Plantean establecer el derecho humano al agua en la Constitución Política del Estado

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CHILPANCINGO. La diputada Nora Velázquez Martínez presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política local para establecer la obligación del Estado de brindar el servicio de agua potable como un derecho humano, estableciendo la preferencia en el servicio a los hogares sobre los negocios u otros usos.

Al presentar su propuesta en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, la diputada de Morena resaltó que el agua es un derecho humano y un recurso natural indispensable para todas las actividades humanas -agrícolas, pesqueras, domésticas, industriales y otras-, por lo cual es importante diseñar políticas, planes y proyectos hidráulicos que permitan disponer del recurso y racionarlo de manera sustentable, evitando su privatización y el lucro.

Agregó que el Estado está obligado a garantizar este derecho bajo los términos que la Ley Reglamentaria indica, procurando que el vital líquido sea distribuido de forma equitativa, basado en los principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad, racionalidad, autogestión y sustentabilidad, acciones que no solo competen al estado, sino que requieren de la participación de los municipios y las comunidades como principales gestores, así como a la propia federación.

Por lo anterior, la también presidenta de la Comisión del Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos hizo un llamado a sus homólogos para que, de manera responsable y con sentido humano, analicen la reforma en comento para que toda persona tenga derecho a disfrutar del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y gratuita, y así dar cumplimiento a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

Además, enfatiza que la participación social deba de sustentarse en esquemas comunitarios que involucren la responsabilidad y decisión de la colectividad; y, por último, se establece que el servicio público, dada la importancia de garantizar un derecho humano fundamental, no puede ser objeto de privatización y que la gestión del agua será pública y sin fines de lucro.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación correspondientes.

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