Boletín
CHILPANCINGO. Para abonar al proceso de construcción de una sociedad igualitaria, justa y democrática, basada en el reconocimiento, respeto, protección y ejercicio pleno de las libertades y derechos humanos, la diputada Angélica Espinoza García propuso reformar la Constitución Política del Estado para que se reconozca a la cultura como un derecho humano.
En su propuesta, la legisladora de Morena expuso que en nuestra Carta Magna el derecho a la cultura se menciona de manera marginal y casi desdeñosa, englobándola dentro del derecho a la recreación social y el deporte, lo que no es preciso, dado su importancia y forma de acceso, así como a los mecanismos institucionales que la deben ponderar como un derecho humano.
Indicó que distintos tratados internacionales especifican que la cultura debe ser considerada como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, y que abarca, además de las artes y letras, modos de vida, maneras de vivir juntos, sistemas de valores, tradiciones y creencias, y donde los derechos culturales son parte integral de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes.
Además, refiere que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se rescata la esencia del derecho a la cultura, al señalar que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.
Sin embargo, Espinoza García señaló que la Constitución local establece el derecho de toda persona a la recreación social, deportiva y cultural, que permita el sano esparcimiento como medida para auspiciar la integración y la convivencia colectiva, disposición que dista en mucho, en cuanto a conceptualización, importancia y alcance, del derecho a la cultura.
Por lo anterior, la legisladora considera necesario establecer el derecho a la cultura como derecho humano, no como una simple expresión retórica de un discurso gubernamental que margina, excluye y niega las bases fundacionales de la construcción social.
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