IRZA
CHILPANCINGO. El Comité de Padres de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en septiembre del 2014, reprocharon al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por haber difundido información que está reservada sobre el caso.
El sábado pasado el Comité emitió un comunicado donde recuerdan que “a siete años las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos seguimos en pie de lucha exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos”.
El día de ayer la Secretaría de Gobernación hizo pública las conversaciones interceptadas el 26 de septiembre y en octubre de 2014 entre el director de seguridad pública en el municipio de Iguala, Francisco Salgado Valladares y Gildardo López Astudillo alias “el Gil”, así como entre un policía de Huitzuco y Alejandro Palacios alias “Cholo Palacios”.
En esas conversaciones, se dice en el documento, “se da cuenta que nuestros hijos habrían sido entregados por la policía municipal de Iguala a miembros del grupo delictivo Guerrero Unidos, quienes los privaron de la vida”.
En ese sentido expresaron su preocupación “por la publicación de información sensible de la investigación que puede comprometer su éxito, aunado a que ni a los familiares ni a los representantes (jurídicos) se les permitió el acceder a la misma previo a su publicación y tampoco a las cinco madres y padres que conforman la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) se les consultó sobre tal proceder”.
Subrayaron que el Ejército “tenía información en tiempo real de lo que estaba aconteciendo y no lo informó a las autoridades ni tomó medidas para prevenir la desaparición de los jóvenes, de igual forma desde el año 2018 a la luz de las obligaciones que tenía por el Decreto presidencial que creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la justicia, omitió dar esta información a las autoridades que investigan el caso”.
Y agregaron que ante esas “circunstancias fortalecen nuestra demanda de abrir una investigación exhaustiva contra elementos del ejército mexicano para deslindar su responsabilidad directa o indirecta en la desaparición de nuestros hijos”.
Agregaron que “el Estado mexicano tiene la obligación de esclarecer plenamente los hechos y ofrecernos verdad y justicia, seguir entregando retazos de información solo nos lastima y revictimiza”.
About Author
