(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Las circunstancias van empujando al gobierno federal, y este
viernes, con por lo menos dos meses de anticipación, el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, echó a andar las primeras
coordinaciones de la Guardia Nacional. Esto pese a que todavía no se discuten
ni mucho menos aprueban las leyes secundarias del organismo, proceso que
comenzará el 13 de mayo en el Senado de la República, en el marco de un periodo
extraordinario de sesiones.
Como se esperaba, la primera coordinación que se abrió fue
la de Minatitlán, Veracruz, donde el Viernes Santo hubo un baño de sangre en un
antro, en que varios adultos, jóvenes y menores festejaban un cumpleaños. Tras
el ataque, murieron 14 personas, entre ellos un bebé de 2 años, así como el
dueño del local, y hubo varios heridos.
Posteriormente se instaló otra coordinación en una zona
crítica de Oaxaca, y se anunció la presencia de 600 agentes de la Guardia
Nacional en Acapulco, en los próximos días.
En la Ciudad de México ya se tiene presencia también de la
Guardia Nacional, pero se trata de un operativo menos ostentoso que el de
Veracruz.
Y es que el ataque de Minatitlán colocó al gobierno de López
Obrador ante una encrucijada. Lo culparon del ataque. Le recordaron que había
prometido paz y seguridad. Él mismo trató de defenderse de sus detractores,
señalando que la violencia viene de gobiernos anteriores, y que los que ahora
se rasgaban vestiduras, toleraron todo lo que sucedió en sexenios pasados,
sobre todo los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Los analistas políticos
han sido implacables contra el presidente. Quieren que haga en un trimestre, lo
que los demás no hicieron en sexenios enteros.
Incluso hubo quienes consideraron la probabilidad de que el
ataque en Minatitlán hubiese sido premeditado, pensando en que Veracruz es el
único estado gobernado por Morena, y donde los dos últimos gobernadores, uno
del PRI y otro del PAN, dejaron una estela de violencia y corrupción. El
objetivo era dejar mal parado al partido lópezobradorista, por la cercanía de
la elección en Puebla, y la antesala de elecciones en otros estados, Guerrero
entre ellos.
Otros comentarios menos graves, explicaban que Minatitlán
pasó a ser desde hace mucho tierra de nadie, como lo era también la zona del
huachicoleo en Hidalgo, donde se registró el estallido de un ducto, mientras
los vecinos robaban combustible y hacían fiesta por el atraco a un bien
nacional.
Los defensores de derechos humanos, por su parte, volvían a
sus frases comunes: que lo que sucedió en Minatitlán –ejemplo de lo que ha
sucedido en muchas otras partes del país, como en Iguala en 2014, con los
estudiantes de Ayotzinapa, era parte de la descomposición social.
En medio del dolor, de la ofensa, de la indignación social,
y contrario a lo que Peña Nieto hizo en el Caso Ayotzinapa, el presidente López
Obrador tomó el torpor los cuernos y adelantó la entrada en vigor de la guardia
Nacional, poniendo en marcha la primera de 266 coordinaciones en que se dividió
el país para efectos de blindarlo, combatir a los grupos delincuenciales y
devolverle a los ciudadanos la paz robada desde hace por lo menos 13 años.
El plan era que a mediados de junio, ya estarán funcionando
51 coordinaciones regionales de la Guardia Nacional con 25 mil elementos. Era
necesario que en el Congreso federal se discutieran las leyes secundarias. Y
mientras tanto, continuaríamos con el mismo esquema de seguridad heredado del
sexenio pasado, y los estados también moverían sus propios programas.
El presidente prometió algo en el marco del lanzamiento de
la Guardia Nacional: Que habrá combate parejo a los grupos o personas que
violen las leyes vigentes.
“No se va a perseguir a grupos delincuenciales para proteger
a unas organizaciones criminales de otras”, dijo, en alusión a que los
gobiernos solían combatir a un cártel, pero para proteger a otro, haciendo una
historia interminable de relevos, ventas de plaza, limpias y todo lo que deriva
de la eterna reconquista de territorios.
López Obrador aseguró que en su gobierno ya se pintó la
frontera entre las autoridades y el crimen organizado. “No va a haber
mescolanza, no va a haber contubernio. Esto también significa que no se va a
perseguir a una banda para proteger a otra como también se llegó a hacer”,
sostuvo.
Y, ojo, se revisará concienzudamente el comportamiento de
los fiscales generales de los estados, para que “las denuncias no se vayan al
congelador”. Al contrario, indicó que habrá transparencia en las detenciones y
que se cuidará que los casos denunciados se atiendan, en lugar de lo que ahora
sucede: que los detenidos más tardan en ser presentados ante los ministerios
públicos, que en ser liberados, como si esa fuera la consigna.
El presidente dijo que también se continúa con la limpia al
interior de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para que “ningún juez
libere a personas que esté demostrado están cometiendo ilícitos”.
En resumen, les cayó la voladora a todos los involucrados en
la administración de la justicia.
