Plantean reformas a régimen de permisos y concesiones para garantizar tarifas justas

Boletín

CHILPANCINGO. El diputado Rafael Navarrete Quezada propuso incluir el principio de proporcionalidad en la Ley que Establece las Bases para el Régimen de Permisos, Licencias y Concesiones para la Prestación de Servicios Públicos y la Explotación y Aprovechamiento de Bienes de Dominio del Estado y los Ayuntamientos, que sumado a los ya existentes de igualdad, generalidad, regularidad, adecuación y continuidad, coadyuve a la prestación efectiva del servicio público de transporte, con tarifas justas y respetando en todo momento las establecidas por el Estado o los municipios.

En su exposición de motivos, el legislador integrante del Grupo Parlamentario del PRI refirió que para el cumplimiento eficaz de los servicios públicos, a excepción de los de tránsito y seguridad pública, el Estado recurre con regularidad a la figura administrativa de la concesión, por medio de la cual un particular ofrece el servicio de transporte o explota bienes del dominio del estado o municipio por un tiempo determinado, conforme a las normas establecidas en la ley.

Indicó que las concesiones se actualizan en aquellos casos en que el Estado se ve imposibilitado para prestar el servicio público de manera directa, por carecer de recursos humanos, materiales, técnicos o financieros, y por esa razón recurre al otorgamiento de la concesión a personas físicas o morales.

“El principio de proporcionalidad se usará en sentido positivo, logrando un equilibrio entre el servicio que se presta y el precio a pagar por el mismo. De esta forma, se persigue que los servicios públicos concesionados estén sujetos a las tarifas que fijen el Estado y los municipios; es decir, que por ningún motivo se realicen cobros excesivos en perjuicio de las y los usuarios, y de hacerlo se revoque la concesión”, subrayó.

También indicó la necesidad de eliminar la palabra “reiterada”, y que con una sola vez que la persona concesionaria viole las tarifas autorizadas, se proceda a la revocación del permiso, licencia o concesión respectiva; esto para robustecer el marco jurídico.

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