Ruth Tamayo Hernández
¿Violencia o ausencia de cultura de la legalidad?
La descomposición social en la República Mexicana, mis estimados, rebasó límites insospechados e inimaginables. Lo increíble y grave de la trama, son los argumentos oficiales en relación a la putrefacción que hedió al país en su conjunto, y siguen siendo acedos y deprimentes.
Los conmovidos relatos del secuestro y asesinado por sus captores en la Ciudad de México, un estudiante universitario oriundo de Chihuahua, deja con un nudo en la garganta a cualquiera; sin embargo, mi comentario va en dirección a que la sociedad está desprotegida por parte de las autoridades, prácticamente a la autoridad le vale un comino la gente. Y volvemos a lo mismo de años atrás: la impunidad tiene al país teñido en sangre. El crimen subsiste precisamente por esta cadena de imunidades, y para muestras un botón: el secuestro del joven universitario pone al descubierto hasta dónde están involucradas las autoridades con los criminales.
Son absurdas la justificación de los elementos de la Fiscalía Antisecuestros; incluso la misma Procuraduría General de Justicia local (PGJ), sospecha que los elementos de la Fiscalía Antisecuestros estén involucrados con los secuestradores, pues estos marranos corrientes no actuaron conforme a lo indican los protocolos en caso de secuestro. Los muy mañosos dejaron pasar tiempo que era oro para rescatar a Norberto Ronquillo. Fueron 72 horas claves que se desaprovecharon, señalaron especialistas.
Un tal Ceballos ya fue detenido por omisión, por no resguardar el automóvil en que viajaba el universitario. La familia fue la que denunció a estos malévolos de la Fiscalía que habían dejado pasar 72 horas consideradas cruciales para localizar al universitario de 22 años de edad.
Según exámenes realizados por el Instituto de Ciencias Forenses, al joven Ronquillo lo tuvieron cautivo cuatro días y luego lo mataron.
La necropsia reveló que murió por asfixia y tenía la nariz fracturada.
Cabe hacer mención que la procuradora Ernestina Godoy, dijo que el deceso del estudiante universitario ocurrió horas después del plagio; sin embargo, la necropsia reveló que estuvo por lo menos ocho horas vivo y luego lo asfixiaron, mientras negociaban un jugoso botín de 5 millones de pesos, que tras las negociaciones quedó en 500 mil pesos. Pero para entonces el joven chihuahuense ya estaba muerto y por eso nunca lo entregaron a sus familiares, como ofrecieron.
Todos estos supuestos muestran la impunidad con la que se conducen las instituciones. Son muchas cosas que señalan que hubo negligencia por parte de los elementos Antisecuestro, pues las cámaras de la ciudad les mostraban todo el cuadro, y estos infames se hicieron pentontos.
Y mi argumento en este crimen, mis estimados, es que siempre hay gente cercana al secuestrado que conoce los movimientos de la familia, hay un malandro cerca, sea pariente, chofer, amigo, cuñado, etcétera, porque los secuestradores fueron directo con Roberto Ronquillo y se lo llevaron, por eso los malnacidos pidieron 5 millones de pesos por la libertad del estudiante, porque sabían que su familia tenía solvencia económica y la familia dio 500 mil y de todos modos lo mataron.
Pero como decía mi padre, el malvado comete errores que le cuestan la vida. Sólo basta que maten a la persona equivocada para que se los cargue la fregada.
Y creo que esta vez esas garrapatas, escorias de la vida, asesinos, se equivocaron de persona y sobre su cruz van a cargar su penitencia.
Caso San Luis
En otro tema mis estimados, también resulta muy lamentable lo que está sucediendo en el municipio de San Luis Acatlán, en la región de la Costa Chica, donde vecinos de una comunidad tlapaneca que hace dos semanas mantuvieron bloqueada durante tres días la carretera interestatal en Marquelia, irrumpieron a la cabecera municipio sanluisteco armados con palos y machetes para sembrar el terror, desmantelando diversas áreas de la administración, golpeando y secuestrando funcionarios.
Exigen 13 millones de pesos del presupuesto del Ramo 33, para ejercerlos directamente ellos. Es obvio que no son las autoridades del pueblo las que piden eso, sino un grupo de líderes vinculados al gobierno pasado que encabezó el emecista Javier Vázquez García, y su tesorero Adair Hernández, mismo que perdió la elección por el MC en julio pasado, y el cual está asesorando a todos los pueblos indígenas para que reclamen los recursos para ejercerlos de manera directa, amparado en los usos y costumbres indígenas. Nadie, sin embargo, los detiene. Y como actúan tras bambalinas –aunque es pública su actuación- ellos se dan golpes de pecho, erigiéndose como demócratas y conciliadores. Vean sino la página del ex alcalde Vázquez García, quien se dedica junto con su ex tesorero a demandar a los ayuntamientos por la vía laboral, incluido al municipio que gobernaron, y que al mismo tiempo tenían demandado, creando una intrincada red de intereses económicos que está a la vista con lo que sucede en Pueblo Hidalgo, donde encontraron eco a sus intrigas.
