen.
Pero los diputados alegan que ese fondo es pura corrupción, que las obras programadas no existen, que las empresas maniobraban para que los gobernadores les dispensaran el cumplimiento de esos compromisos, etcétera.
Entonces, el gobierno determinó usar ese fondo de 4 mil millones de pesos, para construir escuelas en el medio rural, en las entidades con actividades extractivas.
Pero…las obras se harán de manera directa en los municipios, sin pasar el dinero por manos de los gobernadores. Si acaso se les haga firmar algún convenio de colaboración.
Y es ahí donde se habla de una política de asfixia a los gobiernos estatales, porque no les están dejando casi nada. “Austericidio”, le llaman.
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