(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Un nuevo problema le estalló al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, con la desaparición de la dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel, y de Hilario Cornelio Castro, otro de los miembros de la organización que la acompañaban. Afortunadamente, tras cuatro días en poder de sus captores, fueron liberados y hallados el sábado de madrugada en el municipio de Tierra Colorada, bastión en pleito entre la UPOEG y el FUSDEG.
Cierto que no fueron hallados por los policías que las buscaban, pero la presión social y política logró que sus captores los liberaran, y el gobernador se reunió con ellos horas después.
La aparición de Obtilia desarticuló de inmediato todo operativo de búsqueda, pero no debe cesar la investigación, pues de ella dependen muchas cosas que –de no actuar-, podrán tener un impacto severo en el municipio de Ayutla de los Libres, que hoy tiene un gobierno por usos y costumbres indígenas.
En el inicio no se tenían detalles de este levantón, pero poco a poco, al paso de los días, se diseminaron diversas versiones. Según el esposo de Obtilia, Cuauhtémoc Ramírez, ella iba huyendo de Ayutla rumbo a Chilpancingo, porque desde el fin de semana anterior a su desaparición, ocurrida el martes 12 de febrero, arreciaron las amenazas en su contra.
¿La razón? Que ella forma parte del consejo de obras del nuevo gobierno comunitario de Ayutla, y tiene en su contra a los promotores de las elecciones por usos y costumbres, léase la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), cuyo líder es Bruno Plácido Valerio, pues estos exigen controlar el recurso de obras.
Siempre en la versión de Cuauhtémoc Ramírez, Obtilia era el muro de contención en contra de la UPOEG al interior del Concejo Municipal Comunitario, y de ahí que comenzaron a presionarla vía amenazas de muerte.
Hay que saber que elementos de la UPOEG así como los de la CRAC-PC se encargan de dar seguridad en Ayutla, pues desde que adoptaron este nuevo tipo de gobierno, el gobierno estatal y federal desarticularon a la Policía Preventiva Municipal y también les dejaron de entregar la partida relativa a la seguridad pública.
También hay que considerar que las amenazas contra Obtilia eran recurrentes y en realidad ha estado amenaza por muchos años –ella responsabilizaba a la gente del PRI-, al grado de que por presiones internacionales se le proporcionaron medidas cautelares y una patrulla de la Policía Estatal la estaba cuidando permanentemente, excepto ese día que desapareció, porque según los policías que fueron entrevistados por reporteros de la Costa Chica, la mujer tenía la costumbre de sa
lir sin avisar a dónde iba, y prefería andar con gente de su organización que con los uniformados dispuestos para su seguridad.
Desde el miércoles, el gobernador activó a través de la Secretaría de Seguridad Pública un operativo de búsqueda por tierra y aire, mientras que la Fiscalía comenzó también la investigación del caso y lanzó una recompensa para quienes proporciones información sobre el paradero de Obtilia y su acompañante.
El viernes, el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla se presentó ante el gobernador para pedirle que la investigación del caso la retome la Fiscalía General de la República, y Astudillo en ese momento le pidió la atención del caso al fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
Claro que este caso es ocasión para responsabilizar al gobierno del estado por la inseguridad que priva en la entidad. Y por supuesto que el gobierno en turno es responsable de prodigar seguridad a sus gobernados, pero esto en un contexto de vida normal. Para nadie es un secreto que en México, sus estados y municipios, hace mucho tiempo que la normalidad se acabó, y que sobre todo Guerrero es un polvorín.
Considero que el caso de Obtilia será ocasión para que se revise la actuación de la UPOEG, organización armada a la que, sin embargo, los órganos electorales le permitieron empujar un proceso de gobierno por usos y costumbres indígenas, sin considerar que por el hecho de tener un brazo armado a sus órdenes, como el SSJC (que además tiene varias falanges peligrosas y que depende no de Bruno Plácido, sino del que se dice ser el comandante del grupo, Ernesto Gallardo Grande), la UPOEG estaba imposibilitada para actuar como organización civil y representante de los derechos políticos de los pueblos indígenas..
Pues bien, éste es apenas el comienzo del caótico gobierno de Ayutla, y esperemos a ver lo que sigue. Si la PGR profundiza realmente en esta investigación –que debe hacerlo porque fue un delito que no fenece con la aparición de la víctima- Bruno y sus muchachos están en problemas.