Además, ahora que el municipio ya no entrega el fertilizante, están diciéndole a los pueblos que el ayuntamiento les debe entregar ese dinero en efectivo, para ellos repartirlos como “programas sociales”, pasando por alto que el fertilizante en sí mismo nunca tuvo una partida específica, sino que se desviaban recursos del Ramo 33 para sufragarlo durante muchos años, y que este año ese dinero se debe integrar a la propuesta de obras 2019.
Los líderes de Pueblo Hidalgo, decíamos, todos vinculados al gobierno anterior, puesto que están integrados ex regidores y ex directores de área, exigen al presidente municipal, el priísta Agustín Ricardo Morales, 13 millones de pesos para obras de su comunidad, desglosando 10 de ellos para obras, y 3 para programas sociales.
El presidente ofrece 10 millones, 4 millones más que lo que se aprobó en la reunión del Coplademun, y 4.5 millones más que lo que les dio el ex alcalde Javier Vázquez el año pasado. Pero con la condición de que el Ayuntamiento sea el que supervise la aplicación del recurso, por ser la instancia responsable de la administración, cosa a la que se oponen.
Incluso les ofrece que ellos nombren a la empresa contratista, pero con la condición de que sea avalada por la industria de la construcción, y que sea certificada, no una empresa patito, pero también se negaron.
Se deduce, entonces, que lo que quieren son los 3 millones que la población recibía de fertilizante, para aplicarlo a su arbitrio, aunque esto constituiría un delito por desvío de recursos, ya que el Ramo 33 viene etiquetado para obras sociales.
Este lunes, tal y como ya lo habían anunciado semanas antes, los pobladores encabezados por los líderes del pueblo, armados con palos y machetes, irrumpieron en la cabecera municipal pero no para tomar el ayuntamiento, sino para llevarse como rehenes a policías y funcionarios. Incluso acudieron a la casa del alcalde para sacarlo, junto con su familia, pero afortunadamente no los encontraron.
A los que no localizaron en sus oficinas, fueron a sacarlos de sus hogares, y va varios de ellos golpearon. Al oficial mayor, por ejemplo, lo tundieron a varillazos y se le diagnosticó traumatismo craneoencefálico, mientras que otros son atendidos en el hospital de la ciudad, pero a 12 más se los llevaron retenidos, lo mismo que las patrullas, las armas, el parque, los pertrechos, el camión de la basura y otros vehículos, dejando desmanteladas varias áreas de la administración municipal, al grado de que en este momento están parados todos los trabajos del gobierno.
Refieren testimonios locales que al oficial mayor del Ayuntamiento, lo golpearon a punto de matarlo, y si no fuera porque se metió su familia a quitárselos, estaría muerto.
¿Quién le dijo a esta gente que pueden disponer de recursos para ellos hacer las obras? Eso no es posible. Si el alcalde les prometió obras, exijan que vaya y las realice, pero no les puede dar el dinero en crudo, no se pasen de listos.
La cultura y la legalidad de una población determinada, es el conjunto de valores, normas y acciones que promuevan que la población crea en el Estado de Derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad. Es como un mecanismo.
Y mientras esa revuelta social pone en peligro la vida de muchas personas, los diputados siguen jugando a la comidita haciéndose los chistositos, mientras el estado de Guerrero es trastornado por manos diabólicas que no lo quieren.
De hecho, dice la gente de Pueblo Hidalgo que los diputados les dijeron que a ellos les asiste la razón. Pero cuando el presidente les pide que ellos se responsabilicen del destino del dinero, si él se los entrega tal y como se lo piden, nadie quiere esa responsabilidad.
El delegado Pablo Sandoval Ballesteros ya dijo que sólo los entes autorizados pueden ejercer recursos públicos, que son de procedencia federal, pero ni así entienden.
Lo grave es que en este momento hay gente secuestrada, golpeados, un ayuntamiento saqueado y el gobierno estatal debe aplicar la Ley, caiga quien caiga. Vamos, hasta el titular de Sagadegro, Juan José Castro Justo, quien es oriundo de ese lugar y padrino político del alcalde Agustín Ricardo Morales. Lo está dejando solo, que se rasque con sus propias uñas.
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