(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
El caos en la entrega de fertilizante y las protestas de campesinos, organizaciones sociales e incluso presidentes municipales, registradas en varias regiones de la entidad en esta última semana, justo cuando ya los centros de distribución estaban funcionando, retrasará aún más la entrega del insumo a los productores ya enlistados.
¿Qué reclaman? Primero, la exigencia es porque se les entregue el insumo porque las lluvias ya están encima y el tiempo corre para la siembra. Segundo, porque no se rasure los padrones que, de entrada –y esto lo aceptó en su momento el gobernador Héctor Astudillo Flores- estaban tan inflados que superaban con 72 mil beneficiarios el que oficialmente manejaba el gobierno estatal.
Forzosamente tenía que haber una depuración, pues de un padrón de 330 mil productores, el registro se elevó a 402 mil. Sin embargo, todo esto se hizo de manera tardía y bajo una constante presión política, así como también de un claro intervencionismo oficial, derivando en el consecuente retraso del programa.
Pero justo cuando ya se estaba distribuyendo el abono, surgen estas nuevas inconformidades. La principal, que hay muchos rasurados del padrón. Además, que se les está entregando menos fertilizante que lo que especifica el programa, pues hay regiones –como Tierra Caliente-, donde se les entrega lo correspondiente para habilitar una hectárea de maíz o frijol, en lugar de las dos que por norma deben recibir.
Por supuesto, por ser el programa de índole federal, toda la responsabilidad recae en los funcionarios federales, desde los encargados de los centros de distribución, pasando por los servidores de la nación, quienes una vez desmantelada la estructura que antes tenía el programa están haciendo las veces de repartidores (cuando esa no es su función), y para finalizar el delegado de Bienestar, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien está siendo sometido de manera casi evidente a un desgaste constante, con miras a reventarlo políticamente. ¿Por qué? Porque el delegado aspira a ser nuevamente el candidato a la gubernatura por Morena, y obviamente está en una posición bastante peligrosa. En este momento, Pablo Amílcar es el blanco principal de un campo de tiro con muchos cazadores.
Siendo certeros, sin embargo, la responsabilidad principal recae en el encargado del programa, Jorge Gage Francois, quien fue impuesto en enero de este año por el titular de la SADER, Víctor Villalobos Arámbula, en sustitución de Héctor Manuel Popoca Boone, pero sólo para provocar un nudo gordiano que no se ha podido superar.
Simplemente Gage Francois no se aparece por la entidad y le dejó toda la carga a Pablo Amílcar, como cosa hecha a propósito. Cuando viene, es sólo para reunirse con el gobernador, pero nunca se le vio al ex cenecista en las regiones, coordinando el trabajo de los censos, lo cual era el objetivo central.
A Popoca Boone lo grillaron los mismos alcaldes, comenzando por los de Morena, tan sólo por su pasado priísta, pues fue secretario de Desarrollo Rural con René Juárez Cisneros. Pero les salió el tiro por la culata, porque Gage Grancois es ex priísta, miembro de la cúpula nacional de la CNC. Y obviamente como cacique se conduce.
Todavía recordamos cuando fue Pablo Amílcar el que aclaró que Popoca Boone estaba fuera del programa, justo cuando éste andaba en Tierra Caliente organizando los primeros censos. Tal vez ahora esté arrepentido de haber sido el conducto de esa noticia, sino es que contribuyó a ello, pues lo que hizo Gage Francois ha sido prácticamente nada, y le ha echado el bulto encima al precandidato a gobernador morenista.
Ahora mal, al margen de que los campesinos tienen razón en reclamar por el retraso, también es más que evidente el intervencionismo de organizaciones partidistas, así como de los alcaldes, quienes antes –recordemos- eran los dueños del programa.
Lejos de contribuir a que la distribución del insumo fluya, tal y como se comprometieron en reuniones estatales, la están obstaculizando. Luego entonces, el objetivo de las protestas es otro.
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