(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
El gobernador comenzó la lucha por los recursos de 2020. El año pasado, aunque logró un incremento sustancial en el presupuesto general, la cancelación de programas sociales y de inversión, así como los descuentos recurrentes, pusieron a la administración pública estatal en aprietos. Fue un año difícil, dijo el mandatario, quien este jueves se reunió con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.
El planteamiento del gobernador fue explícito: los profesores que están fuera de la nómina federal, por ejemplo, siguen siendo una carga para el estado, que para pagar los sueldos quincenales de miles de profesores tiene que suspender pagos en otros rubros, como a proveedores de diversa índole, obras, cuotas de los trabajadores basificados, laudos y un largo etcétera.
Hasta ahora, los trámites de la Secretaría de Educación Pública para absorber a los profesores NO Fone ha sido demasiado lenta. Aunque hay que decir que desde la puesta en marcha de la pasada reforma educativa así se planteó, y el proceso abarcaría prácticamente todo el sexenio astudillista.
Pero con la llegada del nuevo régimen, se pensó que el trámite de incorporación se agilizaría, a fin de desahogar a las entidades federativas de esa carga laboral, que tiene que ver con el abuso en el otorgamiento de plazas sin techo presupuestal.
El gobernador le planteó a Herrera que ya no es posible continuar prestando el dinero para el pago de los profesores, y que a partir del 15 de septiembre se estaría en riesgo de suspensión de pagos.
Pero, además, a los profesores No Fone les afecta estar fuera de la nómina federal, ya que a pesar de que se les dice que sus derechos laborales están reservados, ellos saben que sus tiempos de jubilación y retiro se ampliarán. Es como si todo este tiempo fuera de la nómina formal hubieran estado de permiso sin goce de sueldo.
Entre otros aspecto, el gobernador planteó también la urgente necesidad de que se reactive la inversión en obras para Guerrero, donde la economía está estancada.
Eso es lo que pugnará porque se concrete en el presupuesto de 2020, como una medida para reactivar la economía en ciudades y regiones de la entidad.
Otro aspecto que preocupa al gobernador es la continuidad del programa Escuelas al 100, que se creó en 2015 como parte de la reforma educativa, y que involucra recursos de las 32 entidades federativas del país.
Es decir, que la cancelación de este programa sería en cierta medida ilegal, pues existe un convenio entre la Federación y los estados, para potenciar el fondo de construcción y rehabilitación de escuelas, con dinero prestado; es decir, recurso que no es de la Federación, pero que se les cobrará a los gobiernos estatales de sus partidas.
De ahí que si la Federación quisiera hacer un programa similar de inversión directa, puede hacerlo, pero respetando lo ya signado, o al menos consensándolo con los gobernadores, quienes ya tienen la programación de escuelas a rehabilitar.
Hay que decir también que hay muchas quejas en torno a este programa. Como reporteros nos topamos constantemente con quejas de padres de familia, que refieren cómo las obras de Escuelas al 100 están tiradas y no hay a quien reclamarles. Otras tienen vicios de construcción severos.
¿Qué procede entonces? Ser rigurosos en la vigilancia, tanto para los funcionarios que están aplicando los recursos (en este caso el IGIFE), como para los constructores, que en la mayoría de los casos se van sin dejar rastro.
Hacemos votos porque Guerrero sea tomado en cuenta en el presupuesto del siguiente año. Recordemos que el presupuesto de 2019 fue diseñado por una comisión mixta del gobierno saliente con el gobierno entrante, y que por lo mismo carece de una visión integral.
Sin embargo, ya para el año entrante, los diputados federales tendrán que atender las necesidades de sus jurisdicciones, antes que plegarse a los designios del Ejecutivo, porque al fin y al cabo esa es la esencia de la representación social y la Cuarta Transformación no puede eliminar este principio.
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