Ruth Tamayo Hernández
Guerrero y sus vivencias trágicas
“No hay cheque que pueda comprar la confianza, ni saldo que te reviva.” Anónimo
Hace ya varias lunas, mis estimados, que el estado de Guerrero en materia de seguridad pública vive un deterioro enorme, que tristemente se hizo más evidente con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, que también incluye el homicidio de seis personas.
Fue un cuadro oscuro y aterrador que a la fecha no logran esclarecer las autoridades y el suceso ha desencadenado una larga cadena de violaciones a los derechos de los deudos de esos estudiantes.
Sin embargo -y como si fuera maldición-, el estado suriano continúa sin rumbo en materia de seguridad, estigmatizado como un estado violento, con el mayor número de homicidios; y por su fuera poco, también ocupamos el sexto lugar en secuestros y extorsiones.
Un estuche de monerías es la entidad suriana, no en balde el gobernador Héctor Astudillo Flores, a escasos 13 días de cumplir cuatro años al frente del Poder Ejecutivo de Guerrero, reconoció que el estado aún tiene problemas en materia de seguridad y pobreza.
Sin duda que hace falta mucho en materia de seguridad en la entidad, el sol no se puede tapar con un dedo, existen problemas grandes de inseguridad y violencia que el gobernador reconoce que existen. Son problemas graves que no se han podido solucionar, pues el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoce que el problema de la inseguridad y violencia es más grave de lo que imaginaron. En este asunto, la Federación tiene una gran terea que resolver en conjunto con los gobernadores y presidentes municipales, cada quien desde su trinchera, ninguno se puede rajar, todos tienen que entrarle a tomar el toro por los cuernos, pues a estas alturas retroceder seria conceder camino.
Lo ocurrido con el paro del trasporte en Acapulco es preocupante, tanto para la autoridad como también para la sociedad. Simplemente porque el municipio de Acapulco es el que mantiene a la mayoría de guerrerenses; por tanto, si Acapulco se cae, se derrumba el estado en general. Por eso es preocupante lo ocurrido en el puerto el pasado sábado, y en lugar de verlo como algo ligero, es algo que debe poner en alerta a los tres órdenes de gobierno, pues el paro de transportistas apanicados por la violencia, no sólo dejó ver la ingobernabilidad de la presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo; que por cierto se escudó de los hechos de manera infantil, como si fueran un chiste.
Cuando le preguntaron sobre la suspensión del servicio del trasporte público en la zona poniente y de hospitales, la alcaldesa porteña en lugar de dar una contestación coherente, se justificó y responsabilizó al gobierno del estado de permitir que los trasportistas cancelaran el servicio, y añadió Román Ocampo que existe la posibilidad de que haya colusión entre esos grupos criminales y políticos, para desestabilizar su gobierno y dar un golpe de Estado blando al gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Se molestó mucho la alcaldesa porteña por la suspensión del servicio de trasporte, al grado de decir que si ella fuera gobernadora, les quitaría las concesiones a esos trasportistas que dejaron sin servicio a cientos de personas el pasado sábado.
En lugar de ver el fondo del problema porque la presidenta sabe bien de qué lado masca la iguana en ese sector, con relación al crimen organizado y las extorsiones, que sufren no sólo los transportistas sino también el comercio establecido y ambulante, la alcaldesa prefirió desviar la atención y pensar en un complot político.
Los acapulqueños cuentan vivencias trágicas en ese tema: muerte, dolor y llanto; ese es el destino si se hacen sordos y no dan la cuota. La presidenta lo sabe, pero no le conviene aceptar que no ha podido cumplir con sus gobernados en esa materia; y se entiende, porque si la Federación, con todo su poder económico y de recursos humanos, no puede hacer nada decisivo, pues mucho menos un alcalde.
