IRZA
Chilpancingo, Gro (IRZA).- La transición de la modalidad tradicional a los juicios orales le costaría al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) alrededor de mil 500 millones de pesos.
Esto, porque se requiere habilitar espacios adecuados y capacitar al personal, por lo que en su propuesta de presupuesto para el 2024 contempla un incrementando de 700 millones de pesos.
Así lo informó en entrevista el magistrado Raymundo Casarrubias Vázquez, presidente del TSJ, y precisó que en los 18 distritos judiciales es necesario habilitar espacios con salas de oralidad para proporcionar la atención que requiere la población, con base en el nuevo sistema.
Dijo que a partir de este 2023 se emitió el Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, lo que obliga a los gobiernos, federal y de los estados adoptarlo a más tardar en el 2027.
Para ese año, anticipó, en los 18 distritos judiciales de Guerrero deberán contar tanto con las salas orales, como con el personal capacitado., y señaló que la ley establece que a más tardar en abril del 2027 todos los estados deberán cumplir con esa normativa, por lo que Guerrero deberá habilitar instalaciones adecuadas, e insistió: “para eso necesitamos presupuesto”.
Derivado de lo anterior, propuso un incremento presupuestal de 700 millones de pesos, porque “si cada año le invertimos, para el 2027 estaremos cumpliendo con la meta que se nos establece”.
Aseguró que los profesionistas que más se necesitarán son jueces para la atención de las salas orales. “Antes era fácil contar con un sólo juez y varios secretarios, ahora nuestra demanda ha cambiado”, con base en la modificación de la legislación.
Refirió que el pasado viernes egresaron de la Escuela Judicial de Guerrero 77 especialistas, entre los profesionales, la primera doctora en Derecho Judicial Penal Acusatorio, Maestras y Maestros en Derecho Judicial Penal Acusatorio, Maestras y Maestros en Mediación y Conciliación y especialistas en Género e Interculturalidad.
Añadió que todos son trabajadores del Poder Judicial del estado y forman parte del proceso de innovación y capacitación que comenzó desde el 2021, con una matrícula de 87 alumnos, mismo que hoy se ha incrementado con 478 estudiantes.
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