ELEAZAR ARZATE MORALES
Alrededor de 44 abogados del municipio de Zihuatanejo solicitaron la reanudación de labores de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tal y como fue publicado el 1 de marzo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Este miércoles, el abogado David Torres informó que un total de 44 de sus colegas y Ricardo Rodríguez, Secretario General de la Sección 50 CTM de Zihuatanejo, firmaron un oficio que será enviado a Oscar Ignacio Rangel Mirabete, Secretario de Trabajo y Previsión Social, así como al Gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Solicitan que reinicien actividades en la Junta Local en cumplimiento a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado, que precisa que pueden regresar a trabajar todos los empleados y recibir un 50 por ciento del aforo total en sus oficinas.
Recordaron que la Junta Local tiene un año cerrada, por lo que es importante que ya se pongan a trabajar para evitar aún más el retraso de la impartición de justicia hacia los trabajadores.
En el oficio también explican que hay un grupo de siete abogados que conforman “Barra de Abogados A. C. de Zihuatanejo que no representan en lo mínimo los intereses de todos los abogados que desempeñamos nuestra labor en el municipio”, pero que son los que pretenden coaccionar a la autoridad a efecto de que no se reanuden las labores en la Junta Local.
Lamentaron que Barra de Abogados ha tomado provecho de esta situación para abuzar de los trabajadores que perdieron sus empleos durante la pandemia, les dicen que acepten cualquier cantidad de dinero por su liquidación porque de lo contrario no recibirán nada porque la Junta Local está cerrada y no hay autoridad que los proteja.
Destacaron que hay un rezago natural de asuntos que resolver en la Junta Local porque no cuentan con el suficiente personal y ahora se dificultará solucionar todo lo acumulado en el transcurso del año que suspendieron labores.
Por último, recalcaron que no existe ninguna razón o impedimento legal suficiente para que reanuden labores en la Junta Local, “máxime que así lo ha determinado el Poder Ejecutivo del Estado” y de seguir cerrada continuarán vulnerando los derechos de los trabajadores afectados durante la contingencia sanitaria.
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