Pero por lo menos la alcaldesa porteña debe solidarizarse con los sectores afectados del puerto, pues son muchos los verdugos que han sufrido a lo largo de los últimos 13 años. Y además, a varios trasportistas y comerciantes los han matado como viles animales, todo por no cumplir con el pago del recurso que exigen esos malvados; y tanto el trasporte como el comercio están hartos de tanto abuso.
Hasta le salió barato a Román Ocampo, pues después de la 1 de la tarde los trasportistas restablecieron el servicio de transporte, pues en la redes se decía que el paro era indefinido y que no circularían hasta nuevo aviso.
Las benditas redes fueron las que publicaron el motivo de la suspensión del trasporte. Las autoridades trataron desviar el tema y dijeron que era asunto menor; sin embargo, señores, la mayoría de los problemas del puerto tienen que ver con la inseguridad que azota y afecta a todos los sectores.
El tema es más grave de lo que los funcionarios quieren hacer creer. Y mientras ellos (los gobernantes) ocultan la verdad, los criminales queman carros para fijar miedo y someter a la sociedad.
Este es un asunto preocupante, sin duda, mis estimados, sobre todo porque la alcaldesa Román Ocampo no da cabida a grupos políticos disidentes, que bien podrían aportar su trabajo y experiencia para el control del puerto. Pero ella no da su brazo a torcer; por el contrario, cada que puede avienta puños de tierra para terminar de sepultar al puerto. Se quiere comer sola el pastel, no obstante, los problemas que vive Acapulco requiere de la capacidad de varias personas, de un equipo integral. Esa no es obra de llaneros solitarios.
Entonces, la presidenta porteña debe dejar de lado los pleitos y señalamientos entre políticos, pues el poder sólo dura tres años, no es eterno, pues. Y soltar la pedrada por soltarla no lleva a ningún lado. Habría que recordarle a doña Adela que la política no se lleva con la soberbia, y en eso les ha puesto el ejemplo el presidente AMLO, quien es el jefe del Ejecutivo Federal. El mandatario ha insistido siempre en el respeto a la gente, escuchar y luego hablar. Un modelo que todo político debe tomar si quiere seguir en ese camino, porque de ahora en adelante ya no se aceptan políticos que sienten que no los merece el mundo, intocables y altaneros.
Lean un ejemplo de altanería. Lo dijo la alcaldesa porteña: “Si fuera gobernadora les quito las concesiones a los trasportistas”. ¿Qué tal? Nunca será gobernadora Román Ocampo con esa forma de pensar.
Ni hablar. Bien decía mi madre, que cada quien se labra su propia cruz.
Por cierto, para las personas que me preguntan para cuándo será el informe del gobernador Héctor Astudillo Flores, tengo entendido que es el 17 de octubre. El próximo jueves el mandatario estatal estará en el Congreso de Guerrero presentando su cuarto informe de gobierno.
Astudillo acepta que no ha sido fácil gobernar la entidad suriana, sobre todo lograr sus metas en materia de seguridad, aunque dijo que la seguridad es responsabilidad de todos, tanto de la Federación del gobernador y de los presidentes municipales. “Todos somos responsables del tema de la seguridad”, dijo. Y reconoció que falta mucho por resolver en esa materia, pero aseguró el gobernador, que en Guerrero hay gobernabilidad.
Es cierto que la inseguridad tiene locos a los funcionarios de los tres niveles de gobierno, porque no han podido controlar el azote. Aunque hemos dicho en este espacio que la inseguridad y violencia no es un tema estatal y municipal, es nacional y de allá debe venir la solución.
La violencia ha enlutado a casi todos los hogares mexicanos, de una forma u otra. La inseguridad es un tema crítico que tiene al país al borde de un colapso nacional, y negándolo no van a resolver nada, tienen que aceptar que los mexicanos vivimos momentos peligrosos y de gran incertidumbre que no sabemos hasta cuándo va a parar; y que sólo uniéndose los funcionarios con la sociedad podrán controlarlo, pues somos más lo que queremos vivir en paz. ¡Feliz semana, mis estimados!
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