(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
El gobernador está preocupado por el presupuesto de egresos de la Federación 2020, que constriñe no el presupuesto federalizado para Guerrero, si no las inversiones directas que suele hacer la Federación en estados y municipios.
Y puso como ejemplo que si para 2016, Guerrero contó con un presupuesto de 1,600 millones para obras de agua potable y alcantarillado, directos de la Federación, que se sumaron a los que el gobierno estatal destinó, para el año siguiente solamente se tendrán 200 millones disponibles, y que en el marco de las carencias y rezagos en este sector son prácticamente nada.
Esto de los recortes, de hecho, no es nuevo. El primero en golpear a Guerrero de manera directa fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues en un proceso de reingeniería administrativa redujo a la mínima expresión el programa de inversión para los estados del Sur-Sureste, mediante el cual las entidades más pobres del país recibían recursos extras para obras públicas.
Pero a su llegada al poder, y teniendo tantos planes por delante, Héctor Astudillo se topó con que ese programa se redujo en 70 por ciento, de modo que si Guerrero recibía 1500 millones para obras carreteras, sobre todo, para 2016 sólo pudo manejar 400 millones.
Ahí comenzó una dura pelea por los recursos, pero también una dura batalla por hacer que la cobija alcanzara.
La austeridad republicana de AMLO para los guerrerenses no es nueva, pues a fin de poner orden en el caos que heredó, el gobernador tuvo que decretar en por lo menos tres ocasiones, programas de austeridad.
Esto le ha permitido concluir las obras que heredó
inconclusas del gobierno Aguirrista-Orteguista, así como abonar a la deuda de
la entidad, y evitar un mayor endeudamiento.
Ha podido pagar también en tiempo y forma el sueldo de los maestros No Fone, a
diferencia de lo que ocurre en el vecino estado de Michoacán, donde Silvano
Aureoles ha dicho que ya no puede con ese problemón, y ha pedido que la
Federación concilie la nómina educativa de una vez por todas.
En los primeros meses de la administración astudillista, las dependencias tenían insumos limitados, y Héctor Apreza Patrón –hoy diputado local- ejerció un férreo control de los dineros, de modo que al propio mandatario se le pidió que no diera apoyos más allá de lo estrictamente necesario.
A los funcionarios de primero, segundo y tercer nivel se les redujeron los sueldos, y por primera vez ser empleado del gobierno del estado no fue tan atractivo.
En resumen, nadie puede negar que este gobierno ha sido de austeridad, pero no porque la Federación haya recortado recursos en demasía, sino por los propios problemas internos, heredados del fallido gobierno Aguirrista, que luego recayó en manos del interino Rogelio Ortega. En ese ínter, quedó el tiradero de obras; las empresas constructoras se fueron y dejaron un cementerio de obras a lo largo y ancho del estado, así como la seguridad sumamente descuidada.
No ha sido fácil. El gobernador lo dice recurrentemente, que gobernar Guerrero es difícil ahora más que nunca.
Sin embargo, ahora se suma la política de austeridad del gobierno federal, que parece que no está haciendo excepciones, pues lo mismo recortan a los estados ricos, que a los estados pobres.
Sería prudente, por lo tanto, que el presidente de la República hiciera una especie de pacto federal, en el que todos los gobernadores y gobiernos municipales estuvieran de acuerdo en apretarse el cinturón por uno o dos años, en tanto se nivela el barco. De este modo, las expectativas de crecimiento se atemperarían un poco. De lo contrario, tanto estados como municipios deben ser muy claros en cuanto a los alcances de los proyectos de obras y servicios, para que la población conozca el origen del problema.
Lo cierto es que 2020 no será fácil para nadie. Los sectores empresariales viven su propio viacrucis, y ahora hasta los sectores de la economía informal se toparán con Lolita, el personaje de aquel viejo anuncio de Hacienda, que decía: “Cumples y te encuentras con Lolita. Fallas y te topas con Dolores”.
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