(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Ya comenzó la movilización de presidentes municipales, en demanda de mayores recursos al gobierno federal. Una vez que la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos, y cuando ya se disponen a revisar el presupuesto de egresos para 2020, los alcaldes comenzaron a exponer su necesidad de mayores recursos para obras de infraestructura y seguridad.
El reclamo es bueno, y es justo y necesario que se fortalezca a los municipios, porque desde siempre se ha sabido que a pesar de que las actividades productivas se desarrollan en las demarcaciones municipales primeramente, son el estado y la Federación los que se reparten con la cuchara grande los ingresos por concepto de cobro de impuestos, mientras que a los presidentes municipales les queda la opción de andar mendingando recursos para las obras que les reclaman sus gobernados.
En Zihuatanejo, por ejemplo, cuánto tiempo tuvo que pasar para que la obra del Muelle se atendiera. Gracias a la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, sobre todo al cambio de gobierno municipal, esta obra fue posible y está programad para inaugurarse en diciembre próximo.
Pero baste este ejemplo para entender cómo los municipios están muy castigados, y la visión administrativa no es para nada municipalista, pese a que los municipios son la célula del país, aunque en esencia el cuarto nivel de gobierno también existe y son las comisarías, cuyos representantes también son electos por voto popular.
No obstante, únicamente 4 de cada 100 pesos que se distribuyen para los tres órdenes de gobierno en el país, llega a los municipios, bajo criterios bastante erráticos.
En este momento, reciben recursos los municipios muy ricos, o los municipios muy pobres. Los primeros por los recursos propios que puedan cobrar, y los segundos porque no cobran nada y tienen graves niveles de subdesarrollo, máxime si cuenta con zonas serranas o pueblos indígenas.
Los municipios intermedios, que son la mayoría, andan a la quinta pregunta.
Ese modelo ha demostrado que es obsoleto, porque los municipios muy pobres, aunque reciben mucho dinero, siguen siendo pobres. Y los municipios ricos, aunque recaudan mucho dinero, siguen con graves carencias.
Entonces, se requiere de una reforma administrativa muy profunda, en la que se fortalezca a los municipios, pero no sólo con dinero, sino también con capacitación en todas sus áreas porque, de verdad, dan pena ajena.
Incluso, se estila en los ayuntamientos que el alcalde en turno nombre a cualquier hijo de vecino en la Tesorería, sin respetar el perfil que éste debe tener, el de un contador con conocimiento de finanzas públicas. Al contrario, se ha visto en las tesorerías a profesores, ingenieros, e incluso analfabetas, que sólo cargan los cheques porque son otros los que manejan todo. ¿Por qué hacen esto? Porque es moda que los ayuntamientos contraten despachos contables, donde se encargan de llevarles sus cuentas, cuadrarlas y resolverles todos los problemas. Obviamente todo por cuantiosos recursos, porque un despacho cobra y cobra bien. Mientras que el tesorero en turno si acaso firma los vales de gasolina, y pone el nombre y el apellido ante los órganos fiscalizadores. En caso de algún desfalco, es el tesorero mentecato el que queda en entredicho, no el despacho contratado por su jefe, y entonces enfrenta el largo brazo de la justicia, quedando inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta por 10 años, si bien le va.
Por lo tanto, para exigir hay que primero que ofrecer. Si la Cuarta Transformación trae como política central el combate a la corrupción; luego entonces, está por demás recordarles lo que deben hacer.
Primero, orden; mejor gasto e inversión, supervisión para el rendimiento del recurso público, mejor administración para que alcance para todos, pues difícilmente les serán autorizados presupuestos para privilegios y despilfarros.
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