Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO. El colectivo que litiga más de 140 amparos contra el nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) solicitó a la Suprema Corte de Justicia ejercer su facultad de atracción para resolver si el inicio de las obras debe permanecer suspendido mientras se revisa la legalidad del proyecto.
El grupo #NoMásDerroches pidió este lunes a la Corte atraer tres recursos de revisión radicados en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que los tiene agendados para discusión en su sesión de este jueves.
Dichos recursos fueron promovidos por el Gobierno para impugnar tres suspensiones definitivas que, por ahora, mantienen congeladas las obras del AISL.
Hoy, el juez de Distrito que tramita los amparos revocó otra de las suspensiones, con el argumento de que el Aeropuerto es una instalación estratégica de seguridad nacional, y hay señales de que la mayoría de los magistrados del tribunal colegiado también se inclina por permitir la obra.
“Ante las presiones del Ejecutivo y la volatilidad e irregularidad en las decisiones de jueces y magistrados, #NoMásDerroches solicita a la Suprema Corte que se haga cargo de resolver un asunto en el que se definirá el futuro de uno de los proyectos de infraestructura más importantes en la historia de México”, explicó el colectivo.
“¿No debería considerarse de ‘seguridad nacional’ que un aeropuerto que recibirá a millones de pasajeros al año cuente con todos los estudios y permisos que exigen las leyes antes del inicio de la construcción de tan ‘estratégica’ obra?”.
También criticó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por sus presiones y críticas a los jueces que llevan el caso.
El colectivo no tiene legitimación legal para solicitar a la Corte que atraiga los recursos, por lo que su petición será puesta a consideración de los Ministros de una de las salas, por si alguno quiere hacer suya la petición.
Si ningún Ministro está interesado, la solicitud de atracción 654/2019 será desechada. Si alguno la hace suya, tendrá que elaborar un proyecto de sentencia proponiendo a sus colegas dicha atracción, mismo que tomaría varias semanas y tendría que ser aprobado por mayoría en sesión pública.
Está por verse si la petición de #NoMásDerroches alcanzará a frenar la votación en el tribunal colegiado, que la semana pasada negó suspender el AISL por falta de estudios ambientales, pero ordenó conservar las obras del aeropuerto cancelado en Texcoco.
En estos casos, la Corte dicta una orden al tribunal colegiado para que se abstenga de resolver mientras se procesa la solicitud de atracción, pero hay veces que esta orden llega demasiado tarde, cuando el tribunal ya votó el asunto.
La atracción es un arma de doble filo. Si algún Ministro hace suyo el caso, pueden pasar meses para que la SCJN decida si atrae, y aún más tiempo para que resuelva si las suspensiones se deben confirmar, sin que el Juez Juan Carlos Guzmán tenga un impedimento para revocar dichas suspensiones, salvo que el propio máximo tribunal se lo prohíba.
Históricamente, la Corte casi nunca ha atraído recursos relacionados con suspensiones, pues en ellos no se resuelve sobre la constitucionalidad de los actos reclamados a una autoridad.
Para atraer un recurso no importa su importancia mediática o financiera, sino que debe implicar criterios jurídicos relevantes o excepcionales.
#NoMásDerroches planteó tres argumentos de importancia y trascendencia para justificar la solicitud: Si se debe o no suspender el inicio de obras públicas de gran importancia cuando es evidente que no cumplen con los requisitos legales; si en el juicio de amparo el Poder Judicial está facultado para proteger a la Hacienda Pública y para velar que el gasto se ejerza con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y si debe permitirse privilegiar la seguridad nacional en obras públicas, cuando esté en riesgo el derecho a la vida, a la integridad personal y a un medio ambiente sano”.
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