Cualquier sistema pensionario, ideado y construido en cualquier momento de las sociedades modernas, ha tenido exactamente el mismo reto a enfrentar y resolver: garantizar su viabilidad financiera a largo plazo. En otras palabras, lo que importa en estos casos es que el sistema cumpla a sus beneficiarios las promesas que les hace.
No se trata de tener buenas intenciones o de “desear” que quienes vayan a recibir una pensión a partir del sistema construido puedan tener una vejez digna, sino de realizar los cálculos de forma correcta para garantizar que la algarabía de hoy no se traduzca en la decepción de mañana.
En este sentido, conviene tener perfectamente claro, antes de echar las campanas al vuelo, de qué estamos hablando cuando abordamos un modelo capaz de garantizar no solamente pensiones más justas, sino que estas se entreguen a cambio de un menor período de cotización.
Y saber de qué estamos hablando implica señalar con toda claridad de dónde saldrá el dinero para financiar el costo de un modelo de este tipo.
No se trata de descalificar o poner en duda el alcance del ofrecimiento que se ha realizado en la semana, porque el esquema, además de ser deseable, puede ser viable. Pero una afirmación de este tipo no puede ser un acto de voluntad, sino estar basada estrictamente en datos numéricos.
El comentario viene al caso porque, luego de un primer momento en el cual se festejó de manera más o menos generalizada el anuncio presidencial de un nuevo sistema de pensiones, capaz de garantizar mayores ingresos para las personas adultas, incluso a cambio de un menor número de años de trabajo, han comenzado a surgir las “observaciones” del sector empresarial.
“Hay que tener cuidado para que esto no vaya a afectar a la supervivencia de las empresas, porque si esto lo que hace es impulsar la economía informal y afectar la economía formal, entonces no se cumple con el objetivo de mejorar el nivel pensionario porque lo más importante es que exista el trabajo para que después exista una pensión digna”, ha dicho Jorge Dávila Flores, representante de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio ante el Consejo Coordinador Empresarial.
¿Cuál es el núcleo de la acotación formulada por el dirigente empresarial? Justamente la que señalamos desde el principio de este texto: la necesidad de establecer de dónde va a salir el dinero que implicaría un diseño como el que se ha propuesto.
Nadie puede manifestarse en contra de que un sistema como el planteado constituya una aspiración colectiva cuya conquista se encuentre de forma permanente en nuestro horizonte. De lo que se trata es de ser absolutamente objetivos en la identificación y señalamiento de los costos que implica alcanzar dicho propósito.
Habrá que seguir atentos a la discusión sobre el tema para tener claro qué tanto es factible construir un nuevo modelo pensionario que resuelva el gravísimo problema estructural que padecemos en esta materia. Y en ese proceso conviene ser cautos antes de echar las campanas al vuelo.
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