Presentan reforma al Código Penal para castigar la venta de vacunas falsas

Boletín

CHILPANCINGO. Para que se considere como “fraude específico” y se sancione a quien oferte y/o venda vacunas falsas, engañando y aprovechándose de la necesidad de las personas, el diputado Marco Antonio Cabada Arias propuso adicionar el Código Penal del Estado de Guerrero. 

En la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, el legislador de Morena expuso que se está trabajando a una velocidad sin precedentes para que la enfermedad de Covid-19 sea prevenible a través de una vacuna.

Destacó que México es de los primeros países en aplicar la vacuna y que hace unos días el presidente de la República informó que empresas privadas y funcionarios públicos podrían acceder a la compra, en atención a la demanda de empresarios y gobernadores.

Refirió que desde la llegada al país del primer lote de vacunas, el 23 de diciembre de 2020, comenzaron a circular en redes sociales anuncios de venta de la misma, particularmente en la Ciudad de México, el Estado de México y Quintana Roo, con un costo de entre 2 mil y 3 mil pesos.

Por estas razones, el diputado propone sancionar a aquellas personas que sin escrúpulos y mediante engaños abusen de la desesperación y la confianza de la población, y anuncien la venta de vacunas falsas.

Esto, agregó, pone a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad, todo por empresas farsantes que por obtener ganancias engañan y juegan con la salud de las personas, y en el peor de los casos, con su vida.

Esta iniciativa de adición de una fracción XIII al artículo 238 del Código Penal del Estado de Guerrero se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

Iniciativas

El diputado Marco Antonio Cabada Arias también propuso una adición al Código Penal para sancionar a las personas que hacen uso del celular o cualquier otro dispositivo electrónico mientras conducen vehículos automotores, ya sean del servicio público de pasajeros, transporte de personal o escolar, de carga y particulares, debido a que esta distracción representa un alto factor de riesgo de accidentes de tránsito.

Y a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídico se turnó una iniciativa de adición a la Constitución Política del estado presentada por el diputado Carlos Cruz López (Morena), para impedir que el Ejecutivo estatal nombre, proponga o designe como servidores públicos o empleados a familiares por línea ascendente y descendente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio, a efecto de evitar conflictos de intereses.

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