Francisco Reynoso
Desde que fuera candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que revisaría la reforma energética que le ha quitado protagonismo a las empresas productivas del Estado: Pemex y CFE. En su primera semana de haber entrado en funciones, por ejemplo, el presidente solicitó que se cancelaran las Rondas Petroleras y la Subastas Eléctricas pendientes de llevarse a cabo.
Ya durante su administración se llevaron a cabo otras acciones para “fortalecer” a las empresas productivas del Estado en un intento de devolverles su papel de palanca de desarrollo. Por ejemplo, ha aumentado considerablemente los presupuestos de ambas empresas, tanto para sanear sus finanzas como para rehabilitarlas; solicitó la renuncia de los comisionados presidentes de los órganos reguladores del sector, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y propuso candidatos cercanos a su equipo de trabajo para que ocuparan las vacantes y, aprovechando la crisis sanitaria por la Covid-19, decretó una política que inhabilitaba la participación de los agentes privados en la generación de energía renovable con el argumento de que su generación intermitente afectaba la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Hasta aquí, todos los intentos por frenar la reforma energética habían sido acciones con margen de maniobra entre las competencias del Ejecutivo Federal.
Sin embargo, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra de su nueva política para el sector eléctrico, inmediatamente el Gobierno traspasó su propia esfera de acción y transformó el Acuerdo de la Secretaría de Energía en una iniciativa legislativa de carácter preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica.1 La intención, como dijo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero en una conferencia matutina, es que el Estado retome nuevamente “la rectoría” del sector energético; es decir, “poner orden” a los agentes privados que participan en el sistema nacional de energía gracias a la reforma energética.
Coincidimos que es fundamental que el Estado recupere el control del sector y detenga la ola privatizadora de las renovables, que ha venido de la mano de la proliferación de grandes megaproyectos energéticos en territorios indígenas, como la “Eólica del Sur”, en regiones como el Istmo de Tehuantepec o la Península de Yucatán, que no difieren a las formas de imposición a la megaminería a cielo abierto, en la que se vulneran sistemáticamente derechos colectivos como la libre determinación, el territorio y el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades y donde los grandes beneficios económicos y del uso de la energía se lo llevan grandes corporaciones como Coca Cola, Walmart o Mitsubishi, lo cual es perfectamente constatable en los permisos de generación eléctrica emitidos por la CRE para este tipo de proyectos. Para las comunidades solo queda el despojo, la división comunitaria, y la violencia. Cuando mucho, el reparto de algunas migajas por la renta de la tierra; ni siquiera se ha podido lograr que las grandes empresas de energía aporten mayores impuestos para el erario municipal. De ahí que algunas colectivos y organizaciones en defensa del territorio no lamentaran la entrada en vigor del Acuerdo de la Sener en su momento, y seguramente tampoco la contrarreforma energética que acaba de poner en marcha el Ejecutivo con esta nueva iniciativa que conserva el mismo espíritu de dicho acuerdo.
No obstante, en un contexto de crisis climática, consideramos que el rescate de la soberanía energética a la que apuesta firmemente la 4T, no debe agotarse en la profundización de un modelo extractivista fósil que usa gas, petróleo y carbón para la generación de la energía eléctrica, originando severos impactos socioambientales como parece apuntar la iniciativa poniendo en entredicho los compromisos climáticos que México adquirió con la firma del Acuerdo de París. A pesar de que toda fuente de energía tiene impactos significativos y diferenciados, la energía renovable es la energía alternativa a los combustibles fósiles con los menores impactos ambientales.
En este sentido, consideramos que el Gobierno de la 4T debe reconsiderar su enfoque de la soberanía energética y traducirlo en un nuevo marco legal, que, si bien recupere la rectoría del Estado, transite hacia una política pública fuerte de lucha contra la emergencia climática. Esta, debiera estar basada en una transición energética justa, con respeto a derechos colectivos de los pueblos, y de forma descentralizada, distribuida y comunitaria, tal como había sido concebido en el Proyecto de Nación 2018, pero que se olvidó en el camino y en las estrategias de fortalecimiento de Pemex y la CFE, las cuales siguen ancladas en el modelo extractivista fósil.
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