Ni peras ni manzanas, seguimos con la Ley Chayote
Desde su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador anunció un plan que llamó como “Plan de austeridad y combate a la corrupción”, en el cual mencionaba, en su punto 29 “reducir en un 50 por ciento el gasto de publicidad oficial del gobierno federal”. Tras la publicación del Plan, el colectivo #MediosLibres instó al nuevo gobierno a reabrir la discusión legislativa en la materia a fin de aprobar una ley de avanzada y abrogar la recién aprobada Ley General de Comunicación Social (apodada Ley Chayote), ya que, si bien la reducción del gasto es necesaria, la medida no es suficiente ante la falta mecanismos de control y de criterios claros, transparentes y objetivos de asignación.
La nueva configuración política surgida a raíz de las elecciones del 1º de julio de 2018 representa una oportunidad para la sociedad mexicana en distintos ámbitos, entre ellos el de la libertad de expresión. Durante el periodo de transición entre el 1º de julio y el 1º de diciembre, se habló de la necesidad inminente de la reforma —recién nombrado coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, en entrevista con Javier Risco para El Financiero Bloomberg señaló: “Hay que modificar la Ley de Comunicación Social, la llamada «ley chayote»” y añadió: “Yo esperaría que antes del primero de diciembre pudiera reformarse esta ley”. Sin embargo, ya en el segundo periodo legislativo de la LXIV Legislatura, la regulación pasó a segundo plano y, de nueva cuenta -como ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto-, parece haberse quedado en el olvido. Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo —quien en su momento fue un férreo opositor de la aprobación de la ley en el Senado— advirtió que hasta en tanto la Suprema Corte no se pronunciara sobre la inconstitucionalidad de la norma no habría reforma alguna: “…nosotros estamos esperando la sentencia de la Corte -refiriendose a la sentencia ante la acción de inconstitucionalidad presentada por los PAN, PRD y MC, así como por la presentada por la CNDH-, queremos ser muy respetuosos en ese sentido. A partir de lo que ocurra ya sea que se ratifique o que se considere inconstitucional, a partir de eso, empezaremos a ver qué es lo que sigue”.
Y esto pareciera confirmar lo que desde Artículo 19 y Fundar hemos dicho una y otra vez: la publicidad oficial es un bien y una herramienta a los que ningún gobierno (hasta ahora) ha querido renunciar, pues como decía Gérman Espino, académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, “vale más comprar a los medios que hacer un buen gobierno”.
En enero de 2019 se publicó un presupuesto de $4 mil 165 millones de pesos para comunicación social, aprobado para el ejercicio fiscal 2019. Es un monto similar al aprobado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en 2018. En su momento, será necesario analizar si efectivamente se cumplirá con la austeridad anunciada en materia de publicidad oficial y el respeto a los topes presupuestales o si las prácticas poco transparentes y de ejercicio indiscriminado del gasto se mantendrán.
No obstante, la semana pasada, el mismo Jesús Ramírez, anunció, en el marco de las conferencias matutinas, la publicación de una Política de Comunicación Social que si bien, en conjunto con los lineamientos emitidos en el mes de enero de este año, son un elemento importante para promover mayor transparencia y claridad sobre la asignación del gasto en publicidad oficial, también se quedan cortos cuando se trata de atender el problema que refiere la asignación arbitraria de recursos multimillonarios y por lo tanto en la posibilidad de romper la relación perversa que hasta hoy existe entre el poder y la prensa. Los controles al gasto en publicidad no pueden depender de la voluntad política del gobierno en turno, de ahí la importancia de contar con una legislación que la regule de manera que no vulnere los derechos a la libertad de expresión y a la información.
Y no se trata de quejarse, se trata de reconocer la realidad de nuestro país. Pensemos, si la Constitución, que es el máximo ordenamiento legal, es letra muerta en muchas situaciones de la vida pública de nuestro país, por qué no lo serían estas normas, que no son vinculantes, que si no se cumplen no hay consecuencia. Los lineamientos y la política publicados por el ejecutivo federal, sin duda, se distinguen de aquellos que fueron el estandarte del actuar de los sexenios del PAN y el PRI en la materia y son un buen comienzo para fijar los estándares bajo los cuales deberá escribirse una nueva ley. Pero el problema del uso proselitista del dinero público en México no se resuelve con estas normas. Por el contrario, lo que permitiría es sectorizar el gasto y daría lugar a que la información se pervierta hacia el mejor postor, quién más pague por publicidad oficial se convierte en el administrador de la información, aquel que logre sortear la jurisdicción que cubren estas normas es capaz de mantener la cultura del engaño a través de la manipulación de la información que llega a la sociedad. Por ejemplo, el legislativo, el judicial o los Estados que se regulan con la Ley Chayote, pueden seguir utilizando la publicidad oficial como un mecanismo de control de las líneas editoriales de los medios de comunicación pues estos lineamientos y esta política no les son aplicables.
El problema que desde Artículo 19 y Fundar hemos expuesto desde hace más de 10 años no es uno que se resuelva desde el ejecutivo federal y requiere de una política de Estado. En este asunto hay responsabilidad de todos los poderes y todos los niveles de gobierno, incluidos los órganos autónomos. Por esto, hemos sido insistentes en la necesidad de una ley general que fije criterios claros, objetivos y transparentes para regular la publicidad oficial, que además, sancione el uso indiscriminado del gasto y prohibía su uso propagandístico.
No olvidemos que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la administración pública federal gastó 60 mil 237 mdp. Tan sólo en 2018 se ejercieron, preliminarmente, 7 mil 849 mdp, lo cual constituye prácticamente un sobre-ejercicio del doble de lo aprobado para dicho periodo. Por otro lado, el monto aprobado en los estados para el año fiscal 2018 sumó un total de 3 mil 105 mdp según los presupuestos de egresos de los estados.
Con la entrada en vigor de la Ley General de Comunicación Social el 1o de enero de 2019, la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial, la arbitrariedad en la asignación de los recursos, el condicionamiento de las líneas editoriales, la censura, la asfixia financiera, el premio y castigo monetario a los medios de comunicación, están ya respaldadas por la ley. Por esta razón, Es necesario retomar las discusiones sobre las iniciativas existentes, abrogar la Ley General de Comunicación Social ley y trabajar por un marco normativo que promueva la democratización de los medios, la pluralidad informativa y la libertad de expresión.
Así, mientras se define si la Política y los Lineamientos cambian las cosas o si la Corte declara la inconstitucionalidad de la Ley aprobada, nos quedamos con la Ley Chayote. El costo de no abrogarla es el silencio y, desgraciadamente en México, ya existen muchos factores que hoy son limitantes de información. El Congreso de la Unión debe, sin más, retomar la política publicada por el Ejecutivo Federal y hacerla ley, tomando en consideración las bases mínimas publicadas por el Colectivo Medios Libres.
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