Proponen crear comisión de consulta a grupos vulnerables y que ayuntamientos incluyan partida para sentencias judiciales y laudos laborales

Boletín

Chilpancingo, Gro.– El diputado Pánfilo Sánchez Almazán (PT) presentó dos iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley Orgánica del Municipio Libre, ambas del Estado de Guerrero, con el propósito de fortalecer la inclusión legislativa y la responsabilidad financiera de los gobiernos municipales.

La primera iniciativa propone la creación de la Comisión Ordinaria de Atención y Consulta a Grupos Vulnerables y de una Unidad Técnica de Consultas, con el objetivo de establecer un nuevo modelo legislativo: accesible, integral, intercultural, participativo y, sobre todo, más justo para los sectores históricamente excluidos.

“El objetivo es garantizar procesos legislativos incluyentes y acordes con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad, en cumplimiento de los mandatos constitucionales e internacionales de los que México forma parte”, destacó el legislador.

La propuesta, que analiza la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, plantea que la Comisión de Atención y Consulta a Grupos Vulnerables sea un órgano legislativo con atribuciones específicas para supervisar, dictaminar y coordinar iniciativas que impliquen consulta previa. Además, impulsará una agenda legislativa orientada a la armonización normativa con enfoque de derechos humanos, inclusión y no discriminación.

Asimismo, se contempla la creación de una Unidad Técnica de Consultas como órgano especializado del Congreso, responsable de diseñar, planear, ejecutar y documentar los procesos de consulta, conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales. Esta unidad operativa garantizará que dichos procesos se realicen con legalidad, transparencia, accesibilidad, buena fe y participación efectiva.

La segunda iniciativa busca que los Ayuntamientos estén obligados a incluir en sus Presupuestos de Egresos una partida específica para el cumplimiento de sentencias judiciales y laudos laborales, con el fin de asegurar el respeto a las resoluciones judiciales, prevenir embargos por incumplimiento, fortalecer la autonomía financiera municipal, promover la transparencia en el gasto público y contribuir a la estabilidad operativa de los gobiernos locales.

Esta propuesta, turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, pretende establecer un marco normativo robusto que brinde certeza jurídica tanto a los municipios como a los trabajadores, y garantizar que las obligaciones legales sean cumplidas de manera efectiva y oportuna.

Además, se contribuirá a consolidar administraciones municipales más responsables, que, mediante una planeación financiera adecuada, puedan evitar crisis económicas y asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios públicos.

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