La mentira de la Guardia Nacional
Raymundo Riva Palacio
El parlamento
abierto es una práctica democrática que en México sirve para la propaganda y la
justificación política para que los legisladores de Morena acaten las
instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este tipo de
violación al equilibrio de poderes, por citar un ejemplo actual, está generando
demandas y controversias constitucionales contra el presidente Donald Trump por
querer construir un muro en la frontera con México dándole la vuelta a
demócratas y republicanos que no le quisieron dar presupuesto suficiente para
ello. En Washington, los legisladores son independientes del Ejecutivo, pero en
México, los senadores de Morena son un brazo de López Obrador y actúan sin
prurito, vergüenza o decoro. La creación de la Guardia Nacional es el ejemplo
vivo de las falacias e indignidad que se viven en estos tiempos de regresión
democrática.
Durante las
sesiones públicas para escuchar el abanico de voces sobre la creación de la
Guardia Nacional, todos los partidos y gobernadores de oposición, así como los
expertos, argumentaron en contra del control militar en la seguridad pública. Hay
consenso para utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas policiales miemtras se
reconstruye a las policías, pero bajo el criterio que tendrían que estar
subordinados a un mando civil. El proyecto del dictamen de 250 páginas que está
circulando desde el domingo es una burla, con una redacción que ni siquiera
pretende ser sofisticada o ambigua que permita diferentes interpretaciones
jurídicas.
El artículo
Quinto Transitorio, por ejemplo, establece que en tanto persista la emergencia
de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de cinco años, la
Guardia Nacional será adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional para
efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad,
además de la elaboración de políticas, planes y estrategias en materia de
seguridad pública. No viene en el proyecto del dictamen, pero sí en el
organigrama que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una
de sus comparecencias públicas, que en el centro del modelo aparece el mando
militar sobre la autoridad civil.
Pero en el mismo
dictamen, explica: “El carácter civil de la Guardia Nacional viene determinado
por su dependencia de la secretaría del ramo de la Seguridad Ciudadana, así
como por su dirección civil”. Es una mentira, como se aprecia en el Quinto
Transitorio previamente citado, donde se establece que el nuevo cuerpo
paramilitar responderá a Lomas de Sotelo, no a Constituyentes. Las
contradicciones van acompañadas de galimatías a lo largo de la ley de marras.
“Si el régimen propio de las fuerzas militares regulares no se concilia con las
funciones propias de las autoridades civiles, el régimen especial de las
policías con un diseño de disciplina militar como el pretendido, sí logra esa
conciliación”, señala. “Consideramos que ello reduce significativamente el
riesgo para los derechos humanos que puede implicar la incursión de tropas
regulares de defensa nacional en tareas de seguridad pública”.
Considerar es una
reflexión que en ninguna parte del texto del dictamen está sustentada. ¿Qué
hace pensar al presidente y a Morena que por ser un nuevo gobierno cambiará la
doctrina, entrenamiento y visión de las Fuerzas Armadas? El texto es tramposo.
Cuando se refieren a “tropas regulares”, parecería que fueron sólo estas las
que se utilizaron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto. Ciertamente emplearon cuerpos de élite para operaciones quirúrgicas,
pero sobre todo Policía Militar, que es lo que se volverá a emplear.
De hecho, la
Guardia Nacional, sin tener ese nombre y con los uniformes actuales, está
operando de facto con tres brigadas de infantería de la Policía Militar desde
el inicio del sexenio. La Primera Brigada está seis municipios mexiquenses:
Atizapán, Chalco, Chimalhuacán, Metepec, Naucalpan y Tehuacán. La Segunda en
otros siete municipios de esa entidad: Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli,
Ecatepec, Nicolás Romero, Texcoco, Tenancingo y Zumpango. Y la Tercera en otros
seis: Ixtapaluca, Jilotepec, La Paz, San Felipe del Progreso, Tlalnepantla y
Zinacatepec. En total hay mil 235 soldados desplegados en la entidad, que sin
ser la más violenta, su cercanía con la Ciudad de México, donde se concentran los
poderes económico y político, y los medios de comunicación nacionales, hace que
su impacto se multiplique.
Falta por
desplegar a militares en el resto de las 265 regiones de alta incidencia
delictiva, como fuerzas de tarea de reacción rápida para combatir la
delincuencia del fueron común. O sea, nada preventivo, ni nada que se enfoque
al combate de los cárteles de la droga. El proyecto del dictamen sólo habla de
seguridad pública y delitos del fueron común, que representan alrededor del 92%
del total de los delitos, pero a diferencia de anteriores gobiernos, los
cárteles de las droga tendrán una vacación sexenal.
Ni los
perseguirán físicamente, ni hay nada previsto para eradicar sus plantíos de
drogas, ni canales de distribución y comercialización, ni sus ingresos y
finanzas. La regresión es a los años previos a 1985, cuando el asesinato del
agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, forzó al presidente Miguel de la
Madrid a pedir resultados a su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett,
actual director de la Comisión Federal de Electricidad.
El avasallamiento
de López Obrador con sus altos índices de popularidad y la abyección de los
legisladores de Morena, apuntan a la aprobación de la Guardia Nacional como la
desea el presidente, al mando de militares. Este modelo forma parte de un viejo
proyecto de López Obrador, no necesariamente como el cuerpo policial que se
está planteando, sino para co-optar a las Fuerzas Armadas, de cuyo propósito se
hablará en un próximo texto.
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