SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Por más esfuerzos que se hacen, pese a que ya al Guardia Nacional está operando en Acapulco y Chilpancingo, la violencia no cesa y recientemente se está ensañando en contra de los jóvenes universitarios.

En las regiones, se mueven los grupos de civiles armados, identificados como “policías comunitarios”, haciendo su esfuerzo, pero también contaminándose con aquello que pretenden combatir, lo cual parece inevitable.

El grito de hartazgo lo dio ayer el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, luego del asesinato de dos estudiantes universitarias en Acapulco, homicidio que se registró en una de las colonias populares del puerto. Una de ellas era estudiante de Derecho, y otra de psicología, ambas parientes entre sí.

Por primera vez en mucho tiempo, Saldaña Almazán amenazó con sacar a los estudiantes a marchar, tal y como lo hizo la Universidad del Pedregal, tras el secuestro y asesinato del estudiante originario de Chihuahua, Norberto Ronquillo.

El rector siempre había sido mesurado en este asunto, y aunque siempre declaraba que la violencia estaba golpeando duramente a la universidad, mediante secuestros de estudiantes y profesores, sobre todo, no había considerado la posibilidad de marchar para denunciar los altos índices de inseguridad que los afecta.

Recordemos que el rector determinó desde hace años contratar seguridad privada para resguardar los planteles, tanto para preservar el orden interno, como para evitar que entren extraños a estos. Eso implicó un gasto extraordinario que antes no se hacía, y que truncó en parte su proyecto de modernización académica, que incluía la creación de nuevas carreras y la construcción de otros planteles.

Inseguridad e insuficiencia de recursos serían las dos causas por las que la UAGro no está en su mejor momento, pero de ambas la que más pega es la primera. El propio rector ha estado trabajando bajo amenazas, y ha necesitado de guardias para desplazarse en el estado.

Saldaña tiene razón en su denuncia, pues en los últimos 6 años, han sido asesinados 35 universitarios, y los focos rojos siguen siendo Acapulco y Chilpancingo.

Fuera de las aulas universitarias, sin embargo, la realidad es peor. La activación de la alerta ámber por la desaparición de jovencitas y jovencitos, a lo largo y ancho del país, no da abasto. A muchas de ellas luego se les encuentra muertas, y otras pasan a engrosar la lista de desaparecidos.

Últimamente, a la par que se anuncia una reducción de los índices de homicidios, también se advierte del incremento de los índices de secuestro, y eso les pega directamente a los jóvenes universitarios, sobre todo de escuelas privadas.

El Caso Ronquillo, por ejemplo, sería parte de una estrategia de secuestro y cobro de rescate de una célula delincuencial que opera en la Ciudad de México y cuyo objetivo son los jóvenes estudiantes del nivel superior.

En cuanto al rector de Guerrero, generalmente prudente y afín al gobierno estatal, parece que está llegando a su límite y anunció que lo más probable es que se adelanten las vacaciones en diversos planteles, para evitar exponer a estudiantes y maestros.

De su parte, en cuanto al asesinato de las dos universitarias en Acapulco, el rector dijo que le exigió avances al fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barila, en un lapso de tres días, “porque esto no puede seguir así”.

El que tenga oídos, que oiga.

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